DOMINGO, 16 DE OCTUBRE DE 2005
EL IMSS y los pasivos laborales del sector público

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“Mantener la ley del Seguro, aprobada el año pasado, apenas es un pequeño esfuerzo para evitar la quiebra. Una huelga en el IMSS sería lo de menos, lo que está en juego es la gobernabilidad del país. Ceder a las pretensiones actuales del Sindicato sería institucionalizar la "dictadura de las minorías".”


En medio nuevamente de una amenaza de huelga, el sindicato del Instituto Mexicano del  Seguro Social (IMSS) ha comenzado a bloquear avenidas y a realizar marchas para que el gobierno dé vuelta atrás en la ley aprobada el año pasado que ponía cierto orden a las finanzas del IMSS y eliminaba privilegios de jubilación a los empleados del Seguro (no a los actuales sino a los futuros trabajadores de la Institución). Para cuando lea éste artículo, amigo lector, probablemente ya sabremos si estalló ó no finalmente la huelga en el Seguro.

 

Como están las cosas, es mejor una huelga que el dar marcha atrás a la ley aprobada el año pasado. Recordemos brevemente los privilegios de la cual gozan los actuales trabajadores del Seguro.

 

En México, el trabajador promedio (que no forma parte de la minoría que pertenece al Seguro Social)  se jubila promediando la edad de 65 años y con un salario que la mayoría de las veces sólo constituye el 50% de lo que ganaba cuando estaba en activo (en el mejor de los casos el 70% de su jubilación pero eso ya son excepciones). El salario promedio de jubilación de estos trabajadores a su vez no sobrepasa los 2,500 pesos. En cambio, los trabajadores pertenecientes al Seguro Social se jubilan en promedio a los 54 años y con una pensión que supera en promedio en 30% a su último salario, cuando era trabajador activo (o sea, ¡se jubilan con el 130% de su salario!). A su vez el salario promedio de los pensionados del Seguro es de 18 mil pesos. Estamos hablando  de privilegios de una minoría de 370 mil trabajadores contra millones de trabajadores mexicanos que bajo este esquema vienen a ser cómo una especie de trabajadores de “segunda clase” (en comparación con los privilegios del Seguro). Nada más injusto e inmoral que esto, pues son estos mismos millones de personas los que con sus impuestos mantienen las pensiones y salarios de los trabajadores del Seguro.

 

La ley aprobada el año pasado puso fin a algunos de estos privilegios, pues incrementa la edad de jubilación y establece límites para que los recursos destinados a medicinas no sean utilizados para pagar pensiones.

 

De acuerdo a cifras dadas a conocer en un informe recientemente, la deuda del IMSS con sus propios trabajadores suma 5.7% del PIB. Los pasivos de los afiliados al IMSS, que están garantizados por el gobierno, son equivalentes a 25% del PIB. Esto significa que en conjunto, ambos pasivos equivalen a 30.7% del PIB, una cifra del orden de 190 mil millones de dólares, es decir, más del doble de la actual deuda externa del gobierno. El informe señala también que el IMSS reportó un crecimiento de sus pasivos del orden de 25.1% del PIB, lo que significa que estos pasivos crecieron en un sólo año el equivalente a 31 mil millones de dólares. La plantilla del IMSS alcanza, según el Informe, 375 mil 390 trabajadores y 109 mil 393 pensionados. Los trabajadores afiliados al IMSS que pueden optar por un esquema de jubilación basado en la ley de 1973, en la que el Gobierno garantiza los derechos de pensión, suman 10.5 millones de personas en activo y 1.6 millones ya pensionados. A diferencia del 95 por ciento de los planes de pensiones de México, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los empleados del IMSS no establece edad mínima de jubilación por lo que muchos trabajadores adquieren ese derecho a los 53 años en promedio y el Instituto cubre al jubilado las pensiones por alrededor de 22 años, revela el reporte.

 

Así las cosas, el mantener la ley del Seguro, aprobada el año pasado, apenas es un pequeño esfuerzo para evitar la quiebra técnica de la Institución. De hecho será el primer paso para comenzar a solucionar la poderosa bomba de tiempo que representan los distintos sistemas de pensiones del país. Los pasivos del sector público —incluídos Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro— en conjunto alcanzan una suma de 513 mil 925 millones de pesos. Los pasivos laborales del gobierno federal representan como proporción del Producto Interno Bruto, el 64.3%; el de los de gobiernos estatales 21%; y el de los de los empleados y asegurados del IMSS suman 30.7%. O sea que ésta minireforma, sería apenas el principio de la solución de un enorme problema que amenaza seriamente a las finanzas públicas del país.

 

El problema de las jubilaciones no es privativo de México, en años recientes países del mundo desarrollado como Francia, Alemania e Italia han colocado la edad mínima de jubilación en los 65 años, y han comenzado a dar paso a esquemas mixtos de financiamiento. Después de analizarlo han aceptado que definitivamente no están en condiciones de sostener jubilaciones con cargo únicamente al Estado y con edades menores. Incluso el país con el sistema más paternalista, Suecia, ha visto deteriorar su economía, entre otras razones, por causa de un ambicioso sistema de prestaciones. Nótese que estamos hablando de potencias mundiales, y evidentemente México no tiene, ni de lejos, la capacidad económica de los países señalados arriba. Así que para nuestra realidad nacional, es aún más importante avanzar hacia una reforma que evite que los sistemas de pensiones sean una verdadera bomba de tiempo.

 

Hay que recordar que el régimen laboral del Seguro Social es el resultado de la concesión otorgada bajo el modelo corporativo-populista de los gobiernos del PRI, que concedía lo que fuera a los grandes sindicatos a cambio de votos y mantenerse en el poder. Bajo las reglas democráticas actuales esto es ilegal e inoperante.

 

Una huelga en el IMSS sería lo de menos, lo que está en juego es en buena medida la gobernabilidad del país. Por desgracia, parece que ya le tomaron la medida a la administración Fox y esto ha sido el pretexto para que otros grupos sindicales, resultado también del corporativismo, amenacen con paralizar al país entero. Ojalá que esta vez el gobierno entienda que cualquier chantaje de cualquier grupo de interés pone en juego los recursos de millones de contribuyentes. Ceder a las pretensiones actuales del Sindicato del Seguro sería la antesala de próximos conflictos laborales donde saldría a relucir la dictadura de las minorías con cargo al Erario Público. Ojalá las autoridades entiendan esto.


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