El anuncio reciente de cancelar bonos de regulación monetaria (Brem, emitidos por el Banco de México y que próximamente comprará a los inversionistas, lo que implica su cancelación) por la emisión de Bonos gubernamentales llamados “D” (emitidos por el gobierno federal y que serán subastados entre el público inversionista), para con ello pagar deuda externa, con un primer pago de 7 mil millones de dólares (a instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), amortización a la que luego seguirá un monto de 13 mil millones de dólares (todo esto se hará mediante una subasta que Banxico llevará a cabo por 200 mil millones de pesos), y con ello, de acuerdo al presidente Fox, finalizar su sexenio con una deuda externa de 40 mil millones de dólares (cuando Fox toma el poder en el año 2000, la deuda externa era de poco más de 70 mil millones de dólares), es una muy buena noticia económica que desgraciadamente pasa desapercibida (no por los mercados) por la mayoría de los mexicanos, en virtud del débil estado de derecho que ha provocado que los más radicales secuestren a la ciudadanía (léase Ciudad de México y Oaxaca).

Sí, definitivamente, el gobierno federal obtiene una “estrella en la frente” por el manejo impecable que ha hecho en la estructura de pagos de la deuda pública, particularmente la externa. Sin embargo, este hecho importante en la vida económica del país se ve nublado por la actuación del gobierno en materia de aplicación del estado de derecho.

Le ha temblado la mano al gobierno de Fox para aplicar la ley. Esta debilidad tiene su antecedente en la protesta, vía la amedrentación por machetes en mano en el DF (marcha facilitada, desde luego por el PRD que desgobierna el DF desde hace 10 años) por parte de un grupo radical de San Salvador Atenco (no todo el pueblo, sino un grupúsculo con intereses) para evitar la necesaria construcción de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México. Ya desde ahí se dibujaba lo que caracterizaría al gobierno foxista a lo largo del sexenio: ninguna cachetada cuando se tratara de proteger a los ciudadanos de la violencia de grupos rijosos, como bien apuntaba la semana pasada Arturo Damm en este espacio.

A este acontecimiento han seguido, reacciones mal planeadas (como la reciente, nuevamente en Atenco, en donde participó la policía federal con la del Estado de México para arrestar a diversos líderes violentos) que aún así frenaron la violencia que se gestaba en ese lugar.

Hoy el conflicto oaxaqueño se le ha ido de las manos tanto al gobierno local como al federal. Lo grave es que esto tarde o temprano repercutirá (o ya está haciéndolo) a nivel nacional. La no cooperación de los distintos niveles de gobierno para ponerle alto al chantaje magisterial, ha ocasionado que el conflicto ya haya sido tomado por grupos guerrilleros (que operan en la zona) y porriles que actúan al más viejo estilo estalinista.

Hoy la vida diaria de Oaxaca se desenvuelve tristemente en medio de balazos a la prensa, asesinatos políticos, cierre de carreteras, incendio de camiones, toma de instalaciones gubernamentales, etc., ¿y todo por qué?, por que a los gobiernos (empezando por los locales y terminando con el federal) les ha dado miedo aplicar la ley con la excusa de “no se vaya a complicar el conflicto”. Esta actitud pasiva sólo ha hecho que los conflictos se empeoren.

Cuando la UNAM fue tomada -hace 6 años- por un grupo violento (que no rebasaba los 150 individuos), el ex presidente Zedillo actuó al inicio del conflicto con ingenuidad, y trató de “negociar” con los cegeacheros violentos (manipulados por grupos externos también violentos, ligados al PRD); el resultado fue una radicalización del movimiento que acabó en la agresión a estudiantes y personal de la UNAM. Sólo cuando Zedillo se “puso las pilas” y decidió mandar desalojar la Universidad a través de la policía federal preventiva (la policía defeña tenía la orden del gobierno perredista de no intervenir, como siempre con la actitud de “no agravar el conflicto”) arrestando a varios líderes cejeacheros, es que el conflicto terminó. Claro, esta tardía reacción del gobierno federal, tuvo costos económicos y académicos irrecuperables para la UNAM. El daño ya estaba hecho.

Esta historia debería ser una lección. Hoy el conflicto oaxaqueño es más grave que lo que pasó en la UNAM. Y lo peor, tememos que sea el próximo escenario de la Ciudad de México. López tampoco aceptará que también perdió en el recuento ordenado por el Tribunal Federal Electoral, así que si nadie lo detiene (obviamente no lo hará el esbirro Encinas, que le ayudaba a cerrar pozos en Tabasco), no le importará incendiar al país, empezando por el DF y uniéndose al desgobierno que impera en Oaxaca. Las “cachetadas” tardías pueden tener un costo irrecuperable.

Kant afirmaba en su obra iluminada de La metafísica de las costumbres, que hay un derecho natural (a la vida, a la libertad) de los individuos, que es privado y que sólo está garantizado si existe un derecho público orquestado desde el Estado (no confunda, amigo lector, al Estado con el gobierno; el Estado es un ente más grande, en donde el gobierno es una subcategoría; sin embargo, son los gobiernos, a través de las leyes que rigen a un país sobre una población, los que hacen valer la existencia del Estado como tal, aquel que, con la ley en la mano, debe velar por la seguridad de los ciudadanos). Es decir, los pactos privados (léase contratos) entre los individuos no funcionan si no hay una autoridad que garantice el pleno cumplimiento de los mismos. Por tanto, la vida, la libertad, los intercambios se van al carajo, si el Estado no cumple su función de proteger a los ciudadanos. Esta es la triste historia que impera hoy día en México. Los más violentos están avanzando por encima de los pacíficos. La economía defeña y oaxaqueña se van al carajo. Los gobiernos local y federal, bien gracias.

¿Cuánto aguantaremos así? La respuesta dependerá de si los gobiernos de todos los niveles hacen valer al Estado de Derecho (y se asumen como un Estado compuesto por población y territorio, en un contexto de leyes, y que tienen el monopolio legítimo de la violencia física cuando se trata de proteger a los ciudadanos de los matones). No hacerlo tendrá costos sociales más grandes.

En el PRD, con López a la cabeza, de plano ya se burlan y envían a sus esbirros a la PGR para hacerse arrestar por tomar las casetas de peaje. Bien saben que sus actos no tendrán castigo. Triste realidad de la aplicación de la legalidad en México.

El próximo presidente deberá comenzar por recomponer nuestros débiles arreglos institucionales para que la existencia de las leyes no sea un mero adorno. Entrar a estadios de desarrollo económico superiores, pasa por tener un Estado fuerte que proteja los derechos de propiedad de las personas (los derechos a la vida, la libertad y a la propiedad privada). Sin un Estado que proteja el derecho privado sólo reina la anarquía y el subdesarrollo. A ver si pronto se pone las pilas Fox. En materia de deuda externa, nos queda claro, ya lo hizo.