Para nadie es un secreto que México tiene una de las regulaciones más complicadas del mundo, pues partimos de dos ideas equivocadas, la primera es que regulamos intentando prever todos los casos y la segunda es que regulamos partiendo de la desconfianza. Así se crea el circulo vicioso que nos muestra que la regulación deficiente siempre tiene costos económicos altos y por lo tanto genera presiones políticas para cambiarla, de ahí que la expresión inmediata de los abogados sea vamos al amparo, por si las moscas.

Las consecuencias de todo el entramado regulatorio son amplísimas, pues prácticamente las decisiones empresariales se ven determinadas por lo que la regulación permite o no, ahí la segunda salida de nuestro nudo gordiano, si viene la autoridad pues ofrécele dinero para que no te aplique la Ley. Pero el problema es de muchos más altos vuelos. El propio gobierno calcula que el costo de la regulación puede estar entre el 5 y 15% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de entre 30 y 60 mil millones de dólares al año que se gastan en abogados, trámites, mordidas, quiebras, aplazamientos, créditos perdidos, entre otros costos a considerar. Otra manifestación de este costo es la muy corta supervivienda de las PYMES, que en promedio viven tres meses o que cierran dos de cada tres que abren.

Para darnos una idea de qué tan mala es nuestra regulación vamos por partes, según los registros actuales el gobierno federal cuenta con 2,886 trámites, sin contar los fiscales, que la Ley de Procedimiento Administrativo excluye de la Mejora Regulatoria, además hay unas 996 Normas de cumplimiento obligatorio y otras 5,859 de cumplimiento voluntario, todo esto sólo en el ámbito federal, faltan la reglas de estados y municipios. Así que regulamos mucho y supervisamos poco, pues el propio gobierno no aplica muchos trámites por considerarlos obsoletos y tampoco tiene capacidad para supervisar las Normas, se calcula que no más de 200 de las casi mil son supervisadas regularmente.

Por el lado de las empresas la cosa no cambia, todos aceptan que se requieren normas, pues es una forma de garantizar barreras a la entrada de nuevos competidores, pero todos reconocen que son un problema. Una encuesta del Tec de Monterrey estableció que gran parte de los ingresos de la empresas se utiliza para establecer, modificar o asegurar la permanecía de la regulación, pero también que el 82% de las empresas reconocen que han sobornado a los inspectores. El resultado es el mismo, existe una relación de desconfianza entre los regulados y los reguladores y por tanto hay una gran proliferación de regulación, recordemos que si hay confianza no se requiere regular, y con ello se elevan los costos y se obtiene una gran cuota de inseguridad jurídica.

Ejemplos más puntuales vienen en los estudios de competitividad y todos coinciden en que la apertura, operación e incluso el cierre de empresas es muy caro en términos de tiempo, dinero y regulación. El caso de la apertura, según el Doing Business del Banco Mundial nos lleva a 58 días, 9 trámites y un costo cercano a los 3 mil dólares. Lo mismo para las licencias, donde se habla de 12 trámites y 222 días, o con los asuntos laborales y así nos podemos seguir pero parece que no hay manera de frenar la generación de la regulación.

El asunto es que en las campañas este no fue tema, pesa más la idea de una “política social” asistencialista que los problemas que enfrenta el empresario, rico y pobre, para crear empresas y con ello desarrollo para el país. Pero es muy importante que se tome en cuenta que México requiere una reforma regulatoria con visión de futuro y no seguir regulando ad hoc, generando costos y requisitos absurdos. El país requiere antes que nada definir su proyecto de futuro y con ello permitir revisar qué falta, qué sobra y qué está de más para crear un nuevo marco jurídico – regulatorio, pues con el actual el sector productivo no puede. Así que una regulación base cero y un análisis exhaustivo de la regulación que se necesita serán los primeros pasos, ya no más la típica expresión burocrática: “mantengo el trámite aunque sé que no es necesario pero si lo desaparecemos muchos nos quedamos sin chamba”.