Los seres humanos tenemos derechos, comenzado por los naturales, aquellos con los cuales la persona es concebida: a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada, propiedad privada y libertad individual que son necesarias para que la persona pueda, gracias al trabajo propio, y por lo tanto con dignidad, y no gracias al trabajo ajeno, y por ello en calidad de mantenida, mantener su vida y elevar su bienestar.

Los derechos de A tienen como contrapartida ciertas obligaciones de B. El derecho a la vida, la libertad individual, y la propiedad privada de A, tienen como contrapartida la obligación de B de no asesinarlo, no secuestrarlo y no robarlo. Si B respeta los derechos de A no hay problema, mismo que surge si, por el contrario, B no está dispuesto a respetarlos. En tales condiciones, que resultan inevitables porque nunca falta quien no está dispuesto a respetar los derechos de los demás, conviene que haya una entidad con la legitimidad y fuerza suficientes para prohibir la violación de los derechos, para, en la medida de los posible, evitar dichas violaciones y, dado el caso, castigar al violador, entidad cuya tarea es hacer valer la justicia. A esa entidad la llamamos gobierno.

Aceptada la necesidad del gobierno la pregunta que surge es ¿cuál es la mejor manera de elegir gobernantes? La respuesta más socorrida es: democráticamente, según la voluntad de la mayoría, respuesta que, debiendo matizarse, acepto: que nos gobierne quien haya sido electo por la mayoría. En tal materia la mayoría manda. El problema surge cuando el mandato de la mayoría, a partir de la creencia de que si es la voluntad de la mayoría es lo correcto, se extiende a ámbitos distintos al de la elección de gobernantes, y entonces, de manera mayoritaria se empieza a decidir sobre la vida, la libertad y las propiedades de las personas, atentando contra los tres derechos naturales: a la vida, a la libertad y a la propiedad, precisamente lo que señala Vallejo.

Creer que porque lo decidió una mayoría es correcto, y que por lo tanto debe llevarse a cabo, es abrirle las puertas, en el mejor de los casos, a la democracia iliberal y, en el peor, a la dictadura de la mayoría, creencia vigente como podemos comprobar analizando el tipo de decisiones que se toman en las distintas cámaras legislativas, cuyo integrantes creen que, por haberlo decidido de manera democrática, y por haberlo plasmado en una ley, es justo, creencia equivocada que amenaza los derechos de las personas.

La pregunta con relación a la democracia no es ¿cómo se decide?, a partir de la voluntad de la mayoría, sino ¿sobre qué se debe decidir de manera democrática? ¿Sobre todo o solo sobre una parte del todo? Para evitar que la democracia degenere en democracia iliberal o en dictadura de la mayoría, las decisiones democráticas deben limitarse a una parte del todo, no extenderse al todo. ¿Qué es lo que debe quedar fuera del ámbito de las decisiones democráticas? Todo lo que tenga que ver con los derechos de las personas. Todo lo que tenga que ver con su vida, con su libertad, con su propiedad, sobre las la cuales solo la persona tiene el derecho de decidir, derecho que tiene como contrapartida la obligación de todos los demás, ¡comenzando por el gobierno!, de no intervenir, algo que a los gobiernos, comenzando por los poderes legislativos, les resulta difícil.

El que la democrática sea la mejor manera de elegir gobernantes no quiere decir, ¡ni remotamente!, que sea la mejor forma de decidirlo todo. De entrada otros deciden por ti. ¿Cómo es posible que lo permitamos?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.