Vivimos en uno de los momentos de transición política más importantes de México con la llegada de Morena y el presidente López Obrador al poder, por lo que no debería causar rareza entre políticos y analistas que una de las vértebras de su administración sea el del control de los poderes como en repetidas ocasiones lo han hecho sus antecesores. Bien, para el caso de Banxico, también llamado por algunos “el cuarto poder” (ya que ni más ni menos controla la cantidad de circulación de moneda en el país), mucho se ha especulado y entredicho la posibilidad de que su objetivo cambie a un mandato dual, es decir, de pasar a no solamente controlar la inflación y procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda, sino también el velar por el crecimiento y pleno empleo en la economía, derivado de la idea activa del presidente y sus allegados de que así opere Banxico, y que, por supuesto, lo han dejado saber en numerosas ocasiones.

Banxico está a cargo de la política monetaria (entendida como el uso de la cantidad de dinero para mantener y estabilizar la economía), la cual tiene una ventaja comparativa sobre otros instrumentos para controlar la inflación, más no así con el crecimiento económico, ya que éste, para que sea sostenido, depende de variables reales como el aumento de cantidad de trabajos, la inversión, el ahorro, los cambios tecnológicos, la productividad de los factores, etc.

Para que estos componentes del crecimiento sean sostenibles en el largo plazo, es necesario contar con un ambiente fértil, como lo es una inflación baja y controlada, finanzas públicas encaminadas al superávit y no a la deuda, un panorama de seguridad pública confiable, entre otros factores, lo que hace incapaz a la política monetaria, por sí sola, influir sobre todos esos requisitos.

Se ha demostrado que el relajar la postura monetaria, en nuestro caso de México, bajando la tasa de interés, se puede influir sobre el crecimiento al corto plazo según algunas eventualidades, no así en el largo plazo, ya que de prolongar dicha postura, se podría caer en la trampa de mayores precios finales, mayores costos de producción y mayores salarios, lo que obligaría a cualquier institución monetaria moderna a tomar un sentido contrario y más rígido del planteado inicialmente (política monetaria restrictiva).

Para poder realizar una óptima lucha contra la variación de precios, se le brindó a Banxico la autonomía de sus deberes en 1994, con la cual se ha conseguido mantener una inflación estable hasta la fecha, con un promedio anual del 2.5%, la que por supuesto, dista mucho del 160% a tasa anual que padecimos en algunos momentos de los 80s, cuando Banxico respondía a los caprichos de políticos y financiaba la cuenta pública a discreción.

La tarea de combatir únicamente la inflación se ha visto envuelta nuevamente en debate (circunstancia que no sucedía desde su autonomía), debido, como ya lo comenté, a la incesante idea de estimular el crecimiento difundida por funcionarios y activistas de izquierda que han tomado en este sexenio más poder mediático. La posibilidad de que así sea recae en dos elementos:

En primer lugar, la postura monetaria disidente de dos de los miembros de la junta de gobierno de Banxico. La llegada de Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, le ha da mayor diversidad a las ya mencionadas posturas. Gerardo Esquivel, uno de los miembros propuestos por AMLO y ahora subgobernador, ha criticado la estricta forma de combatir la inflación por parte de Banxico y sus anteriores miembros, a los que ha propuesto ser más permisivos con la tasa de interés para elevar el crecimiento económico, a pesar, de que también ha mencionado, que respeta la autonomía del banco. También cabe mucho resaltar, que su llegada estuvo empolvada y criticada por su actividad electoral con el presidente Obrador en campaña, que, dicho sea de paso, es requisito para ser miembro de la junta no tener vínculos políticos, y allí el meollo de la preocupación de los mercados de que Esquivel sea un correspondiente en el banco del ejecutivo; sin embargo, su profesionalismo y su gran trayectoria, le da el beneficio de la duda. Pero algo que si es notable, es que seguirá tomando decisiones en un tono más dovish que el resto de los miembros.

Por su parte, J. Heath, otro miembro propuesto por AMLO, si bien no se puede afirmar que es una “paloma”, sí ha venido votando en las recientes decisiones de política monetaria por reducir la tasa de referencia, lo que por sí mismo proponer de esa forma no es un referente para aludir a que el subgobernador tiene una u otra postura respecto de una escuela económica, si así la baja inflación y las expectativas de inflación lo requieren. Pero, como Esquivel, parece ser que igual tomará una postura más dovish.

En segundo lugar, la vigencia de los puestos de los miembros de la junta de gobierno. Es bien sabido que el presidente podrá elegir casi en su totalidad a los miembros de la junta de gobierno, siendo la subgobernadora Irene Espinosa la única desvinculada de Obrador y una de los dos que concluirá su periodo después de la actual administración. Javier Guzmán Calafell terminará su mandato a finales de 2020, J. Heath en 2026, el gobernador A. Díaz de León en 2021, y G. Esquivel en 2022. De ahí que los periodos den margen para sentar a dos nuevos subgobernadores y al gobernador, que, de ser el caso, no es alejada la idea que Esquivel sea el nuevo máximo encargado, suponiendo que es el más allegado a la actual administración y a su fin de política económica.

El éxito de un banco central se mide por su subordinación al control de la inflación, lo que ha explicado en muchos casos, el saneamiento de años de inversión de políticas de gasto irresponsable, de crecimiento económico estable y de proliferación del desarrollo. Si bien la conducción de la política económica ortodoxa no es condición suficiente para el bienestar total de una sociedad, sí es parte fundamental para llegar a ella, por lo que es necesario honrar cabalmente su mandato, y sin exagerar cualquier tipo de atentado contra éste, por muy mínimo que sea.