El gobierno es posible si, y solo si, puede obligar a los ciudadanos a que le entreguen parte del producto de su trabajo, es decir, si puede cobrar impuestos. ¿Cómo justificar ese poder? Si, y solo si, el gobierno utiliza esos recursos para realizar, con honestidad y eficacia, sus legítimas tareas que son: garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos; castigar a quien los viole y obligarlo a resarcir; ofrecer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser provistos por el gobierno; ordenar la convivencia en los espacios públicos; corregir externalidades negativas (lo cual, muchas veces, tiene que ver con garantizar el respeto a los derechos).

¿Cómo justificar el poder del gobierno para cobrar impuestos, para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo? Primero: si a todos les cobra el mismo impuesto, de tal manera que, por el lado de la recaudación, no haya redistribución del ingreso. Segundo: si a todos les da lo mismo, de tal forma que, por el lado del gasto, tampoco haya redistribución. Tercero: que se limite a la realización de sus legítimas tareas, las cinco mencionadas en el párrafo anterior.

El poder del gobierno para obligar al ciudadano a entregarle parte del producto de su trabajo, es decir, para cobrar impuestos, resulta injustificable, y por lo tanto arbitrario y abusivo, cuando cobra impuestos con fines redistributivos: cuando le quita a A lo que, por ser producto de su trabajo, es de A, para darle a B lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de B. En tales casos el gobierno no les cobra lo mismo a todos, de tal manera que por este lado sí hay redistribución del ingreso, y no les da lo mismo a todos, por lo que, también por este lado redistribuye el ingreso, todo lo cual es la regla no la excepción. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir, de quitarle a A para darle a B, todo en nombre del bien común, la justicia social, la igualdad de ingresos, y demás entelequias por el estilo.

Que el gobierno redistribuya el ingreso quiere decir, como lo señala Mencken, que es el intermediario en un saqueo, el que tiene lugar entre A, a quien el gobierno le quita, y B, a quien el gobierno le da, papel de saqueador que el gobierno asume gustosamente, convencido de que esa, la redistribución del ingreso, es su tarea principal, su razón de ser, lo que verdaderamente lo justifica, lo cual dista mucho de ser verdad.

¿Se justifica que B obligue a A a entregarle, por el hecho de que lo necesita para satisfacer sus necesidades, parte del producto de su trabajo? ¿Las necesidades insatisfechas de B le dan derecho a una parte del ingreso de A? No. Entonces, ¿se justifica que, por medio del gobierno, B obligue a A a entregarle parte del producto de su trabajo? ¿Las necesidades de B le dan derecho al gobierno a obtener parte del ingreso de A para dárselo a B? Lo que B no debe hacer directamente (obligar a A a entregarle parte del producto de su trabajo), ¿se justifica que lo haga indirectamente, por medio de un tercero (que el gobierno obligue a A a entregarle parte del producto de su trabajo para dárselo a B)? No, y sin embargo todo ello es la regla, no la excepción, siendo que no debería ser ni la excepción.

¿Por qué dice Mencken que cada elección es una subasta anticipada de cosas robadas? Porque en las elecciones el elector votará por el candidato que, durante la campaña electoral, le haya prometido más satisfactores: alimentos, educación, atención médica, vivienda, etc., todo lo cual, de cumplir el candidato sus promesas, será posible si, ya convertido en gobernante, le quita a A para darle a B lo prometido: vivienda, atención médica, educación, alimentos, provisión de satisfactores (que no garantía de derechos) que será el resultado de un saqueo, legal, pero saqueo al final de cuentas.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.