Para que México pueda aspirar al desarrollo y saque cabal ventaja de su privilegiada inserción internacional es necesario superar su inseguridad jurídica, hoy trágicamente en evidencia por el ataque del demagogo delirante a la legitimidad de nuestra elección y de las instituciones, que ya nos advirtió que él “cambiará de una u otra forma.”

Desde sus orígenes más remotos el respeto a la ley en México ha sido algo secundario. La forma cínica aunque efectiva con la que enfrentaron tal situación nuestros antepasados, se resume en la expresión acuñada en la Colonia ante las minuciosas y utópicas leyes que expedía España para gobernarnos, obedézcase pero no se cumpla.

Como nación independiente nos dimos normas legales copiadas de otros países con tradiciones jurídicas y políticas ajenas. Así pasamos a tener leyes inconexas con la realidad, como la ficción que éramos una república federal cuando fue la dictadura centralista prevaleció la mayor parte del tiempo.

Algunos estatutos jurídicos se aplicaron, como la desamortización de los bienes eclesiásticos en la Reforma, pero el resultado no fue el originalmente concebido. De enormes latifundios y concentración de poder en manos del clero, pasamos a juntar poder y latifundios en unos cuantos individuos. El corolario fue que siempre hubo corporaciones o personas al margen de la ley.

La Constitución de 1917, mal matrimonio entre las leyes liberales de 1857 y preceptos socialistas de moda a principios del siglo XX, es un ordenamiento farragoso, lleno de detalles sin cabida en una ley fundamental, como los derechos a la educación y a la salud para todos sin decirles cómo alcanzarlos.

Los derechos quiméricos van junto a la peligrosa acotación de los derechos de propiedad individual pues al ser los recursos naturales propiedad de la Nación, su transferencia a particulares constituye una concesión que puede ser suprimida por “causas de utilidad pública,” que, al no especificarse, pueden ser cualquier capricho de la autoridad.

No solo tenemos malas leyes sino que las cambiamos irresponsablemente, lo que exacerba la inseguridad jurídica. En los 83 años transcurridos desde la promulgación de la Constitución y el cambio de régimen en el año 2000, hubo 440 enmiendas y adiciones que, en general, la empeoraron al otorgarle prerrogativas crecientes al gobierno en detrimento de los individuos.

Además, el gobierno desempeña su obligación esencial que es la seguridad física de los ciudadanos y sus propiedades, en forma cada vez más ineficaz, lo que hace que el estado de derecho pase a ser una cruel ficción, como lo demuestra el secuestro que sufre hoy la capital.

Sin un estado de derecho formal aparece uno consuetudinario compuesto por los códigos de conducta que los ciudadanos adoptan en su vida cotidiana. Pero cuando las más básicas formas de civilidad social se ignoran, como en nuestro país, lo que prevalece es la ley del más fuerte, igual en el tránsito vehicular que en los juzgados penales.

Es necesario replantear de cuajo el estado y la práctica del derecho en México. Nuestra membresía en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayuda mucho pues le ofrece una protección jurídica supranacional a extranjeros y a mexicanos por igual.

Pero importante como es contar con la salida que ofrece el TLCAN, es sólo un paliativo. Es urgente replantear desde sus bases las leyes vigentes y cómo se aplican, lo que requiere modificar de raíz al poder judicial y la forma en que opera.

El ambiente político que prevalece ahora sugiere que replantear por completo el edificio jurídico existente significa abrir la caja de Pandora y el resultado puede ser aún peor de lo que tenemos hoy. Pero si no mejora radicalmente el estado de derecho no podremos aspirar a volvernos un país avanzado y justo.