Primero fue el ex candidato perdedor López, quien habló de la necesidad de cambiar a las instituciones. No, para ser exacto, López habló de “purificar” a las instituciones de la nación. Hoy ya sabemos a qué se refería (y por supuesto, de haber llegado al poder hubiera implementado su plan siniestro), y no era más que el llamado a una asamblea jacobina “democrática” que se hubiera traducido en la eliminación ilegal del actual Congreso Constituyente para sustituirlo por un Congreso a modo, un Congreso fascista que acataría sólo las ordenes de López (tal como lo hace el Congreso defeño y el esbirro Encinas en el DF). Este hubiera sido el camino perfecto de López para transformarse de Mesías tropical a dictador plenipotenciario y vitalicio. Dada esta dictadura, muchos mexicanos habríamos tenido que escapar del país. Infierno del que nos salvamos.

Después de las críticas que se dieron en los distintos medios sobre esta postura antidemocrática de López, ahora el PRD ha tomado la bandera del “cambio” y mediante pura vocinglería ha señalado que todo apesta (claro, no ganaron las elecciones presidenciales y por tanto todo apesta y hay que purificar a las instituciones; lo que es ser mal perdedor), que el cambio de las instituciones debe ser radical. No importa que haya instituciones que sí funcionen bien, hay que cambiarlo todo. Para colmo varios periodistas ya han caído en este juego del PRD y hacen un llamado urgente a iniciar una profunda (nunca dicen en qué consiste esta profundidad) reingeniería institucional.

A ver amigo lector, no se confunda. Ni hay que purificar, ni cambiar radicalmente a todas las instituciones (algunas sí necesitan un cambio de fondo, pero hay que indicar en qué consistirían dichos cambios; decir sólo que hay que cambiar por cambiar es como navegar en el océano sin brújula alguna); las hay las que sí funcionan bien como el Banco de México y el TRIFE; las hay las que funcionando bien, necesitan perfeccionar ciertos criterios de actuación como el IFE. A continuación enumeramos algunos cambios y/o perfeccionamiento institucional que requiere México para que la vida económica, política y social se desenvuelva en un marco sólido de estado de derecho y de igualdad de oportunidades. Por supuesto, sí hay cambios institucionales que deben ser profundos, pero hay que indicar en qué consistirían y no sólo exigir el cambio por el cambio, sin razonamiento alguno. Este es el reto del Presidente entrante Felipe Calderón.

Cambios constitucionales. Antes de hablar de cambios en las instituciones, hay que hablar de cambios a la constitución, pues las leyes son las que sustentan el funcionamiento de las mismas. Las instituciones brindan el marco dentro del cual se desarrolla la actividad económica y política. Proporcionan las normas que rigen la producción y el intercambio de bienes privados y públicos. A su vez, una constitución adecuada asegura que las leyes que protegen a las personas del gobierno y de los demás no sean fácilmente modificadas por una mayoría cambiante electoral. Las buenas constituciones proveen una estructura adicional de seguridad para la acción personal. Por desgracia, la constitución política de México no brinda la seguridad jurídica que debería a los ciudadanos. Parece más bien un documento jurídico que otorga todo el poder a los gobiernos sin importar si se pasa por encima de los derechos de los ciudadanos. Sólo hay que ver los artículos 25 al 28 de la constitución. En ellos se otorga al gobierno todo el poder para planear la actividad económica, garantizando el poder monopólico en la explotación de los recursos naturales y restringiendo la propiedad privada (y con ello la inversión) en playas, ríos y mares. No, con una constitución de corte socialista como la que nos rige, el peligro de que llegue un dictador (y/o una mayoría electoral distinta) y cambie las reglas del juego a su favor seguirá latente. Hoy fue López, mañana ¿quién?

Sistema judicial y derechos de propiedad. Al día de hoy, el sistema jurídico mexicano se desenvuelve con los incentivos equivocados. La falta de transparencia en los juicios, el larguísimo tiempo que toman los jueces en dirimir un pleito y la intromisión del poder Ejecutivo (sobre todo en los estados de la República) en el ejercicio de impartición de justicia de jueces y magistrados, han terminado por hacer del sistema judicial un “Frankenstein” en donde la protección de los derechos de propiedad de las personas y el cumplimiento de los contratos deja mucho que desear. Hay que recordar que las constituciones elaboradas acertadamente incorporan el concepto de libertad negativa, por el cual los gobiernos se limitan sólo a la protección de las personas y la propiedad. Esto se traduce en instituciones sólidas y eficientes que garantizan que el cumplimiento de los contratos sea eficaz y con mínimos costos de transacción Está probado, un sistema institucional (apoyado en la constitución) que garantiza la propiedad privada, fomenta el crecimiento económico y la creación de riqueza. Es imprescindible avanzar hacia el diseño de un sistema judicial eficiente y autónomo.

Instituciones electorales. Este es el punto donde los políticos irresponsables (sobre todo los que perdieron) andan vociferando que hay que cambiar todo. No, para mejorar hay que perfeccionar sobre lo ya construido y no destruir por destruir. El IFE se ha construido con el esfuerzo de millones de ciudadanos; asimismo, ha requerido de cuantiosos recursos fiscales para diseñar los candados que eviten los fraudes electorales tradicionales. En todo caso, hay que corregir la actuación de su Presidente. En estas elecciones, el Consejero Presidente de dicho tribunal se comportó como la clásica mamá de los pollitos y se metió en problemas por andar frenando la competencia política. Debe quedar claro que la competencia política debe ser, al igual que la competencia económica, libre y transparente para ganarse a consumidores y/o electores. El árbitro no debe meterse a vigilar qué dijo quién de quién. Debe, en todo caso, asegurar que no haya desviaciones de recursos ilícitas a las campañas y, sobre todo, garantizar que el voto ciudadano se desenvuelva en el marco más diáfano posible. Tal vez sea también bueno revisar y perfeccionar los mecanismos con los que capacita a los ciudadanos para que los errores en el proceso electoral se reduzcan al mínimo. Respecto al TRIFE, es necesario que la sucesión de los magistrados sea escalonada y no de manera total como ocurrirá próximamente. Con el cambio de golpe de todos los magistrados, más de 10 años de experiencia en resolver conflictos electorales se van al tambo. En Banxico, la junta de gobierno no se sustituye de golpe. La provisión adecuada de un bien público fundamental como es la política monetaria está sustentada sólo en la sucesión parcial de la junta de gobierno, la cual cambia a sus miembros poco a poco y no de golpe, con lo que la experiencia pasada no se desaprovecha. Eso debería suceder también en el TRIFE. En materia electoral hay que perfeccionar y no destruir para volver a crear quién sabe qué.

Instituciones reguladoras de la competencia. Aquí más que perfeccionar hay que terminar de construir (sólo se perfecciona un edificio ya construido) a la regulación en materia de competencia. La Ley Federal de Competencia aún necesita perfeccionarse y aún no entra plenamente en aplicación. La Comisión Federal de Competencia, institución creada para ser garante de que los mercados se desenvuelvan en un ambiente competitivo, debe fortalecerse y volverse autónoma. Debe ser un proveedor eficiente de un bien público, como es la garantía de la competencia económica, y para ello necesita “dientes legales” que hagan coercitivo para las empresas el respetar la libre entrada y competencia en los mercados, so pena de ser sancionados si actúan en sentido contrario. Hasta hoy, la falta de una eficaz Comisión de Competencia (producto del vacío legal en la materia), ha incentivado la aparición de oligopolios -y en ocasiones monopolios- en diversos sectores de la economía, como el de telecomunicaciones, de alimentos y bebidas, de energía, educativo, de medios de comunicación, etc. El fortalecimiento de las comisiones de competencia es una obligación para el próximo gobierno del Presidente Calderón.

Cambios al Congreso y a los partidos políticos. En este renglón sí hay que hacer cambios profundos. Curiosamente, los políticos que reclaman cambios institucionales no tocan su propia casa, el Congreso, el cuál es uno de los poderes que más cambios necesita. Como están diseñadas hoy las reglas en el Congreso, francamente no hay incentivos a la cooperación que de como resultado políticas públicas eficientes y eficaces. No, al día de hoy en el Congreso privan los intereses de grupo por encima de los nacionales. Es necesario meter dos figuras claves en el mercado político mexicano para que los incentivos a la cooperación sean adecuados: reelección y elecciones primarias. La reelección en los congresos da el incentivo a que los políticos rindan cuentas a la ciudadanía si quieren ser reelegidos y continuar con su carrera política. Hoy los políticos mexicanos no están interesados en rendir cuentas a sus electores, sino a sus jefes, los de las cúpulas partidistas. Asimismo, si la gente puede también elegir a los candidatos de los partidos a cualquier puesto político (elección primaria), los incentivos de servir de los políticos entonces se vuelven a la gente y no a las cúpulas; la elección primaria fortalece la reelección. Sería también deseable que existan las candidaturas independientes ciudadanas. Hoy, cualquier ciudadano que legítimamente quiera ser votado, debe pertenecer a algún partido político; nuevamente se imponen las mafias cupulares de los partidos. Finalmente, sería bueno una depuración del Congreso en donde desaparezcan los puestos para los cuates y los compadres (las llamadas posiciones plurinominales) y una reducción en el número de diputados y senadores. Proporcionalmente hablando, el número de legisladores en México supera en tres veces al de países más grandes y más ricos como EU. Todo un insulto para el bolsillo del contribuyente mexicano.

Elecciones y competencia partidista. Este es el renglón que más reformas necesita. El financiamiento actual a los partidos políticos es simplemente inaceptable. Significa un gran derroche de los dineros del contribuyente. Es costosísima nuestra democracia. Esto ha dado pie a que surjan verdaderos grupos mafiosos que sólo buscan el registro para conseguir todo tipo de prebendas. Por otro lado, las campañas son muy largas y desgastantes. Se deben acotar a 3 ó 4 meses. Más tiempo es derroche y hastío para el ciudadano. Es necesario también acotar el número de elecciones. Año con año México tiene elecciones (con su respectivo costo al contribuyente); cuando no son presidenciales, son de gubernaturas y municipios. Esto sólo es ruido para la cooperación política. Los partidos no están ocupados en concretar reformas que se traduzcan en políticas públicas necesarias para el país, sino en grillar -y usar los recursos del contribuyente- para no perder posiciones y/o votantes. Sería deseable que las elecciones de todos los niveles de gobierno se realizaran en fechas únicas. Finalmente, es necesario fortalecer la ley de libertad de expresión. En la competencia de los partidos por obtener el poder, se debe permitir a cualquier grupo de la sociedad (sean empresarios, periodistas, miembros de cultos religiosos ó a los mismos políticos) el apoyar estratégicamente y/o con proselitismo (ojo, sin usar indebidamente recursos del contribuyente) a los candidatos que sean de su agrado. Han surgido voces del pasado, que quieren taparle la boca a empresarios y/o a cualquier grupo social, el manifestarse plenamente en los procesos electorales. Claro, los más interesados en esto son los seguidores de López que hipócritamente hicieron lo mismo (y peor aún, usaron recursos del contribuyente para apoyar, vía medidas populistas, a su candidato) y que, si por ellos fueran, lo ideal sería que no hubiera medios y/o grupos de la sociedad críticos al PRD. Esos son los vestigios estalinistas de nuestra izquierda mexicana. Con “el regaño” del TRIFE a Fox y a empresarios, la actitud debe ser la de reformar la ley de libertades políticas, que garantice, como sucede en las democracias modernas, la participación de toda la sociedad que quiera pronunciarse por uno u otro candidato, por uno u otro partido, por una u otra política. El regaño de la corte es tocante a la actual y obsoleta ley de libertad política que nos rige y no debe interpretarse como un llamado a frenar la libertad de expresión. Definitivamente, el derecho a expresarse, a apoyar, a disentir debe perfeccionarse. Esa es la esencia de la democracia liberal.

Está probado, los arreglos institucionales son necesarios para que la economía crezca y los ciudadanos tengan un bienestar adecuado. El reto es perfeccionar y construir a las instituciones y no andar con actitudes antidemocráticas de “depurar” y/o destruir para construir. Ahí está el reto. Tienen la palabra los políticos del próximo gobierno.