Si hay un sustantivo que pierde sustancia al adjetivarse es justicia, sobre todo si el adjetivo es social, justicia social que no es otra cosa más que la redistribución del ingreso que lleva a cabo el gobierno, quitándole a Juan lo que, por ser producto de su trabajo es suyo, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo, no es suyo, redistribución gubernamental del ingreso que es una expoliación legal, un robo con todas las de la ley, legalidad que de ninguna manera la hace justa. La justicia social es injusticia a secas.

Lo que va con la dignidad de la persona es que viva gracias al trabajo propio, no gracias al trabajo de los demás, mucho menos cuando a los demás se los obliga a ayudar, ayuda que debe ser voluntaria, nunca impuesta por la fuerza. Quien vive gracias al trabajo de los demás acaba siendo un mantenido. A quien se le obliga a ayudar a los demás termina siendo un esclavo.

La condición de pobreza se supera gracias al trabajo productivo, capaz de generar un ingreso que alcance para la satisfacción de las necesidades básicas, aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud, la dignidad y la vida de las personas. La condición de pobreza no se supera otorgando dádivas, con las cuales se alivia el efecto de la pobreza, pero no se elimina su causa.

La causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para generar un ingreso suficiente que les permita satisfacer correctamente sus necesidades. Su efecto es la falta de los satisfactores necesarios para satisfacer adecuadamente las necesidades. Si, por medio de la redistribución del ingreso, el gobierno provee de los satisfactores faltantes, alivia el efecto de la pobreza, pero no erradica su causa, por lo cual contribuye a perpetuar la pobreza definida, no como la carencia de satisfactores (efecto), sino como la incapacidad para, gracias al trabajo productivo, generar el ingreso suficiente que permita la correcta satisfacción de todas las necesidades, comenzando por las básicas, entre las cuales hay que incluir al ahorro.

Hoy gobernar es sinónimo de redistribución del ingreso. Basta revisar los presupuestos de egresos de los gobiernos (en qué gastan), para comprobarlo. En teoría el gobierno puede redistribuir de dos maneras: para aliviar los efectos de la pobreza (la falta de satisfactores), o para erradicar sus causas (la incapacidad para generar, gracias al trabajo propio, un ingreso suficiente). Redistribuir el ingreso para erradicar las causas de la pobreza implica la formación de capital humano (conocimientos, habilidades y actitudes) en las personas, que es una de las condiciones necesarias para, si también se dan las otras condiciones necesarias (comenzando por la demanda de trabajo de parte de los empleadores), generar ingresos. Redistribuir el ingreso para aliviar los efectos de la pobreza implica proveer a los pobres de los satisfactores que les faltan, esclavizándolos, como dice Calderón, a la mísera dadiva.

Si, en aras de la justicia social, el gobierno redistribuye el ingreso, conviene que lo haga con el fin, no de aliviar los efectos de la pobreza, sino con el objetivo de eliminar su causa. Pero ya sea lo uno o lo otro, se trata de redistribución del ingreso, de una expoliación legal, razón por la cual debería evitarse. El problema es que hoy gobernar es sinónimo de redistribuir.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.