Los latinoamericanos empiezan a tomar conciencia del tremendo daño que puede ocasionar la pandemia en ciernes del coronavirus o COVID-19. Y eso que apenas se presentan los primeros casos en Latinoamérica: 17 de 19 países latinoamericanos ya reportan infectados (Brasil con 162 casos es el país más afectado). La emergencia apenas inicia en la región y ni siquiera ha tomado vuelo; lo peor estaría a la vuelta de la esquina. En tal sentido, el período por venir será muy largo y desgastante.

Por eso algunos países empiezan a tomar medidas radicales, como la prohibición de la entrada a viajeros, tal como anunciaron recientemente los gobiernos de Argentina, Colombia y Ecuador, o la suspensión de eventos masivos y de clases escolares. Otros, como el gobierno de México, se mueven entre la duda y la inacción, como hizo el gobierno de Pedro Sánchez en España, que hoy es uno de los epicentros del contagio. ¿Pedro Sánchez y Andrés Manuel López Obrador tienen alguna responsabilidad por negligencia, frente a la salud de sus ciudadanos?

Casi todo lo que sea posible de hacer para contener el daño será prudente hacerlo, máxime cuando miles de ciudadanos (insisto: miles de ciudadanos) podrían morir. Pero valdría la pena preguntase si lo que hacemos es lo mejor que puede hacerse.

Hoy, ante la avalancha de noticias y la grave situación en países como China (antes) o Italia y España (hoy), los latinoamericanos piden y aprueban a sus gobiernos medidas duras e, incluso, exigen que dichas medidas sean más extensas, intensas y hasta prohibitivas, apoyadas en el uso de la fuerza.

Pero buena parte de la población se verá infectada por el coronavirus, casi sin importar las medidas que se apliquen. Algunos estudios calculan que entre 20 y 60% de la población se verá infectada, afectando mortalmente solo a los más ancianos y a los enfermos crónicos. En tal sentido, se habla de que solo 1 de cada 10 casos se torna crítico o grave. Y que 9.4 de cada 10 infectados se recuperan sin complicaciones.

En realidad, medidas como el no salir de casa, mantener una distancia prudente respecto a otras personas, la suspensión de jornadas de trabajo, de clases y de reuniones multitudinarias, solo buscan achatar la curva de casos de infección y prolongarla en el tiempo, para dar oportunidad a prepararse mejor, encontrar medidas y curas más efectivas, y no colapsar los sistemas sanitarios, pero sin significar necesariamente una disminución absoluta de posibles casos. Para la gran mayoría de nosotros, no pasará de una simple gripa (muy, muy lejos de los resultados catastróficos de la Peste Negra o la plaga de Justiniano o la influenza española), siendo necesario extremar cuidados con los más vulnerables.

En contraste, aplicar un freno económico indiscriminado y por puro alarmismo, será un factor seguro de caída económica que afectará al 100% de todos nosotros, sin excepción ni atenuantes. El cierre de empresas, el desempleo masivo, la caída de la actividad económica, la morosidad en el pago de créditos y deudas, la distorsión del ciclo económico, recesión, serán resultados seguros de una crisis mal gestionada del COVID-19. Y hacia allá se mueven las economías latinoamericanas.

El coronavirus se irá (mejor dicho, el miedo a él), como se fue el miedo a la influenza H1N1, al ébola, al SIDA o, en otro ámbito, al Y2K o a las catástrofes climáticas. Pero quedarán las medidas estatales abusivas e intervencionistas, mientras que pronto llegará otro miedo que lo sustituya. Así que más vale desdramatizar la situación y no exigirle al Estado un activismo atropellado y abusivo de las libertades individuales y de la salud económica. Como bien señaló Antonio Escohotado: “Insisto en que esta gripe solo será catastrófica si los gobiernos la convierten en vacaciones forzosas indefinidas, creando así una recesión global”. Este peligro es real. 

El Estado debe hacer su parte para evitar que unas personas, en uso irresponsable o no consciente de su libertad, afecten a otras personas, por lo que suspender clases y actividades masivas está justificado, pero cuidando su impacto económico y determinando las condiciones y límites para ello. Y sobre todo, no usando la epidemia como pretexto para investirse de más poderes y convertirse en incipientes dictadores.

El Estado debe hacer su parte en la contención de la epidemia, que para eso se le paga, pero sin que esa contención resulte, a la larga, peor, más indiscriminada y más mortífera que la enfermedad. Y en cualquier caso, su acción debe ir acompañada de la suspensión provisional en el pago de impuestos, de otorgar apoyos fiscales a las empresas, especialmente mipymes, y de la flexibilización en la importación de productos o medicamentos, entre otras medidas.

Como siempre, la mejor respuesta a este fenómeno viene de la propia responsabilidad individual y los cuidados básicos para con uno mismo, extremando la protección hacia nuestros mayores y enfermos crónicos, más que en dar más poderes a los gobiernos: Si la acción del gobierno fuera la mejor respuesta, no estaríamos ciertamente en esta crítica situación.

Vale la pena detenerse un minuto en esto, antes de finalizar: Si la acción del gobierno (de cualquier gobierno) fuera la solución a la expansión y los efectos del COVID-19, en realidad la epidemia tal vez ni siquiera se hubiera presentado: La dictadura china ocultó los primeros casos, actuó tardíamente para detenerla, como hicieron todos los gobiernos de los países mayormente afectados, y los países latinoamericanos se encuentran en una situación crítica frente a la epidemia, por el mal manejo de sus economías y el estado ruinoso de sus sistemas públicos de salud, a pesar de las ingentes cantidades de recursos que se les destina año con año.

Frente a una posible pandemia global y el riesgo a la vida de miles de ciudadanos, es necesario que los gobiernos intervengan, pero con medidas prudentes, acotadas a su finalidad y limitadas en el tiempo. En el caso del COVID-19, como en otros muchísimos casos, la intervención del Estado debe ser la excepción, no la regla permanente.