La democracia es valiosa, entre otras cosas, porque fomenta discusiones, debates, permite el disenso y canaliza conflictos sin derramamiento de sangre. La democracia genera en el largo plazo mejores gobiernos. Pero sólo es un régimen político, una forma de elegir a quien detenta el poder y en consecuencia, una forma de ejercerlo. Las elecciones son el elemento específico que define a la democracia. Los gobiernos democráticos son legítimos en la medida en que llegan al poder por medio de la competencia por el voto popular.

Los resultados de la elección presidencial han llevado a muchos a cuestionar la legitimidad del ganador, sea quien sea. Se plantea la competitividad como un problema. Se vocifera que un presidente electo por una minoría del electorado no podrá gobernar. Pero han ido más lejos, describen una contradicción entre legalidad y legitimidad. Como en los tiempos del autoritarismo se analiza a la democracia. Los intelectuales de México no sólo tienen un problema de categorías viejas sino una percepción de realidades pasadas.

La legalidad y legitimidad democráticas marchan juntas, una al lado de la otra. No puede ser de otra forma. A diferencia de los regímenes autoritarios donde las leyes se expiden sin necesidad de atender a la pluralidad, en las democracias los procedimientos obligan a que sean debatidos por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. En el caso mexicano esto es muy claro. A partir de 1994 se construyó un sistema electoral que diera garantías de equidad a todos los competidores. Así ha sido. Las leyes que normaron este proceso fueron aprobadas por el PAN, PRI y PRD juntos.

Las democracias encuentran su fundamento en las elecciones y sólo ellas dotan de legitimidad al ganador, sin importar las distancias. La corta diferencia entre los votos de AMLO y Calderón es sólo la expresión de las preferencias del electorado mexicano. Es absurdo pensar que eso es problemático para elegir un gobernante. Probablemente será importante en definir las posibilidades del próximo gobierno pero sólo eso. Es justamente esta división la que debe quedar clara: el momento de elección es uno y el de gobierno otro. La legitimidad de quien gobierna radica esencialmente en haber llegado al poder por los medios adecuados.

Nadie afirmaría que López Portillo tuvo más legitimidad que Vicente Fox, sólo porque el primero llegó al poder con más del 90% de los votos y el último por apenas 43%. La legitimidad de un gobierno descansa en la forma en que es electo. Para ser ilegítimo un gobierno debería de ser también ilegal y haber llegado al poder por medio de un fraude o alguna forma distinta a la vía electoral: en México no es el caso.

Con un toque de soberbia se critica a quienes defienden la legalidad por ingenuos o cortos de visión. No hay arrogancia más molesta que la que se levanta sobre la falsedad. Si es necesario que un presidente sea electo por una aplastante mayoría para ser un gobierno legítimo, entonces no existen tales en las democracias donde se espera que distintos grupos y programas compitan por el poder. Pero más grave es cuestionar la legitimidad de las leyes que han sido producto de las instituciones de la democracia. Si bien la legalidad debe actualizarse y en México conviven leyes de la democracia de hoy con las del autoritarismo de ayer, no es el caso de la legislación electoral.

Quienes defienden el recuento como una solución políticamente correcta a lo que no es sino un problema jurídico, sugieren que los votos del 2 de julio no tienen su justo valor. Se han enfrascado en las predicciones estadísticas de empate y piensan en los votos como en las encuestas. La diferencia es que no hay estimación estadística que valga, los votos son datos duros, cada uno con la misma firmeza y contundencia. La legalidad es la única fuente de legitimidad democrática en la medida en que no es sino la expresión de las preferencias políticas de los representantes populares.

Separar la legalidad y la legitimidad en la selección democrática de los gobernantes sólo atiende a la incomprensión de la democracia. Los regímenes democráticos se distinguen por privilegiar el método que la opera más que los fines que pueda tener. En este sentido, no hay razón para suponer que puede existir una en ausencia de otra. La tarea del Tribunal Electoral no puede ser sino la de resolver impugnaciones sobre las bases jurídicas.