El Econoclasta
Ago 13, 2020
Isaac Katz

Peleado

Aunque entran en juego varias variables para explicar el pésimo desempeño de la economía previo a la pandemia, el que resalta es la mermada certeza jurídica que el propio gobierno ha generado.

Durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2018, AMLO insistió una y otra vez que el crecimiento económico durante el periodo “neoliberal” no solo había sido mediocre sino un absoluto fracaso y prometió que si ganaba la presidencia el desempeño mejoraría notablemente. Afirmó que durante su primer año de gobierno la economía crecería al 4% y que para su último año se alcanzaría una tasa del 6%.

Ya conocemos la historia de sus primeros seis trimestres de gobierno: en los últimos cinco la economía se ha contraído, de forma tal que el valor del PIB durante el segundo trimestre de este año fue 21% inferior que el registrado en el cuarto trimestre de 2018. Aún sin considerar la brutal caída de 17.3% en este segundo trimestre (atribuido en gran medida a la pandemia y agravada con la equivocada política fiscal procícicla), el PIB del primer trimestre de este año fue 3.5% inferior al registrado cuando él inició su mandato.

Aunque entran en juego varias variables para explicar el pésimo desempeño de la economía, incluso previo a la pandemia, el que resalta es la mermada certeza jurídica que el propio gobierno ha generado, lo cual ha derivado en una continua contracción de la inversión privada desde finales de 2018.

Son varios los actos gubernamentales que han contribuido al creciente ambiente de incertidumbre. Destacan: a) la cancelación del aeropuerto en Texcoco con una consulta ilegal y amañada bajo el argumento de que había notorios actos de corrupción en la obra, lo cuales ni siquiera se investigaron y menos aún comprobados y denunciados; b) la renegociación de los contratos de gasoductos que en valor presente terminaron costándole más al país; c) la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, avalada nuevamente con una consulta ilegal, a pesar de que se tenían todos los permisos en regla; ch) la cancelación de las subastas eléctricas de largo plazo y la cancelación de la línea de transmisión que conectaría las plantas de generación eléctrica del Istmo de Tehuantepec con  Morelos.

Más: d) la cancelación de nuevas rondas petroleras y de asociaciones de Pemex con empresas privadas (farmouts); e) la negativa de la CFE para vender gas natural a una nueva planta de Iberdrola en Tuxpan, lo cual llevó a la cancelación de la obra, a pesar de que habría sido un buen negocio para la propia CFE dado que no utiliza plenamente el gasoducto Texas - Tuxpan; f) el Acuerdo para la Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sector Eléctrico Nacional que excluiría a los nuevos generadores privados de energía de fuentes solar y eólica para iniciar actividades e integrarse a la red de transmisión (mismo que ha sido impugnado mediante amparos y una controversia constitucional por parte de la COFECE por violentar la competencia), a pesar de que la energía solar y eólica son mucho más baratas que la generada por la CFE; g) el incremento no justificable en los precios cobrados a generadores privados de energía eléctrica (PIE) por utilizar las líneas de transmisión (también impugnado ante el Poder Judicial); h) el memorándum presidencial dirigido a los entes reguladores (CRE y CNH) para no otorgar más permisos al sector privado en generación eléctrica y en materia de hidrocarburos; y, finalmente i) el anuncio que hizo la semana pasada el presidente de que una nueva planta productora de amoniaco en Topolobambo que representaría cinco mil millones de dólares de inversión sería sujeta a otra “consulta popular”, con la clara intención de que se cancele.

El presidente está peleado con la inversión privada, el crecimiento y la generación de riqueza.

*Artículo publicado originalmente en El Economista



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