El sentido de toda política pública es mejorar las condiciones de vida de las personas. El hecho que nuestro país no haya eliminado o disminuido más sus niveles de pobreza, acredita el fracaso de la estrategia de desarrollo seguida. En esta afirmación hay un consenso que trasciende posiciones ideológicas.

Donde se rompe la unanimidad es al explicar por qué han fallado las políticas y cómo hay que modificarlas. Los populistas y la “izquierda” creen que la terrible situación social de millones de mexicanos se debe a las políticas “neoliberales” de cuatro lustros que han limitado el tamaño del gobierno.

Pero muchos opinamos que el problema de la pobreza se explica exactamente al revés. Se siguió un modelo económico en el que la creciente participación del gobierno en la economía se convirtió en un obstáculo para el desarrollo, lo que culminó con la quiebra del país en 1982 y una prolongada crisis económica.

Para ejercer mejor su control sobre todos los aspectos de la política, el gobierno organizó a la sociedad en forma vertical, antidemocrática y corporativista, lo que redundó en la creación de una clase dominante que extrae recursos de los ciudadanos mediante la burocracia, los monopolios y los sindicatos.

En adición, las reformas económicas e institucionales iniciadas a mediados de los ochenta se quedaron truncas y sin alcanzar a reemplazar el corporativismo antiguo con un modelo nuevo y bien estructurado que permitiera al país crecer rápido, con estabilidad y justicia social.

Quedar a la mitad del río, como nos encontramos, fue la peor de todas las opciones porque los costos del ajuste económico que tuvieron las reformas fueron evidentes pero no así sus beneficios al haber sido menos abundantes que lo prometido y al haber estado mal distribuidos.

¿Quiénes se oponen a seguir adelante con las reformas económicas? Las fuerzas más reaccionarias del país disfrazadas, por supuesto, de “progresistas.” Los autoproclamados defensores de los pobres como el delirante demagogo que mantiene secuestrada a la ciudad de México sin importarle los costos.

Pero también son responsables los empresarios monopólicos que desean que se hagan reformas pero en otros sectores y nunca en el suyo; los líderes sindicales cuyo poder y canonjías desaparecerían; los políticos y burócratas que tendrían que mostrar su eficacia y no sólo sus habilidades cortesanas.

Parte del problema es que hay mucha gente de buena fe pero adoctrinada por años en un sistema educativo público con un claro sesgo socialista que cree en la agenda populista a pie juntillas.

Como señalé el viernes pasado, las políticas adecuadas para combatir la pobreza son las que proponen reformas que permitan consolidar un conjunto coherente y bien diseñado de políticas publicas, jurídicas e institucionales para alentar un más acelerado y justo crecimiento económico.

Mientras se consiguen modificar de raíz leyes, políticas e instituciones, es necesario ampliar los programas para atenuar –que no combatir- la pobreza, de tal forma que la transición sea menos penosa para quienes menos tienen, empezando por una revolución educativa.

Una educación de calidad tiene un enorme impacto en alentar el crecimiento económico y mejorar la distribución de la riqueza. Se ha probado que invertir en capital humano con los conocimientos y habilidades que demanda el futuro, es una condición sin la cuál difícilmente progresará ningún país.

Echarle dinero del erario a la educación sin cambiar de cuajo su estructura, como proponen algunos con la creación de universidades y escuelas de ínfima calidad, no es solución. Para superar nuestra tragedia pedagógica debe alentarse mayor competencia entre proveedores de servicios educativos, lo que exige también romper el monopolio que ejerce el sindicato de maestros.

¿O alguien piensa que la canalla magisterial que está matando Oaxaca puede ofrecer una educación de calidad?