La corrupción no es delito. Tampoco la descomposición, la putrefacción o la desintegración, la degradación o la fermentación. No son delito la ambición y la pasión.

No es delito andar con la ropa sucia o la mente puerca. No son delito la mugre y la podredumbre o la cochambre y la inmundicia, la impureza o la liviandad. Tampoco las fantasías, esas que el avezado lector está pensando.

No es delito pensar, hábito nefario que a muchos incomoda. No son delito los malos pensamientos (que según el padre Ripalda son pecado). No es delito estar corrompido de cuerpo, alma, mente o intención. No soy delincuente si traigo roto el bolsillo. No soy criminal por cochino o degenerado, descompuesto o degradado o desaliñado o si tengo la mente podrida y el corazón partido.

Ninguna ley obliga a la buena moral, aunque en diarias homilías nos convoquen a ser buenos. La autoridad civil no atiende interioridades, salvo que quiera volverse inquisición.

La corrupción personal tiene consecuencias públicas sólo si el corrupto se mete a los códigos penales al infringir la ley y cometer delitos. La ley no juzga cómo andaba yo cuando delinquí y si lo hice por podrido del alma, por aviesa intención, o por idiota. Un estado civilizado no juzga el estado de ánimo del atacante contra el derecho del ajeno a su propiedad privada, su libertad o su vida.

Hoy corrupción es la palabra de moda. Ocupa tanto espacio en discursos y entrevistas y pronunciamientos y declaraciones, como en el siglo XIX el éter en las teorías científicas. Mucho de lo que no entendían lo explicaban con el éter, sustancia desconocida que llenaba el espacio y explicaba cómo se transmitían las fuerzas magnéticas y gravitacionales; hasta Einstein lo usó. Igualito hoy: cuanto de malo haya en el ámbito público (obviamente, del pasado) es por la corrupción.

 “Corrupción” es una palabreja tan utilizada e imprecisa como “información” o “neoliberalismo”. Se usan esas expresiones tan constantemente que la gente cree comprenderlas tan clara e inequívocamente como si habla de una licuadora, salvo que hay un montón de modelos, marcas y precios de licuadoras. La idea de corrupción es mucho más amplia que esos aparatos; tanto así, que rebasa límites ilimitados. Para todo sirve (por lo cual no define con precisión nada). Como todo acto ilegítimo implica algún grado de corrupción y todos entienden qué es ésta, se llenan la boca al combatirla y se avientan la puntada de “elevar” dicha expresión a rango constitucional y hasta formar una fiscalía anticorrupción.

Vaya que son poderosas las palabras de moda, si las encaraman a la Constitución. Hay en ella —salvo las reformas que se acumulen esta semana— 21 menciones de ese vocablo de moda.* (* Nota urgente del autor: en la semana en que esto escribe, el artículo 22 ha sido reformado y ya aparece “corrupción” 22 veces).

Además —tratando a patadas el idioma español y la ciencia jurídica— no sólo hablan en el texto constitucional de delitos sino de “hechos de corrupción”. Igual que esa soflama podrían decir “hecho de jardinería” a que el jardinero corte el pasto, o “hecho de cocina” a calentar las tortillas.

Corromper el habla no es trivial: es corromper lo que proviene del lenguaje. Lo más humano, y de lo poco que nos distingue de los animales.

Los “hechos de corrupción” aparecían desde siempre como lo que son —delitos, infracciones— en los códigos penales y reglamentos: cohecho, enriquecimiento ilícito, soborno, colusión, mordida, robo, alteración de contratos, dar permisos antirreglamentarios, hacer licitaciones amañadas, adjudicar sin licitar, extorsionar desde la ley, operar microbuses infames digan lo que digan los reglamentos, traficar influencias, lavar dinero, falsificar documentos, cobrar comisiones en contratos, y mil etcéteras.

Además de lo anterior hay conductas encasillables como corrupción que no figuran en los códigos: redactar reglamentos incumplibles, exigir permisos para entonces morder, legislar para dejar contento al jefe, falsificar legalmente la moneda y provocar inflación, forzar pagos injustificables en auditorías fiscales para no concitar sospechas de que se corrompió el inspector, exigir requisitos innecesarios, cancelar lo que sí funcionaba porque no lo hice yo, despedir personal que conocía su trabajo, nombrar gente incapaz para responsabilidades estatales importantes, ocupar esos puestos sabiendo que se es incompetente, o reformar absurdamente la Constitución.

Veo un plan con maña en esta obsesión: usar tanto un término deliberadamente confuso hace que la “corrupción” sea relativa, interpretable, subjetiva. Los justos serán víctimas de la violencia estatal “legítima” al estilo que dicen que dijo Juárez: “A mis amigos justicia y gracia; a mis enemigos la ley a secas.”

Quien lo dude, vea las recientes reformas constitucionales. Hoy la prisión preventiva nos garantiza cárcel sin acusación formal ni juicio ni orden de juez. Podremos caer presos por varios delitos, entre ellos por… ¡hechos de corrupción!

Si todo puede ser corrupción, definirla queda al arbitrio del poderoso. Por ejemplo, alguien podría pensar que criticar a un gobierno hegemónico nacido de la voluntad mayoritaria es un hecho de corrupción porque será enemigo del pueblo bueno y por ello, obviamente malo. Y corrupto. Y qué tal si escribe un artículo crítico, o peor tantito, hace un documental incómodo. Si el que no está conmigo está contra mí, tan corrupto infractor tendrá irrestricto derecho de irse a la cárcel.

En un estado civilizado de derecho lo que rige es la ley, pero no una ley criminógena que ponga a discreción de cualquier autoridad el acusar de corrupto a alguien. ¿Seré mal pensado si pienso que podrían aplicar todo el rigor de esa ley al políticamente antipático…?

Acaso me equivoque, pero leyes así dejan a la discrecional discreción de cualquier autoridad la libertad de un inocente. O sus garantías individuales. O el derecho ajeno. O la paz.

*Artículo publicado originalmente en Ganso Salvaje.