No hay nada más difícil que predecir el futuro, sobre todo en una situación como la que estamos experimentando como consecuencia de la epidemia de COViD-19 que ha significado un choque dual de oferta y demanda, tanto por la disrupción de las cadenas mundiales de producción como de demanda derivada del aislamiento de la población y, en muchos casos una reducción de ingreso familiar.

Ante este choque, diferentes países han instrumentado políticas fiscales y monetarias contracíclicas con la intención de atenuar la magnitud del choque sobre el empleo, el ingreso familiar y el PIB. Aún con estas medidas, el FMI pronostica que el PIB mundial se contraerá en alrededor del 3% y, si éstas funcionan y la epidemia no repunta hacia finales de este año y los primeros meses de 2021, la economía mundial experimentaría el próximo año un crecimiento de 5%, una recuperación en forma de “V”.  Estos pronósticos, sin duda, serán revisados.

¿Y para México? De acuerdo a la encuesta realizada por el Banco de México entre instituciones financieras privadas en enero de 2019 el crecimiento esperado para 2020 era de 1.9%. A medida que el año transcurrió estas expectativas se fueron revisando a la baja y para diciembre la expectativa de crecimiento ya estaba en 1.1%. Ya con la epidemia declarada, primero en China y después en el resto del mundo, particularmente Europa, los pronósticos se ajustaron nuevamente a la baja, tal que en febrero los analistas consultados pronosticaban un crecimiento de 0.9%. Para la encuesta de marzo, con la epidemia golpeando a Estados Unidos, el pronóstico cayó a -4% y en la de abril lo redujeron a -7.3%. El consenso actual entre analistas nacionales y extranjeros sitúan la caída del PIB para este año en alrededor del 9%, la mayor caída dentro de los países que conforman la OCDE. Si este porcentaje se materializa, el PIB real caería al nivel de 2015.

Y la recuperación, ¿sería en forma “V” o en forma de “L”? Para responder hay que considerar tres elementos, partiendo del supuesto de que la epidemia cede y no hay un fuerte repunte posterior. Primero, la economía ya estaba en una situación de debilidad previo a la epidemia, como lo señalan diversos indicadores, principalmente la caída del PIB de 1.6% en el primer trimestre. Segundo, la decisión del gobierno de no instrumentar una política fiscal contracíclica que incluya la posposición temporal del pago de ISR y contribuciones patronales al IMSS y un seguro transitorio de desempleo; los micro créditos no son realmente de gran ayuda para el tamaño de la economía y muchas empresas quebrarán. Y tercero, el elemento que considero como el más importante: el persistente desincentivo por parte del gobierno a la inversión privada derivado de minar la certeza jurídica como se ha visto con cuatro casos emblemáticos: la cancelación del aeropuerto y la de la planta de Constellation Brands (ambas arbitrarias y sustentadas en consultas ilegales), la renegociación de los gasoductos y la decisión, también arbitraria y violentando los contratos, de impedir la puesta en marcha de las instalaciones de generación de energía eléctrica eólica y solar.

Atentar desde el propio gobierno en contra del estado de derecho, minando la certeza jurídica, ha repercutido en un desplome de la inversión. El año pasado se redujo en promedio 4.6% y en el primer bimestre de éste cayó, respecto del primer bimestre de 2019, otro 8.7%. Esta caída reduce por sí misma el crecimiento futuro, a lo qué hay que agregar la quiebra de muchas empresas. La recuperación, si se da, sería en forma de “L”, con el segmento horizontal muy largo y con una muy pequeña pendiente positiva.

*Artículo publicado originalmente en El Economista