La ventaja de las reglas del juego, desde las costumbres, pasando por los contratos, hasta las normas jurídicas, es que proporcionan seguridad. Conociéndolas uno sabe a qué atenerse.

El reto es que esas reglas sean justas, que respeten los derechos de las personas, y eficaces, que incentiven a las personas a su cumplimento. La primera condición que debe cumplirse para que sea eficaces es que sean justas.

El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas (el ser humano debe estar gobernado por leyes, no por hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes), siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Además de leyes justas el Estado de Derecho requiere de autoridades honestas y eficaces (su eficacia depende en buena medida de su honestidad), que hagan valer esas leyes, lo cual implica que son las primeras en respetarlas.

Una de las tareas de un buen gobierno es hacer valer los contratos, que son reglas del juego establecidas y aceptadas voluntariamente por las partes contratantes: en ellos se establece el comportamiento esperado de cada una de esas partes, dándole a cada una de ellas seguridad. Papelito habla.

Un gobierno que hace valer los contratos es parte esencial del Estado de Derecho, del gobierno de las leyes justas, del gobierno de las autoridades honestas y eficaces, tarea gubernamental que es de las más importantes para el buen funcionamiento de la economía. La economía de mercado, en la que el intercambio es la actividad económica central, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir, intercambio que, implícita e explícitamente, se basa en contratos entre oferentes y demandantes, entre compradores y vendedores, cuyo cumplimiento debe garantizarse.

Parte esencial del Estado de Derecho es que el gobierno haga valer los contratos, en función de lo que los mismos establecen, lo cual fue aceptado por las partes contratantes, y ese hacerlos valer debe darse al margen de consideraciones de tipo moral. Por ello resulta preocupante que AMLO haya dicho, dirigiéndose al presidente de una de las compañías de energía renovable más importantes del mundo, que “el contrato podrá ser legal, pero es inmoral”.

Imaginemos lo que pasaría si el gobierno comenzara a actuar, no de acuerdo a lo legal (por ejemplo: lo establecido en los contratos), sino conforme a lo que considera moral (moralidad que, sobre todo si no la confundimos con la ética, tiene una fuerte dosis de subjetividad).

El ámbito de acción del gobierno es el de lo legal, no el de la moral, y el Estado de Derecho se ve comprometido cuando la moral del gobernante en turno sustituye a lo legal.

El gobierno debe hacer valer la ley, no imponer su moralidad.