Washington (AIPE)- ¿Deben las Naciones Unidas y demás organismos
internacionales tener la facultad de imponernos impuestos a los habitantes del
mundo? Históricamente, solamente nuestros gobiernos nacionales han tenido esa
potestad, mientras que la ONU
y los otros organismos internacionales han dependido de su habilidad en extraer
dinero a los gobiernos.
Claro que a los funcionarios de la ONU y de organismos como la OCDE, OEA, CEPAL, FAO,
UNESCO, OMS, etc. les disgusta el actual sistema porque limita su habilidad de
gastar el dinero de los demás en sus sueldos, programas y gastos. Por eso los
burócratas de la ONU
han propuesto un impuesto internacional a la gasolina, a los pasajes aéreos, a
las transacciones financieras internacionales, al uso del carbón y a muchas
otras transacciones de bienes y servicios.
Preocupado ante tales intentos, el congresista republicano Ron Paul de Texas redactó una ley recientemente aprobada por la Cámara de Representantes
que prohíbe al gobierno de Estados Unidos pagar cuotas a las Naciones Unidas si
ésta instrumenta o impone algún impuesto a los ciudadanos norteamericanos.
El asunto pasó al Senado, donde un proyecto bipartidista denominado “Ley
de Protección Contra Impuestos de la
ONU” tiene el apoyo inicial de 34 senadores. Esa ley
obligaría al gobierno de EEUU a retener el 20% de los subsidios a la ONU, la OCDE y demás organismos
internacionales si éstos desarrollan, propugnan, endosan, promueven o
publicitan cualquier propuesta sobre “la imposición de algún impuesto o cargo
al algún ciudadano de Estados Unidos o sobre ganancias obtenidas en Estados
Unidos para levantar fondos para las Naciones Unidas, para cualquier gobierno
extranjero u organismo internacional.”
El Congreso, en apoyo de tales propuestas produjo una lista de 47 puntos
sobre gestiones de funcionarios de la
ONU respecto a varios planes de impuestos mundiales,
violaciones de leyes vigentes, masiva corrupción dentro de la ONU y el daño que tales planes
impositivos le hacen a la soberanía y al crecimiento económico de naciones
alrededor del mundo.
Ha surgido la oposición de una amplia coalición de instituciones
dedicadas al estudio de políticas públicas, pero en contrapartida también han
aparecido, del otro lado, los apologistas de la ONU y demás organismos internacionales, con su
acostumbrada ceguera frente a la corrupción y al desperdicio de fondos.
Bajo las leyes de Estados Unidos es ilegal utilizar dinero de los
contribuyentes para cabildear con el fin de obtener fondos adicionales para
alguna oficina gubernamental. Pero la
ONU y la OCDE
están haciendo exactamente eso. Nos encontramos, entonces, en la extraña
situación donde los contribuyentes de todo el mundo están pagando campañas que
tienen como fin aumentarles los impuestos a todos ellos, sin ninguna protección
de la soberanía nacional. Si eso no es tiranía, ¿qué lo es?
Los defensores de impuestos internacionales que serían administrados por
sus compañeros burócratas que no le rinden cuentas a nadie llegan al colmo de
reconocer que el dinero recibido hasta ahora ha sido malgastado o robado, pero
aducen que los procedimientos se han corregido y que “los nuevos fondos se
utilizarán para ayudar a los pobres alrededor del mundo”. El secretario general
de la ONU, Kofi Annan, usa ese argumento
constantemente, a pesar que la investigación del escándalo mundial más grande
de la historia –el programa de petróleo por alimentos de la ONU- determinó que la corrupción
benefició a miembros de su propia familia.
Si la ONU,
la OCDE, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de organismos
internacionales actuaran debidamente, no se requeriría ni un centavo adicional
para ayuda externa.
Podemos estar seguros que si la
ONU y demás organismos internacionales obtienen el poder de
imponernos impuestos directamente, la gente más productiva del mundo se volverá
más pobre y menos libre, mientras que la clase burocrática internacional se
enriquecerá.
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Director general del Center
for Economic Growth y académico
asociado del Cato Institute.
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