Tres son los poderes esenciales de cualquier gobierno: el poder para prohibir; el poder para obligar; el poder para castigar, poderes que en manos injustas, a las que no les causa mayor remordimiento de conciencia violar los derechos de los demás, degeneran en totalitarios y absolutistas, despóticos y dictatoriales, posibilidad que nos plantea esta pregunta: ¿qué es aquello que, legítimamente, debe obligar, prohibir y castigar el gobierno?, o, ¿cuáles deben ser los límites de la acción gubernamental?, limites que, definidos, plantean esta otra pregunta: ¿quién prohíbe, quién obliga y quién castiga al gobierno? Las constituciones, las leyes, la división de poderes, ¿son suficientes? Históricamente, ¿lo han sido?

En pocas palabras, y considero que ésta es la pregunta más importantes de la filosofía política, ¿quién gobierna al gobierno? Como resulta imposible que todo gobierno esté gobernado por otro gobierno, al final de cuentas lo que hay es anarquía, no en el sentido de desorden, sino en el de ausencia de gobierno (la ausencia de gobierno no necesariamente supone el desorden; es más, ¿cuántos desórdenes no han sido ocasionados, precisamente, por los gobiernos?) y, si ante tal ausencia hay orden, entonces presencia de autogobierno, en función de la justicia, virtud por la cual respetamos los derechos de los demás.

¿Cuál debe ser el límite de las acciones gubernamentales? El mismo para cualquier acción de cualquier agente: los derechos de los demás. En este aspecto ningún gobierno debe diferenciarse del ciudadano: lo que ningún ciudadano debe hacerle a los demás ningún gobierno debería hacerlo, algo que, si bien puede ser aceptado en el papel, no se lleva a la práctica, y allí tenemos a los gobiernos que no se limitan a prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros, y castigar a quien lo haga, sino que dan tres pasos en la dirección equivocada. Primero: prohíben, en muchos casos, que nos hagamos daño a nosotros mismos, castigándonos si nos lo hacemos (por ejemplo: la prohibición del consumo de drogas). Segundo; nos obligan a hacerle el bien a los demás (muchas veces indirectamente, por mediación del mismo gobierno, pero obligados al final de cuentas), y nos castigan si no lo hacemos (es el caso del Estado benefactor, que no pasa de ser gobierno redistribuidor, que le quita a A, lo que es de A, para darle a B, lo que no es de B, obligando a A, de manera indirecta, por intermediación suya, a ayudar a B). Tercero: nos obligan a hacernos el bien a nosotros mismos, y nos castigan si no nos lo hacemos (como puede ser el caso de obligar, al manejar, a usar el cinturón de seguridad), tres pasos arbitrarios, que violan la libertad individual y la propiedad privada, muchas veces en nombre de entelequias como derechos sociales, bien común, justicia social, o del afán por la igualdad, sobre todo de las condiciones materiales de la vida.

Limitar al gobierno. ¿En función de qué? De la justicia, es decir, de los derechos, tanto naturales como contractuales, de los ciudadanos. ¿Por quién? Por gobernantes capaces de autogobernarse (autogobierno que es el ejercicio más distinguido de la libertad), en función de la justicia, del respeto a los derechos de los demás. Y es, con relación a este punto, en donde los ciudadanos enfrentamos un serio problema, porque ¿quiénes son esos gobernantes? (¿reamente existen?), ¿cómo reconocerlos a priori? (¿es posible?), ¿cómo llevarlos al poder? (la democracia, ¿alcanza para tanto?).

¿Cómo limitar al que limita? ¿Cómo gobernar al que gobierna? Tal vez estas no sean las peguntas correctas, y estas sí: ¿cómo hacer que se limite el que limita?, ¿cómo lograr que se gobierne el que gobierna?, y ello en función de la justicia.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.