He reseñado en mis últimos artículos las ponencias de Andrés Rozental y Rafael Fernández de Castro en la conferencia organizada por el Inter-American Dialogue el lunes pasado. Hoy me refiero a la relación México-Estados Unidos en opinión de estos expertos y a las preguntas del auditorio.

Se señaló que las favorables condiciones que se dieron al inicio simultáneo de las administraciones de Vicente Fox y George Bush para una buena relación bilateral, son impensables ahora porque el pensamiento en Estados Unidos respecto a sus fronteras ha cambiado radicalmente.

La desilusión del Presidente Bush con la actitud de México después de los actos terroristas del 11 de septiembre, marcó el término de la relación prioritaria que pretendía de inicio que su gobierno tuviera hacia nuestro país.

Pero el cambio en la actitud estadounidense hacia México es más profundo pues la preocupación de la gente por su seguridad nacional ha contribuido a que una displicencia benévola hacia la inmigración ilegal se haya trocado por la exigencia de “hacer algo” para controlar las fronteras.

En la relación Fox-Bush se planteaban los asuntos fronterizos con una combinación de alicientes y castigos por lo que el endurecimiento de las condiciones en el norte de la frontera tuviera a cambio concesiones a los mexicanos que ya residen en ese país.

Sin embargo, la relación Bush-Calderón se dará en un ambiente menos favorable pues EE.UU. impondrá condiciones unilaterales de mayor rudeza contra los ilegales, como demanda un grupo creciente de sus ciudadanos y sus representantes en Washington, sin dar nada a cambio.

A la pregunta sobre la posibilidad de una productiva alianza legislativa PAN-PRI dada la experiencia de los nulos acuerdos del actual sexenio, Rozental respondió que, en efecto, el preveía una situación completamente distinta en el Congreso.

El PRI jugó a llevarle las contras al gobierno de Fox y denunciarlo de ineficaz, como su boleto para recuperar la Presidencia. Como es evidente que esa estrategia fracasó, los incentivos para la bancada priísta en el Congreso son ahora totalmente distintos.

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo las reformas que requiere México para elevar su competitividad, señaló que es posible hacer reformas fiscales por la vía administrativa que permitirían elevar la recaudación impositiva aunque no se tocaran las leyes correspondientes.

En lo tocante a la generación empleo, adoptada por el Presidente electo como su prioridad, se dijo que una reforma laboral resultaba indispensable. En cuanto a la necesidad de hacer una “reforma del Estado” que se requeriría para restaurar el poder a una presidencia muy debilitada, no hubo acuerdo.

Mientras Fernández de Castro señaló la necesidad de llevarla a cabo, Rozental indicó que, a su juicio, la situación jurídica prevaleciente en el país no implicaba una Presidencia débil y que, por lo tanto, no pensaba que se requiriera de cambios estructurales de fondo.

Rozental terminó su intervención haciendo una reflexión que me pareció muy original y sugerente: que en el corazón del discurso de López Obrador, en sus denuncias contra el influyentismo, los compadrazgos y los monopolios, había de hecho un reclamo por la falta de un estado de derecho efectivo y eficaz.

Como yo siempre he considerado a López Obrador como un violador pertinaz de todas las leyes que no son de su agrado, no se me había ocurrido pensar que su discurso se pudiera interpretar como un llamado justiciero para restaurar la aplicación de la ley.

En la medida que se use esta interpretación para ir sembrando apoyo en favor de restaurar un estado de derecho efectivo y justo, entre un pueblo profundamente descreído de la ley y la justicia, como lo señalan las encuestas, el discurso de AMLO habrá aportado algo positivo.