Que las mayores oportunidades de empleo para los mexicanos en las últimas dos décadas las hayan ofrecido la economía subterránea y la emigración ilegal a Estados Unidos, es la mejor prueba de los graves obstáculos que enfrentará Felipe Calderón para cumplir su promesa de ser el Presidente del empleo.

Como comentamos ayer, la estrategia de generar suficientes empleos no puede limitarse a acciones que sólo atañan al mercado laboral. Hay que emprender una estrategia integral de desarrollo para eliminar obstáculos que las políticas públicas imponen a su crecimiento, pero modificar el marco laboral es esencial.

La ilegalidad y la emigración representan graves lacras para el país pues en ambos casos obligan a millones de mexicanos a vivir al margen de la ley, lo que, a su vez, les impone elevados costos derivados de la corrupción y la explotación que permiten que realicen sus actividades furtivas aquí y en EU.

Dada tan atroz situación, ¿por qué no se hacen las reformas necesarias a las leyes del mercado laboral e insiste el gobierno en una retórica vacía y en continuar prácticas perjudiciales para la mayoría de los trabajadores, sobre todo los de menores recursos sin acceso al sector formal del mercado?

Por la sencilla razón que las leyes y políticas vigentes, que la administración del Presidente Fox hizo un tan fallido como tímido esfuerzo en modificar, benefician a grupos que siendo minoritarios, están bien organizados en sindicatos y centrales obreras que solían ser un pilar político del sistema.

Durante los años de dominio priísta, la manipulación del mercado laboral con sus líderes venales resultaba esencial en la cultura corporativista que le entregaba todos los hilos del control político al Presidente en turno, que en este caso era el sosiego de los trabajadores organizados del país.

Ríos de dinero, canonjías y puestos políticos para los líderes obreros y sus sindicatos, era el modesto precio que pagaban los gobiernos de antaño a cambio del apoyo incondicional del “movimiento obrero”, a pesar que sus políticas fueran un lastre terrible para la creación de empleos.

Para que la economía pueda crecer con mayor rapidez y crear los trabajos necesarios para reducir el subempleo y revertir la emigración, es necesario modificar a fondo el marco jurídico y regulatorio en materia laboral empezando, como sugerí ayer, por financiar impuestos, seguridad social, vivienda y pensiones sin cargarlos a la nómina, lo que permitiría abatir sus costos.

Es necesario también flexibilizar la legislación referente a contrataciones y despidos. Para conseguir que el sector obrero acepte lo anterior hay que ofrecer incentivos para la contratación de más trabajadores, como los siguientes:

·         Desgravación impositiva de hasta tres o cuatro salarios mínimos.

·         Seguro de desempleo que evitando generar incentivos al ocio, permita a los trabajadores sin empleo sobrevivir transitoriamente e invertir en educación, reentrenamiento y capacitación para el trabajo.

·         También hay que modificar las reglas para elegir dirigentes sindicales mediante votación universal y secreta y que haya plena libertad de afiliación, para que los trabajadores tengan a los líderes que genuinamente quieran y pertenezcan al sindicato de su elección sin estar encadenados por contratos-ley, como hoy.

De los planteamientos anteriores surge la pregunta ¿estará el gobierno de Felipe Calderón en posibilidad de eliminar el sistema de privilegios obsoleto y disfuncional que le otorga a una elite sindical a cambio del dudoso privilegio de recibir el apoyo de preclaros líderes como Joaquín Gamboa Pascoe?

Hay que ponerse del lado de quienes aspiran a trabajar en México con una política de empleo imaginativa, que beneficie a todos los trabajadores, actuales y potenciales, y no a unos pocos. Ello requiere crear las condiciones políticas que permitan enfrentar con éxito la previsible oposición de los líderes.