MARTES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
El punto sobre la i
¿Usted considera que la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia es un golpe de estado?
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No sé

Arturo Damm





“La barrera infranqueable del ejercicio de los derechos de cada cual deben ser los derechos de los demás, que nos imponen el deber de respetarlos, deber que debemos asumir libremente. El que no todos estén dispuestos a asumirlo es la razón de ser del Estado.”
Félix de Jesús

Más que del Estado hay que hablar del gobierno que, para todo efecto práctico, es el que lo representa, el que ejerce sus poderes, el que realiza sus tareas, el que manda sobre los ciudadanos, limitando el ejercicio de sus libertades, restringiendo el uso de sus propiedades, limitaciones y restricciones a la libertad y a la propiedad que se justifican solamente en los casos en los que, tanto la libertad como la propiedad, se usen para violar los derechos de los demás. El ejercicio de mi libertad debe llegar hasta donde empieza la libertad de los demás. El uso de mis propiedades debe llegar hasta donde empiezan las propiedades de los demás. Mis derechos deben llegar hasta donde inician los derechos de los demás. Esos límites los debo reconocer y actuar en consecuencia. ¿Y si no los reconozco? Y si reconociéndolos, ¿no actúo en consecuencia? No basta, como pensaba Sócrates, conocer el bien para quererlo.

La barrera infranqueable al ejercicio de los derechos de cada uno, comenzando por el derecho al ejercicio de la libertad individual, y el derecho al uso de la propiedad privada, debe ser los derechos de los demás. Y digo “debe ser”, y no “es”, porque estamos en el campo de lo prescriptivo, no de lo descriptivo, y tan es así que hay quienes violan derechos de terceros. Podrían no violarlos, ¡deberían no violarlos!, pero los violan.

Todo lo anterior quiere decir que se justifica limitar el ejercicio de la libertad, y restringir el uso de las propiedades, cuando dichos uso y ejercicio violan los derechos de los demás, de tal manera que limitar el ejercicio de la libertad, y restringir el uso de la propiedad, en tales situaciones, no implica violar, ni el derecho a la libertad, ni el derecho a la propiedad, porque nadie tiene el derecho de, ejercitando su libertad y usando sus propiedades, violar los derechos de los demás. Que el gobierno prohíba violar los derechos de los demás, que intente prevenir tales violaciones, y que, de fallar la prevención, obligue al violador a resarcir a la víctima y lo castigue, es lo que lo justifica.

Gobierno que, con honestidad y eficacia, realiza estas tareas, está justificado para cobrar impuestos, es decir, para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, siempre y cuando les cobre el mismo impuesto a todos (para que no haya redistribución por el lado del cobro), para darle a todos lo mismo (para que tampoco la haya por el lado del gasto), en este caso protección a sus derechos: prohibiendo violarlos, previniendo su violación, castigando a quien los viole y obligándolo a resarcir.

Lo ideal es que cada uno decida respetar los derechos de los demás. Si todos lo hiciéramos no haría falta el gobierno, y la vida tendría lugar en una situación de anarquía, no en el sentido peyorativo del término, como desorden, sino en el sentido literal del mismo, como ausencia de poder político, que es el poder para prohibir, obligar y castigar. Pero como no todos están dispuestos a respetar voluntariamente, por convicción, los derechos de los demás, es que se necesita una organización, con la legitimidad suficiente para prohibir la violación de derechos, y con el poder suficiente para prevenir los delitos y, en caso de fallar, impartir justicia, obligando al delincuente a resarcir a la víctima y castigándolo por el delito cometido.

El problema es que, ya desde hace algún tiempo, los gobiernos se han dedicado a hacer, en nombre de entelequias como la justicia social o el bien común, la igualdad o la equidad, lo contrario, eso si todo de manera legal.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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