Jefferson no dice que la elaboración de las leyes no sea importante, sino que su ejecución lo es más, lo cual es cierto: lo primero – elaboración de la ley -, está en función de lo segundo – ejecución de la ley -, lo cual quiere decir que la primera, sin la segunda, no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene elaborar leyes que no se ejecutan? Ninguno.

Ejecutar la ley, ¿qué quiere decir? En primer lugar, ponerla por obra, es decir respetarla, lo cual se hace por algunos de estos tres motivos: convicción, conveniencia o miedo. Por convicción, es decir, por estar convencido de que esa ley hay que respetarla. Por conveniencia, es decir, por suponer que viene bien respetarla con el fin de evitar algún inconveniente. Por miedo, es decir, por el temor a ser castigado en caso de que, violada la ley, uno sea sancionado, lo cual nos lleva a la segunda acepción del término ejecutar la ley, ponerla por obra, ya no en el sentido de respetarla, sino de hacerla respetar, lo cual, en última instancia, implica  el castigo para quien la haya violado. Ya se ve que ejecutar la ley supone un conjunto de acciones que van, desde el respeto a la misma de parte del gobernado, hasta el castigo para el violador de parte del gobierno.

Suponiendo, tal y como debe ser, que la ley sea justa, es decir que reconozca plenamente, defina puntualmente, y garantice jurídicamente los derechos de la persona a la vida, la libertad y la propiedad, su ejecución supone, de manera insustituible, una autoridad capaz de castigar a quien la viole, violación que, si la ley es justa en los términos antes señalados, siempre es la violación del derecho de alguien a su vida, su libertad y su propiedad, violación que reclama justicia, la cual supone, no solamente el castigo para el violador, sino la reparación para la víctima, segunda dimensión de la justicia que, siendo la más importante, con frecuencia se olvida, más allá de los casos en los cuales la reparación resulta imposible (tal y como sería el caso del asesinato).

Sin la autoridad capaz de castigar a quien viole la ley, su ejecución no pasa de ser un buen deseo, partiendo del hecho, innegable, de que siempre habrá quien la viole, es decir, quien atente contra los derechos de otros, violador que debe ser castigado y, en los casos en los que sea posible, obligado a resarcir a la víctima. Sin esta autoridad, con esa capacidad, la ley no pasa de ser una sugerencia, una insinuación, un consejo; una propuesta, una proposición, una invitación; nada de lo cual tiene la fuerza que la ley debe tener, independientemente de cuál sea el origen de esa fuerza: la convicción, la conveniencia o el miedo.

Lo ideal es que la ley se ejecute, se respete, se ponga en obra, por convicción, para lo cual el primer requisito que debe cumplirse es que sea justa, redactada con el fin de reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente la vida, libertad y propiedad de la persona. Solamente en este caso la ejecución de la ley, entendida en su segunda acepción, como castigo para quien la viola, se justifica éticamente: la acción del verdugo sobre el criminal se justifica en la medida en la que la ley violada sea una ley justa, de tal manera que lo violado haya sido la vida, la libertad o la propiedad de alguien.

(¿Cómo calificar la violación de leyes injustas? ¿Como una injusticia? ¿Qué acaso la obligación ética ante leyes injustas no es la de violarlas, lo cual supone respetar la vida, libertad y propiedad de uno mismo y los demás?)

Hoy en día resulta más fácil elaborar leyes (nada más hay que ver las legislaciones existentes) que ejecutarlas (nada más hay que ver la cantidad de violaciones a las leyes que quedan sin castigo), y el hecho tal vez se deba a la proliferación de leyes, que hace prácticamente imposible, no digamos su cumplimiento, sino, para comenzar, su conocimiento.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.