El presidente, con el propósito de concentrar el poder y el manejo discrecional de los recursos públicos, volvió a arremeter la semana pasada en contra de los órganos constitucionales autónomos. Sus argumentos, a todas luces falaces, es que éstos no cumplen ninguna función social, no benefician al pueblo, son tapaderas de la corrupción y cuestan mucho. A partir de ello, afirmó que propondrá una reforma para desaparecer al INAI y que sus funciones sean ejecutadas por la Secretaría de la Función Pública (una absoluta aberración), al IFT traspasando la función regulatoria a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya no tiene la subsecretaría de Comunicaciones (que fue eliminada porque “costaba mucho” y era inservible) y a la COFECE para que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Economía, encabezada por una secretaria que no entiende cómo funcionan los mercados.

Aunque la atención pública se ha concentrado en la intención de desaparecer al INAI por los peligros que entraña a la transparencia gubernamental y la protección de datos personales y a la misma democracia, más aún cuando éste gobierno se ha caracterizado por ser notoriamente opaco, poco se ha dicho sobre el propósito de desaparecer al IFT y la COFECE.

El presidente repite como mantra que el objetivo primordial de su gobierno es “primero los pobres” y ha basado su política pública en otorgar transferencias gubernamentales corrientes a través de diversos programas sociales, mismas que en muchos casos son solo un paliativo pero que no resuelven estructuralmente la raíz de la pobreza. Son cuatro los elementos que dañan relativamente más a las familias de menores ingresos: la falta de un crecimiento alto y sostenido de la economía, un servicio educativo público de baja calidad, la inflación y la ausencia de competencia en los mercados de bienes, servicios y factores de la producción.

Respecto de esto último, cuando los mercados operan en un entorno de competencia, con bajas barreras de entrada y salida de los participantes (demandantes y oferentes), llevando a cabo transacciones enteramente voluntarias, se tiende a maximizar simultáneamente el bienestar de ambos y el bienestar social. Por el contrario, cuando las empresas tienen poder de mercado, en el caso extremo son un monopolio, los consumidores experimentarán una pérdida de su bienestar al enfrentar mayores precios, una menor cantidad del bien ofrecido y una menor calidad de los bienes y servicios que consumen. La pérdida del bienestar que experimentan los consumidores se la apropian parcialmente las empresas (una renta) y la sociedad en su conjunto pierde.

Adicionalmente, aunque todos los consumidores pierden por los sobreprecios que pagan al enfrentar prácticas no competitivas, los que más se ven afectados relativamente son las familias de menores ingresos y más aún, las familias que viven en las regiones más pobres del país. La ausencia de competencia en los mercados se traduce así en mayor pobreza y una distribución más inequitativa del ingreso y de la riqueza.

Independientemente de cuál sea la fuente de ingresos de las familias, todos somos a final de cuentas consumidores. En consecuencia, el objetivo primario de las políticas públicas tiene que ser generar las condiciones para que su nivel de bienestar sea el mayor posible y esto se tiende a lograr sentando las condiciones para que los mercados operen en competencia. Reducir las restricciones legales y regulatorias que imponen barreras de entrada y salida de los mercados así como penalizar cualquier acto que vaya en contra de la competencia es por lo mismo crucial. Por ello es indispensable, en lugar de desaparecerlas, fortalecer tanto al IFT como a la COFECE. Eso beneficiaría más a los más pobres.

*Artículo publicado originalmente en El Economista