No hay ya ninguna duda de que la recesión será mucho más profunda que la que se experimentó en 2009 cuando la economía mundial cayó en la “Gran Recesión”. En ese año, la economía mexicana experimentó una contracción del PIB de 5.3%. La disminución será también mayor que la de 1995 cuando cayó 6.3%.

Las proyecciones de diferentes analistas económicos, nacionales y extranjeros, se han revisado semana tras semana a la baja (en mi artículo de la semana pasada estimé una reducción del PIB del 6%). La última, la de JP Morgan, prevé una contracción de la economía mexicana para este año de 7%, con una disminución de 1% en el primer semestre (contra el cuarto trimestre de 2019) y una inaudita caída de 7.8% en el segundo trimestre (contra el primer trimestre de este año, que anualizada es 35%). Para que no se sorprendan, el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, habló de una caída anualizada de 50% en el PIB estadounidense durante el segundo trimestre. No habíamos experimentado una crisis como ésta, en México y el mundo en su totalidad, desde la “Gran Depresión” de principios de la década de los treinta del siglo pasado (en 1932 el PIB mexicano cayó 14%).

Estamos enfrentando un doble choque negativo. El primero, por el lado de la oferta derivado de la disrupción de las cadenas de producción mundial. El segundo, por el lado de la demanda, a raíz del aislamiento de la población que se han venido experimentando país por país, empezando por China y otros países asiáticos y después por varios países europeos y finalmente los países del continente americano, siendo el nuestro el último en adoptarla. El aislamiento de la población generó una abrupta reducción en la demanda al caer el consumo familiar en cada país y una reducción de la demanda agregada mundial, una notoria destrucción del comercio internacional.

La respuesta en materia económica del gobierno mexicano ante esta crisis ha sido para efectos prácticos nula, cuando lo recomendable es instrumentar una política fiscal,  monetaria y crediticia contracíclica, como se han empezado a adoptar en varios países. No hacer nada, como hasta ahora ha sido la “no respuesta”, la inacción del gobierno, resultaría en una caída del PIB mucho mayor del 7%, con una quiebra masiva de empresas (particularmente pequeñas y medianas) y una pérdida, igual de masiva en el empleo, afectando negativamente el bienestar de millones de familias.

Ante la caída en la demanda que enfrentarán las empresas durante los próximos meses, es necesario instrumentar apoyos fiscales y financieros. Fiscalmente, es indispensable posponer (no condonar) el pago de impuestos, destacando el ISR, así como parte de las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit y, al nivel estatal, el impuesto sobre la nómina. En la parte crediticia, no solo ayuda la decisión de la banca de posponer el pago de intereses y de capital sobre la cartera vigente, sino inclusive se necesita aumentar el fondeo de la banca, utilizando facilidades ampliadas de financiamiento de la banca de desarrollo con operaciones de “segundo piso”. Y, para aquellos que pierdan su empleo, un seguro transitorio de desempleo.

Financiar esto, más lo que se necesitará en el sector salud, requiere de recursos que podrían ascender a cinco puntos del PIB. El gobierno tiene que cancelar las obras como la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía y utilizar líneas de crédito internacionales del FMI y del Banco Mundial; sería notoriamente irresponsable no hacerlo. Y, para lograr una recuperación más rápida de la economía, se tiene que dejar de socavar la confianza.