En la mejor tradición de las algaradas estudiantiles, López Obrador tuvo ayer su “asamblea informativa” en un zócalo capitalino que no tuvo problema en atiborrar con seguidores y acarreados que se ven obligados a asistir ante la amenaza de perder los favores y regalos que les hace el gobierno capitalino.

Previsiblemente el demagogo le dio una vuelta más a la tuerca del chantaje de tomar al país como rehén llamando a sus huestes a iniciar “las primeras acciones de resistencia civil pacífica. Con este propósito, se integrará un comité ciudadano qué definirá qué tipo de acciones… se llevarán a la práctica.”

No necesitamos esperar que su “comité ciudadano” defina los actos que emprenderán estos delincuentes porque lo sabemos de antemano. Van a invadir calles, tomar instalaciones públicas, cortar carreteras e intentar impedir las actividades cotidianas y normales de la ciudadanía.

Justamente como lo han hecho sus seguidores en Oaxaca, donde ocuparon la ciudad por asalto e impiden que funcione desde hace dos meses, las turbas de AMLO intentarán paralizar la vida de los mexicanos en todo el territorio.

Si los dejamos, ocurrirá en el país igual que en Oaxaca, donde ha ido subiendo la violencia de la “acciones” provocada por los mal llamados maestros, que culminó el fin de semana con el incendio provocado del auditorio del cerro del Fortín donde se celebra anualmente la Guelaguetza.

¿Cuál ha sido el costo económico de mantener tomada y trabada a la ciudad de Oaxaca por más de sesenta días? ¿Quién va a compensar a comerciantes, dueños de restaurantes y hoteles y a los numerosos prestadores de servicios que viven de la economía de la ciudad de Oaxaca?

Peor aún, ¿de qué van a vivir los muchos oaxaqueños que trabajan en instalaciones que han permanecido inaccesibles todo este tiempo? Tolerar los actos vandálicos de estos agitadores es un crimen del que son corresponsables el gobierno oaxaqueño y el federal que se han limitado a observar el caos.

Resulta evidente que éstas serán las “acciones” que emprenderán los secuaces de AMLO, que son pacíficas sólo en el discurso del demagogo. La pregunta es ¿qué van a hacer al respecto las autoridades locales de las otras 31 entidades del país ante los intentos por paralizar sus actividades normales?

También es de la mayor importancia que la administración de Vicente Fox, por una vez desde que inició su gestión, tenga un plan bien definido y enérgico de cómo va a defender a la ciudadanía del previsible asalto que están por emprender los delincuentes amlistas.

No contento con amenazar hacer del país entero su rehén si no se cumplen sus caprichos, López Obrador fue más allá. Dijo “le recomiendo (a Felipe Calderón), por él, por sus familiares, por su gente más cercana, le recomiendo que piense, que piense muy bien que la mancha de una elección fraudulenta no se borra...”

Al perturbado AMLO no le toca calificar una elección que la abrumadora mayoría de los mexicanos percibimos como impecable, lícita y legítima. Esa es la función del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, ¿a qué viene esta amenaza al candidato triunfador y su familia?

Su chantaje y sus intimidaciones son inaceptables por lo que los gobiernos federal, estatales y locales deben tener muy claro cómo van a proceder contra los primeros actos violatorios de la ley que van a emprender estos forajidos. De otra naturaleza, simplemente irán subiendo de tono las “acciones” de protesta.

Asimismo, los ciudadanos debemos preparar nuestra defensa iniciando acciones legales y cívicas para preservar el inalienable derecho que tenemos a la libertad de vivir en paz con la tranquilidad que nos deben garantizar las leyes e instituciones con los que estos malhechores quieren acabar.