Como era de esperarse, la convocatoria que hizo López para realizar el 16 de septiembre una “Convención Nacional Democrática” tiene como único objetivo que ese día él sea elegido por aclamación popular presidente de México. Ya lo anunció en la entrevista que otorgó al periódico Le Monde. Ese día López, habiendo sido proclamado presidente mediante el simple expediente de preguntarle a la gente que acuda a su asamblea si lo eligen a él, se declarará en abierta rebeldía en contra del Estado mexicano. Desconocerá a Fox como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, desconocerá al Congreso de la Unión y desconocerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desconocerá los poderes legítimamente constituidos y desconocerá, en consecuencia, la Constitución.

Creyéndose presidente, ¿supondrá López que el gobierno mexicano, ante esta abierta rebeldía en contra de los poderes legítimamente constituidos, lo dejará hacer y deshacer a su gusto?  El artículo 6 Constitucional establece que: “La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público;...”. Si el 16 de septiembre López se autoproclama presidente y en rebeldía, estaría en abierta violación de este artículo constitucional al inducir la comisión de actos delictivos y por perturbar el orden público, por lo que el gobierno estaría obligado a proceder judicialmente en su contra.

Por otra parte, el artículo 9 constitucional establece que: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar”. Está claro que la asamblea del 16 de septiembre, en donde López se autoproclamaría presidente no tendría el carácter de lícita, violando este artículo de la Constitución. Además, dado que López está pensando en declararse en rebeldía en contra de los poderes de la Unión, difícilmente podría permanecer en su plantón en el Zócalo; tendría que irse a la clandestinidad y encabezar desde allí una revuelta armada que tenga como objetivo derrocar al gobierno mexicano. ¿No existirán en los campamentos del Zócalo, área que López y sus seguidores han declarado zona cerrada y de acceso controlado, un fuerte acopio de armas? Si esto fuese así, ello representaría una flagrante violación a la prohibición constitucional que establece que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar, por lo que el gobierno mexicano tendría que proceder penalmente en contra de López y sus seguidores. Además, de ser cierto, habría que preguntarse de dónde salieron esas armas, quién fue el proveedor.

Además de lo establecido en los dos párrafos anteriores, hay otras preguntas. ¿Quiénes constituirían las fuerzas que estarían acompañando a López en su revuelta para derrocar al gobierno? ¿Seguiría el PRD dándole su apoyo a la aventura de López? Respecto de la primera, además de los “panchos villa”, el EPR, el ERPI y quizás el subcomediante Marcos, quizás poca gente estaría dispuesta a seguirlo voluntariamente, aunque nunca faltan los locos, como algunos que se han creído la dialéctica marxista que enseñan en las universidades públicas. De la segunda, es claro que ante esta declaración de rebeldía de López, el PRD tiene que desligarse de él. El PRD no puede seguir siendo parte legítima del sistema político mexicano y apoyar simultáneamente a López cuando desconozca los legítimos poderes de la Unión. ¿Cómo podrían los diputados, senadores y gobernadores miembros del PRD apoyar la revuelta de López en contra de las instituciones de las que ellos forman parte? Imposible estar en ambos mundos simultáneamente.

López, buscando presionar al TRIFE y sabiendo que perdió la elección, que no hubo ningún fraude, radicalizó aun más su postura y confirma por qué siempre ha sido un peligro para México. Su abierta amenaza de desconocer los poderes legítimamente constituidos de la Unión y autoproclamarse presidente no es más que la culminación de una trayectoria, caracterizada invariablemente por su absoluto desprecio de la legalidad. Ya es tiempo de ponerle un alto a este loco y procesarlo judicialmente por todos y cada uno de los delitos que ha cometido. México no puede seguir siendo su rehén. ¡Ya basta!