Queda claro que, con Calderón en la Presidencia de la República, las posibilidades de que se descarrile la economía (comenzando por la pérdida de la estabilidad monetaria), efecto de malas políticas económicas, es menor que las que hubieran sido si el ganador hubiera sido López Obrador. Queda claro, también, que con el panista gobernando en Los Pinos, las posibilidades de llevar a cabo las reformas estructurales (sobre todo las correctas, a favor de la libertad y la propiedad, de la inversión privada y la competencia, etc.), son mayores que las que hubieran sido con el perredista reinando (¿exagero?) desde Palacio Nacional. Pero que las posibilidades de evitar el mal (descarrilar la economía) y hacer el bien (llevar a cabo las reformas estructurales) sean mayores con Calderón que con López Obrador no quiere decir, ¡de ninguna manera!, que a lo largo del próximo sexenio se vaya a hacer todo lo que todavía se tiene que hacer para terminar de poner la casa en orden.

Comparemos, por ejemplo, las promesas hechas por Fox, a lo largo de su campaña electoral, con los resultados obtenidos en los últimos cinco años y medio, y aprendamos la lección: unas son las promesas electorales y otro el poder, y tal vez en muchos casos la voluntad, para cumplirlas, poder que no depende, única y exclusivamente, del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, sobre todo cuando el cumplimiento de las promesas supone la redacción y promulgación de nuevas leyes y/o el cambio en la Constitución, en todo lo cual juegan un papel importante los legisladores. Lo dijo Fox: en estos tiempos, que serán también los de Calderón, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone.

Terminar de poner la casa en orden, en materia de economía, supone, de manera principal, eliminar el actual capítulo económico de la Constitución, lleno de errores (dirigismo, socialismo, mercantilismo, comunismo e intervensionismo, todo lo que no se debe hacer si lo que se quiere es progreso económico bien cimentado) y sustituirlo por uno que, de entrada, no contenga esos errores, todo lo cual supone, primero, que el Poder Ejecutivo esté convencido de la necesidad de hacerlo (¿qué opina Calderón de los artículos 25 a 28 constitucionales?) y, segundo, que el Legislativo esté dispuesto a hacerlo (¿cuál es la opinión, al respecto, de los legisladores electos?), sin olvidar la composición del Congreso, que quedó sumamente dividido. Cámara de Senadores: PAN, 33.93 por ciento; coalición PRD – PT – Convergencia, 29.77%, y coalición PRI – PVEM, 27.42 por ciento. Cámara de Diputados: PAN, 33.70 por ciento; coalición PRD – PT – Convergencia, 29.01%, y coalición PRI – PVEM, 27.66 por ciento.

¿Sucederá, de nueva cuenta, lo que ya sucedió, en el sentido de que el Ejecutivo propone X y el Legislativo dispone Y? Todo dependerá, uno, de la habilidad de Calderón para negociar y, dos, de la buena voluntad de los legisladores, sobre todo priístas (convencer a los perredistas va a ser mucho más difícil), para hacer lo que se debe hacer con el fin, de una buena vez por todas, de poner la casa en orden, con el fin de poner en marcha el círculo virtuoso de inversión, empleo, producción, ingreso, consumo y ahorro, que en el caso de México debe ser: más inversión, más empleo, más producción, más ingreso, más consumo y más ahorro.

¿Qué podemos esperar? ¿Nos hacemos ilusiones?