El consumo de drogas es una actividad dañina para la salud, que limita las posibilidades vitales de la persona. Es una actividad que crea adicción, limitando la libertad del ser humano. Es una actividad que, dependiendo de la droga, y de la frecuencia del consumo, puede conducir a la muerte. El deterioro en la salud, el surgimiento del vicio, y la probabilidad de muerte, son razones más que suficientes para, desde el punto de vista ético, reprobar el consumo de drogas, pero nada de ello es razón suficiente para que el Estado y sus leyes lo prohíban, y ello por una razón muy sencilla: consumir drogas no es una actividad delictiva por su propia naturaleza.

Las actividades delictivas, por su propia naturaleza, son aquellas que, contra la voluntad de la víctima, atentan contra la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad del ser humano. No es el caso del consumo de drogas ni, tampoco, del comercio de estupefacientes, actividades éticamente cuestionables, pero no delictivas por su propia naturaleza. No confundamos lo dañino y el vicio con el delito. El drogadicto es un vicioso que, como tal, no es un delincuente. El narcotraficante es un comerciante que, como tal, tampoco es un delincuente. Ofrecer drogas, y comprarlas, no son actividades delictivas por su propia naturaleza, y si son consideradas como tales es porque los legisladores, de manera arbitraria, ¡y con consecuencias desastrosas!, así las han definido. Pero una cosa es que una actividad sea delictiva por su propia naturaleza (por ejemplo: asesinar), y otra que lo sea porque así la ha definido el legislador (por ejemplo: fumar marihuana).

¿Qué sucede cuando el legislador, de manera arbitraria, define como delito, tanto el consumo como el comercio de drogas, prohibiéndolos y castigándolos? Que termina convirtiendo al gobernante, como claramente lo ha visto Quevedo, en delincuente, es decir, en violador de los derechos de sus gobernados.

Una actividad delictiva por su propia naturaleza es aquella que, en contra de la voluntad de la víctima, viola alguno de sus derechos naturales, entre los que se encuentra la libertad, precisamente lo que sucede cuando el gobernante, amparado en alguna ley, le prohíbe a sus gobernados, con la amenaza de castigarlos, que consuman drogas, consumo que no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón por la cual no debería estar, ni prohibida, ni sancionada, debiéndose de aplicar el mismo argumento al comercio de drogas.

Si alguien priva, totalmente, de su libertad a alguien más, ¿está cometiendo un delito? Sí. Si alguien priva, parcialmente, de su libertad a un tercero, ¿comete un delito? Sí. Si alguien priva, parcialmente, de su libertad a un tercero, siendo este tercero una persona adulta, con el fin de evitar que la misma se haga daño a sí misma, ¿delinque? Sí. En cada uno de los casos quien priva a alguien más de su libertad, independientemente de que la privación sea total o parcial, y al margen de cuál sea la intención que lo anime, está cometiendo un delito. En cada uno de los casos se trata de una acción delictiva por su propia naturaleza.

Si el gobierno, al prohibir el tráfico y consumo de drogas, limita parcialmente la libertad de los gobernados, y si lo hace con la mejor de las intenciones, evitar todos los males que la drogadicción trae consigo (el daño a la salud, la creación de adicción, la posibilidad de muerte), ¿está cometiendo un delito? Sí. El gobernado, al vender, comprar y consumir drogas, ¿delinque? No: consumir drogas, con todo lo que ello implica, desde producirlas hasta distribuirlas, no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón por la cual no debe prohibirse ni castigarse, prohibición que, más allá de la violación de derechos, tiene consecuencias negativas, como es la proliferación del consumo.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.