Ayau señala una diferencia crucial, sobre todo a la hora de redactar y promulgar leyes: la que existe entre el interés y el derecho. Y digo que es fundamental, porque buena parte de los excesos y defectos de las leyes, provienen de la identificación, arbitraria, y por lo tanto engañosa, entre interés y derecho, sobre todo del error de elevar a rango de derecho lo que no pasa de ser un interés, interés que, al ser confundido con un derecho, es defendido y promovido por la ley, generalmente beneficiando a unos cuantos y perjudicando a otros muchos.

Queda claro que el interés general, sobre todo cuando es eso: general, debe privar sobre los intereses particulares, sobre todo cuando son eso: particulares, y que la tarea de las leyes es cerciorarse que eso suceda: que el interés general (así, en singular) prive sobre los intereses particulares (así, en plural), todo lo cual, mientras se mantenga en el ámbito de los intereses, está muy claro. El abuso, de parte de quienes redactan y promulgan leyes, surge cuando se pretende que el interés general prive sobre el derecho individual, abuso que me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es el interés general o, todavía más puntual, cuál es el interés general? ¿Existe un interés en el cual converjan las voluntades de todos los individuos, de tal manera que pueda llamarse propiamente interés general y no solamente interés de la mayoría, algo muy distinto? ¿Existe ese interés? Sí, y Ayau lo ha señalado claramente: el derecho individual, que se desdobla en tres: derecho a la vida, a la liberad y a la propiedad, derecho(s) que debe(n) estar plenamente reconocido(s), puntualmente (s) y jurídicamente garantizado(s).

Que la vida, la libertad y la propiedad sean reconocidas plenamente, definidas puntualmente y garantizadas jurídicamente, es algo que todo ser humano quiere, por lo menos tratándose de su vida, su libertad y su propiedad, razón por la cual podemos afirmar, como lo hace Ayau, que esas tres cosas – reconocimiento, definición y garantía -,  con relación a esos tres derechos – vida, libertad y propiedad -, son de interés, no de unos cuantos, no de la mayoría, sino de todos, tratándose por lo tanto de un interés general, si no es que de el interés general.

Lo anterior quiere decir que el derecho individual a la vida, la libertad y la propiedad no debe ser violado con el pretexto de que dicha violación es por obra y gracia del interés general, interés general que, como lo hemos visto, es el de que esos tres derechos sean plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Eso es lo que cualquier persona razonable le exige al gobierno, siendo que eso, y nada más que eso, es lo que justifica la existencia del gobierno, y de la primera de sus acciones: el cobro de impuestos, que supone el poder suficiente para obligar al contribuyente a entregarle una parte (en muchos casos una buena parte) del producto de su trabajo.

Lo dicho por Ayau cobra importancia, sobre todo en estos tiempos en los cuales los gobernantes, comenzando por los más peligrosos de todos, los legisladores, parecen estar más interesados en los intereses que en los derechos, y en legislar para promover los primeros y no para garantizar los segundos, con el agravante de que no pocas veces se le quiere hacer creer al gobernado que el interés particular, de alguien, es el interés general, lo cual desemboca en legislaciones que violan lo que deberían garantizar: la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados, algo a lo que nosotros, los gobernados, debemos poner un alto. ¿Por dónde comenzar? Por tener muy claro lo dicho por Ayau.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.