La fracción IV del artículo 31 de la Constitución mexicana establece que los ciudadanos deberán contribuir para los gastos públicos “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

En ninguna parte de la Constitución se dice que las tasas de los impuestos deberán ser progresivas. En buen español, proporcional significa que quien tiene más ingresos más paga. Esto se logra aplicando una tasa igual –porcentaje de los ingresos o, dado caso, de los gastos de consumo- a montos diferentes. De otra forma, con tasas diferenciadas según el nivel de ingresos, o el objeto o monto del consumo, los impuestos no solamente dejan de ser proporcionales, sino que tampoco cumplen el requisito constitucional de la equidad.

Es un hecho que el actual arreglo tributario en México no cumple ni con la proporcionalidad, ni con la equidad, al establecer tasas diferentes para ingresos diferentes y tasas diferentes según el objeto del gasto o consumo.

Persiste una terrible confusión entre lo que es proporcional y lo que es progresivo. Proporcional es “la correspondencia debida de las partes con un todo o de las partes entre sí”. Si Juan gana 1000 y paga 150 mientras que Pedro gana 100 y paga 15, existe proporcionalidad (tasa igual de 15 por ciento); en cambio, si Juan gana 1000 y paga 350 mientras que Pedro gana 100 y paga 15, NO existe proporcionalidad (porque una tasa es de 35 por ciento y la otra de sólo 15 por ciento).

Progresivo, en cambio, es aquello que deliberadamente “avanza” en detrimento de uno y en supuesto beneficio de otro (como sucede en el segundo ejemplo).

El invento de las tasas progresivas en los impuestos sobre la renta fue saludado, en el siglo XIX, como una herramienta para expropiar a los dueños de los medios de producción (así lo entendió, con júbilo, Marx) no como una medida propia de una democracia liberal, en la que la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos. Bien vistas las cosas, las tasas progresivas en los impuestos violan el principio constitucional de que “nadie podrá ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales” (artículo 13).

Por otra parte, es claro que la existencia de tasas progresivas en los impuestos inhibe el crecimiento al castigar –mediante cargas más que proporcionales- a quienes generan mayor riqueza.

Si el objetivo es abatir la pobreza hay que generar riqueza a través de la generación de empleos altamente productivos. De ahí que una reforma tributaria integral -que establezca tasas bajas y parejas- no sólo sea el mejor camino para cumplir con la proporcionalidad y la equidad, sino para estimular la generación de esos empleos.