Con la colaboración de Edgar Moreno

La jornada electoral del 2 de julio ha sido, por mucho, la elección más limpia y transparente en la corta historia democrática de México. El proceso electoral se mantuvo durante las campañas dentro de los límites que imponen la legislación mexicana y la normalidad democrática y se actuó oportunamente en las aisladas instancias en que no fue así. La etapa final del proceso está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE). Lo único que puede exigirse es que las decisiones del TRIFE se apeguen a sus obligaciones legales y no sean vulneradas por presiones partidistas o consideraciones políticas.

Desde 2005, con la nueva redistritación, el IFE refrendó su calidad en el diseño y operación del sistema electoral mexicano. La redistritación consideró la igualdad de la población, incorporó la existencia de barreras naturales a sus criterios de integración distrital; tomó en cuenta los límites jurisdiccionales locales, la densidad poblacional; buscó la mayor compacidad geográfica y, finalmente, contempló la diversidad étnica y cultural.

De acuerdo a los plazos y formas establecidos en la ley, el IFE designó a los 192 ciudadanos que integran los 32 Consejos Locales del Instituto. Éstos a su vez eligieron a los ciudadanos que integrarían los 300 Consejos Distritales. Todos con criterios de equidad de género, pluralidad cultural, prestigio público y profesional, así como experiencia electoral. Los materiales electorales se produjeron con el consentimiento de los partidos políticos y con varios dispositivos para impedir su falsificación. La información de estos procedimientos fue publicada en la página de internet del instituto y con el aval del capítulo mexicano de Transparencia Internacional.

Los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, quienes recibieron y computaron los votos, fueron seleccionados aleatoriamente y con base en un examen escrito. Se eligieron inicialmente 7’293,255 de los cuales sólo quedarían 916,146. Estos ciudadanos fueron capacitados en tiempo y forma, de nuevo, sin reclamos de los partidos políticos y en apego a las formas institucionales de la democracia mexicana.

El día de la jornada electoral se instalaron eficazmente 130,477 casillas de las 130,498 originalmente planeadas. En esas casillas los representantes de los partidos políticos tuvieron una extensa cobertura. El PAN tuvo presencia en 79.9% de las casillas instaladas, la alianza PRI-PVEM en el 89.3% y la alianza PRD-PT-Convergencia vigiló el 79.4%. Adicionalmente, hubo observadores electorales en el 30% de las casillas instaladas. Por último, se reportaron 54.68% de incidentes irregulares con respecto al total registrado en 2000 (3,043) y 65.84 por ciento con respecto a 2003 (2,527).

El proceso electoral inició formalmente en octubre de 2005. Los preparativos para el 2 de julio fueron aprobados por los partidos políticos. El fraude denunciado por López Obrador no tiene ningún sustento. Es apenas una estrategia para presionar a los jueces del Tribunal para fallar en su favor. La demanda por el conteo es absurda y lo sabe (¿Para qué contar lo ya contado por los ciudadanos, que elegimos fueran los guardianes últimos de la democracia y abrir un nuevo espacio para el error humano?). Ya ha dicho el tribunal que el criterio será la anulación de casillas y no el recuento de los votos.

El proceso electoral vive su última etapa en el TRIFE: la resolución de impugnaciones y la calificación de la elección presidencial. Para la primera tarea, la ley impone el límite del 31 de agosto y para la segunda, el 6 de septiembre. Las impugnaciones eran previsibles dada la competitividad de la contienda. Pero lo que no se esperó ni se puede permitir, es que el tribunal electoral las resuelva atendiendo a criterios que no sean jurídicos sino políticos.

Vergonzosamente el Presidente del Tribunal afirmó que por el reducido margen de diferencia entre Calderón y López Obrador, ninguno tendrá legitimidad. Increíblemente fue todavía más allá: afirmó que la legitimidad es más importante que la legalidad. Estas palabras bien podrían ser desoídas viniendo de un observador de la política, pero no pueden ser sino enérgicamente reprobadas cuando son emitidas por un juez. Y no cualquier juez, sino nada más y nada menos que el Presidente del Tribunal de última instancia. Un misterio por qué no se le exige recusarse. Un misterio más por qué permitimos que se use esta falsa fórmula de llamar “legaloides” a las leyes que se acuerdan en el Congreso de la Unión (por mandato de la mayoría), cual si hubiera ley más allá de la ley en este país, cual si la legitimidad no estuviera en los procesos que hemos acordado aplicar como sociedad.

El tribunal electoral es el garante último de la legalidad electoral. Su preocupación debe ser la de revisar cuáles impugnaciones son válidas y cuáles no, en consecuencia realizar el cómputo final de los votos y si no encuentra razones que hubieren alterado la legalidad del proceso, declarar al presidente electo de México. Ni más ni menos. La tarea es titánica y necesaria para generar certidumbre. Pero si los magistrados pretenden decidir lo que consideran mejor para México estarían desvirtuando, no sólo el proceso electoral de hoy, sino a las elecciones como mecanismo de selección de gobierno.

La competitividad de una elección democrática no es un problema. Como se ha repetido a la saciedad, en la democracia se gana o se pierde por un voto. La legitimidad de un gobierno democrático viene de la legitimidad del proceso por el que es electo, no del apoyo por el que llega al poder. La democracia no es más que una forma de seleccionar gobierno que tiene como consecuencia una forma de ejercerlo. Esperemos que el TRIFE así lo entienda.