La igualdad es una de las principales preocupaciones de los gobernantes a lo largo y ancho del mundo, desde la igualdad de oportunidades, hasta la igualdad de resultados, dependiendo de qué tan colectivista sea el gobernante, igualdad hacia la cual se pretende avanzar, y de ser posible lograr, por medio de la redistribución, con el gobernante quitándole a unos para darle a otros o, dicho de otra manera (que nos permite ver con mayor claridad lo que dicha redistribución realmente significa), con el gobernante obligando a unos a entregar parte del producto de su trabajo a favor de otros, siempre con el gobernante como intermediario, todo en nombre de la igualdad, misma que es causa de injusticias, comenzando por la peor de todas: la desigualdad ante la ley.

La única igualdad que los gobiernos deben garantizar es la igualdad de todos los gobernados ante la ley, siendo esta igualdad una de las dos características esenciales de las leyes justas, siendo la otra el reconocimiento pleno, la definición puntual y la garantía jurídica de los derechos de la persona a la vida, la libertad y la propiedad, características esenciales de las leyes justas que desaparecen cuando el poder político lo que busca es la otra igualdad, la que pretende abarcar desde las oportunidades hasta los resultados, igualdad que, como ya señalé, se pretende alcanzar por medio de la redistribución, con el gobernante quitándole a unos para darle a otros (todo en nombre de la justicia social o el bien común, y siempre a través de los programas sociales – alimentación, atención, médica, educación, etc.- del gobierno), redistribución que en la práctica, aunque no en el discurso, y mucho menos en la conciencia de muchos gobernados, supone reconocer, definir y garantizar los derechos a la libertad y propiedad de unos, pero no de otros, redistribución que supone la desigualdad ante la ley, que es la más grave de las desigualdades posibles.

Cuando el gobierno obliga a un gobernado a entregar parte del producto de su trabajo a favor de otro lo que hace, para todo efecto práctico, es violar el derecho de propiedad del primero, partiendo de una concepción errónea del derecho de propiedad del segundo, todo lo cual es posible gracias a que la ley trata, implícita (de hecho) o explícitamente (por derecho), de manera desigual a uno (a quien se le quita) y a otro (a quien se le da), trato desigual que lo es, ¡ojo!, no ante la ley, sino por la ley.

Distingamos. Una cosa es que una ley, en el papel, trate a todos por igual, y que en la práctica el trato igual deje mucho que desear, y otra muy distinta que una ley, ¡ya desde el papel!, implique un trato desigual entre gobernados. En el primer caso tenemos un trato desigual ante la ley, defecto que lo es por aplicación de la misma, mientras que en el segundo se da un trato desigual por la ley, defecto que lo es por concepción y redacción de la misma.

Los gobernantes defienden la igualdad ante la ley, pero están a favor de la desigualad por la ley, tal y como lo muestran sus afanes redistributivos, redistribución que se lleva a cabo por ley, redistribución que hoy en día es sinónimo de gobernar.

Aristóteles tiene razón, el único Estados estable es aquel en el que todos los cuidadnos son iguales ante la ley, pero esa ley debe ser justa, lo cual supone que, más que ser iguales ante la ley, los gobernados deben serlo por la ley, algo que hoy dista mucho de ser realidad.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.