La pregunta que debemos hacer, si hemos de vivir en una sociedad en la que se respete la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, ¡los tres pilares de la convivencia civilizada!, es ¿qué debe hacer el gobierno?, para lo cual vale la pena comenzar preguntando ¿qué puede, en esencia, hacer el gobierno?, para, partiendo de la respuesta a la segunda pregunta, responder la primera.

¿Qué puede, en esencia, hacer el gobierno? En primer lugar, prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros; en segundo término, prohibir que nos hagamos daño a nosotros mismos; en tercer lugar, obligar a que, directa o indirectamente (esto último por medio de su intervención redistributiva), unos le hagan el bien a otros; por último, obligar a que uno se haga el bien a sí mismo. Estas son las cuatro obligaciones que todo gobierno puede imponer a los gobernados, y la pregunta es ¿cuáles son compatibles con el respeto a la libertad individual, a la propiedad privada y a la responsabilidad personal? Solamente la primera. El gobierno tiene el derecho de prohibirle a los gobernados que se hagan daño unos a otros (garantizar la seguridad contra la delincuencia) y, de fallar la prohibición, castigar al agresor y obligarlo, en los casos en los que sea posible, a resarcir a la víctima (impartir justicia), todo lo cual el gobierno lo hace en defensa de la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. Pero el gobierno no tiene el derecho, sino solamente el poder, de prohibir que uno se dañe a sí mismo, de obligar a uno a hacerle el bien a otro, o de obligar a uno a hacerse el bien a sí mismo. Y cuando el poder se ejerce sin un derecho que lo justifique, resulta arbitrario y dictatorial, injusto y despótico, abusivo y tiránico, lo cual me lleva a lo dicho por Griswold en el sentido de que la justicia debe ser exigida por ley, y por lo tanto la injusticia castigada por el gobierno, al tiempo que la benevolencia no debe ser exigida por ley, y por lo tanto el egoísmo no debe ser castigado por quienes detentan el poder gubernamental.

La justicia debe imponerse por la ley positiva, cuyos tres principales mandamientos son: No matarás (respeto a la vida); No esclavizarás (respeto a la libertad); No robarás (respeto a la libertad), y debe exigirse por la fuerza del gobierno. En este caso el gobernante sí tiene el derecho de usar de la fuerza para obligar al cumplimiento de la justicia.

La benevolencia, y en concreto la beneficencia, no debe imponerse por la ley positiva, sino únicamente por los principios éticos y la obligación moral, ¡no legal!, que estos generan, principios éticos cuyo principal mandamiento es: Ayudarás al necesitado, y cuyo incumplimiento puede ser causa de reprobación moral, pero nunca debe serlo de sanción legal.

La justicia es exigible legalmente, la benevolencia lo es sólo moralmente, principio que no se cumple, y la culpa es del Estado benefactor, el mismo que muchos creen desmantelado, pero que, tal vez sin ser llamado así, está más vigente que nunca, lo cual supone, uno, que el gobierno prohíbe que nos hagamos daño a nosotros mismos (por ejemplo: prohíbe el consumo de drogas); dos, que obliga, por intermediación suya, a que unos beneficien a otros (por ejemplo: redistribución del ingreso a favor de la educación gubernamental), y tres, a que uno se haga el bien a sí mismo (por ejemplo: educación media superior obligatoria), todo lo cual atenta contra la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, los tres pilares de la convivencia verdaderamente civilizada.

La gubernamentalización de la vida, más allá de lo que exige velar la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, atenta contra la convivencia verdaderamente civilizada.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.