Felipe Calderón centró su campaña presidencial en la promesa que como líder de México centraría su gobierno en conseguir una rápida generación de empleo para absorber al número creciente de ciudadanos que se incorpora al mercado laboral todos los años sin encontrar una ocupación digna y bien remunerada.

Como Presidente Electo ha ratificado que ésa será su prioridad junto con el combate a la pobreza y la inseguridad pública. De aquí hasta su toma de posesión, Calderón y su equipo deben estructurar sus planes para emprender los complejos cambios en el gobierno que permitan priorizar el empleo.

El primer trabajo profesional al regresar de mis estudios de postgrado en la Universidad de Chicago, lo tuve en un grupo que se estaba formando en 1973 para estudiar el problema de la insuficiente generación de empleo que ya entonces constituía un obstáculo serio para un desarrollo nacional equilibrado.

En las discusiones que siguieron entre los profesionales con diversas especialidades que integrábamos el Grupo para el Estudio del Problema del Empleo –que fue la simiente que eventualmente se convirtió en el CIDE-, me percaté de la enorme complejidad del tema.

La única forma de promover una efectiva y acelerada generación de empleo obliga a adoptar una estrategia integral de desarrollo pues todas las políticas públicas inciden ya sea creando incentivos o interponiendo obstáculos para crear nuevas fuentes de trabajo con celeridad.

Las experiencias que tuvimos hace más de treinta años pueden ser de utilidad para el próximo gobierno. En aquel entonces, las recomendaciones de reformas que hicimos a la administración de Luis Echeverría fueron ignoradas casi por completo.

Era necesario reformar todas las políticas públicas para poder incorporar a los nuevos trabajadores que se integraban al mercado laboral y absorber el rezago, que hoy es mucho más grave, de quienes sólo encontraron ocupación en la economía subterránea y en el extranjero. La primera tarea consiste en emprender una reforma laboral a fondo.

Para aumentar la eficiencia de la economía, condición básica para generar empleo, es obligado revisar las formas de contratación de los trabajadores. Para expresarlo sin rodeos, las llamadas “conquistas obreras” son un obstáculo mayúsculo para crear nuevos trabajos, elevar la productividad y generar el dinámico crecimiento económico que se requiere.

¿Cómo explicar una contradicción como la que ha habido entre la retórica oficial en materia laboral y la realidad de millones de mexicanos que sólo sobreviven en la marginación, el subempleo y la emigración? La explicación se encuentra en la brecha entre las prerrogativas utópicas, como el derecho al trabajo “consagrado” en la Constitución, y la realidad.

Que todo mexicano tenga “derecho a un trabajo bien remunerado” no obliga a nadie a contratar trabajadores que salen más caros de lo que producen. Si al salario que llevan a sus hogares se suman los impuestos a las nóminas, los costos de seguridad social, y las aportaciones a los fondos de vivienda y pensiones, el costo por trabajador fácilmente se duplica para quien lo emplea.

Si además se considera la dificultad y el pronunciado desembolso que implica despedir trabajadores, los costos de contratación son aún mayores. El encarecimiento de la mano de obra induce a los patrones a usar tecnologías para minimizar la contratación de trabajadores o recurrir a la ilegalidad.

Varios estudios sobre el sector informal de la economía señalan que es probable que ahí se genere entre el 30% y el 50% del valor agregado producido en el país. Es decir, la economía subterránea, en la que no existen los derechos laborales antes citados, ha generado más empleos que la economía legal en los últimos treinta años.

Mañana seguiré con la discusión de las reformas necesarias en éste ámbito.