Oaxaca, el plantón en el DF, las agresiones de los grupos violentos de López, la rebelión de los empresarios ante los tres poderes de gobierno en Tijuana, las ejecuciones diarias del narcotráfico, la inseguridad pública que en general padece la mayoría de los estados de la República, etc., son sólo ejemplos del pobre estado de derecho que priva en México. Sí, lamentablemente el Estado mexicano no está haciendo su parte. Hay dos bienes públicos esenciales que el Estado mexicano no está cubriendo con eficiencia y eficacia: impartición de justicia y seguridad pública. Ambos bienes están estrechamente relacionados y su buena función es de vital importancia para preservar la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos.

Es obvio, tenemos un Estado obeso que está atendiendo otros menesteres que nada tienen que ver con los tres preceptos fundamentales arriba mencionados. Valdría la pena recordar qué son los bienes públicos y privados.

Bienes privados, amigo lector, son los que está actualmente usando al leer este artículo, a saber, la ropa que trae puesta, su computadora personal, tal vez desde su casa (otro bien privado). Así es, los bienes privados son aquellos en los que hay exclusividad de quien los usa (hay que pagar por obtener dichos bienes y sólo quien paga los puede consumir). Asimismo, el uso que otra persona haga de sus bienes privados (los suyos amigo lector) afectará el consumo que usted haga sobre el mismo (rivalidad); o sea, si alguien bebe de la tasa de café que usted tiene en su mesa, le quedará menos cantidad del mismo para beber (habrá afectado su consumo). Cualquiera que use algún bien privado de otra persona (el que sea), afectará su cantidad y/o calidad. Por su parte, los bienes públicos son aquellos que presentan las características contrarias: no exclusividad y no rivalidad. O sea, un bien público puede ser consumido por otros, sin afectar el consumo que usted haga del mismo; asimismo, un bien público no tiene exclusividad para nadie. Ejemplos de estos bienes pueden ser el alumbrado público; da lo mismo que haya una persona, 5, ó 10 en una calle y el consumo de alumbrado público de una persona no es ni exclusivo, ni afecta el consumo de los demás (todos reciben la misma cantidad de iluminación). Otros ejemplos de bienes públicos son el ejército, la impartición de justicia, los bomberos, la política monetaria del banco central, la regulación sobre los agentes económicos, etc.)

Debo decirle que la definición arriba mencionada es la que usted encontrará en cualquier libro de texto básico de economía. Los conceptos de bien “público y/o privado” provienen de la llamada Teoría de la Elección Pública (Public Choice Theory) cuyo padre es James Buchanan y se enmarcan en las llamadas fallas de mercado (se dice que el mercado falla porque los agentes económicos privados no tienen incentivos en proveer la cantidad adecuada de bienes públicos -otras fallas de mercado son las externalidades, la información asimétrica y los mercados incompletos). Esta concepción de lo “público y lo privado” ha sido severamente cuestionada por los economistas de la escuela austriaca. Estos autores aseguran que la división entre bienes públicos y privados es arbitraria, que muchos bienes mal llamados públicos podrían perfectamente ser producidos por las empresas privadas (y volverse por tanto bienes privados) si existieran los incentivos adecuados. No es objetivo de este artículo abordar este debate (aún no concluido), pero si quiere saber más de esto amigo lector, puede revisar el ensayo de Hans-Hermann Hoppe, uno de los austriacos más destacados, en el weblog de Jorge Valin.

Independientemente de esta valiosa crítica, los economistas continúan usando la terminología de “lo público y lo privado” por razones prácticas, para analizar si realmente el gobierno está produciendo óptimamente eso que se llama bienes “públicos” ó está invadiendo la esfera de los agentes privados. Lo cierto es que como apunta Hoppe, a lo largo de la historia, una inmensa mayoría de los gobiernos ha llamado “públicos” a bienes que no lo son (presentan rivalidad y exclusividad). Tal es el caso de los ferrocarriles, el petróleo, el agua, el correo, las telecomunicaciones, aeropuertos, puertos marítimos, energía nuclear, etc. Hoy día es un hecho que los países desarrollados (en donde hay mayor libertad económica) han corregido en su mayoría estas viejas concepciones y han dejado que el sector privado entre a producir dichos bienes; incluso, la tecnología ha hecho desaparecer a los mal llamados monopolios naturales (donde no puede haber más de una empresa en el mercado) y ha sido posible intensificar la competencia en sectores en donde antes se requería un gran monto de inversión para entrar al mercado (y por tanto había una o muy pocas empresas compitiendo).

En México, nuestra constitución socialista trata arbitrariamente a bienes privados como públicos, tales como petróleo, agua, electricidad, educación, telégrafos, energía nuclear, salud, etc. De acuerdo a las características de rivalidad y exclusividad estos bienes son privados y no públicos. De hecho, en México, en la época porfiriana, muchos de estos bienes eran privados y su provisión era la óptima.

En la época moderna, en cada uno de estos bienes el gobierno mexicano ha fracasado flagrantemente en su producción (los produce con altos costos e ineficiencia en su provisión). Es obvio, en un análisis costo-beneficio, el sector privado los provee a menores costos, o sea, con mayor eficiencia. Entonces, por qué la terquedad de la izquierda mexicana por negar esta evidencia. La izquierda europea ha entendido mejor esto. Ojo, el que el gobierno provea servicios a los usuarios a bajo costo, como la salud y la educación, no debe confundirse con el hecho de que sea más eficiente que el sector privado. No, al gobierno le costó producir dichos bienes y casi siempre le costó más que al sector privado proveerlos; lo que pasa es que el gobierno simplemente subsidió la provisión de dichos bienes con recursos que le tuvo que quitar a otros contribuyentes. Eso le permitió dar “gratis” ó casi gratis los servicios públicos provistos. No, definitivamente no hay nada gratis en la economía. No nos damos cuenta de esto porque sólo vemos el precio y/o tarifa de usar los servicios públicos y rara vez lo que cuesta producirlos.

Aún si aceptáramos el hecho de que la salud y la educación son bienes públicos (que no lo son, insistimos), su provisión por parte del gobierno no tiene por qué pasar por su producción. El gobierno puede permitir al sector privado producir dichos bienes y, en todo caso, sólo subsidiar la demanda de los consumidores para que escojan a dónde acudir a estudiar y en donde atenderse médicamente. Este sería un esquema superior al que actualmente prevalece en nuestro país.

México ganaría muchos recursos más si dejará de producir bienes privados como petróleo, electricidad, agua, petroquímica, educación superior, investigación científica, etc. Asimismo, mucho se ganaría si cada obra pública fuera aprobada sólo si cada miembro de la sociedad la valora más que el costo de producirla, o sea, sólo aprobar obras públicas que sean rentables socialmente. En este caso se avanzaría mucho si los contribuyentes supieran con toda claridad cómo va a ser financiada la obra pública y sobre quién recaerán los costos de la misma (deben recaer principalmente sobre los usuarios a quien beneficie la susodicha obra).

Los recursos que México se ahorraría por dejar de producir bienes que produce mejor el sector privado, serían enormes y podrían ser canalizados a diseñar y modernizar el sistema de justicia, así como a reconstruir y solidificar la seguridad pública (la que por cierto, con su deterioro, es desplazada cada vez más por la seguridad privada). Un Estado que sólo se aboque a proveer bienes públicos (sin que eso signifique necesariamente su producción), siempre será más eficiente que aquellos que todo lo subsidian y que arbitrariamente tratan a bienes privados como públicos. La caída del socialismo ya lo demostró. Asimismo, hoy los países más ricos son los que más libertad económica tienen y, por tanto, los que menos bienes públicos producen (y los que producen se producen con calidad como la impartición de justicia).

En los países donde el gobierno no tiene injerencia en el mercado de bienes privados, la investigación científica, la educación profesional, la producción de bienes y servicios, así como la eficiencia en el uso de los recursos naturales en general, es muy superior a la de aquellos cuyos gobiernos se meten a producir todo, mezclando sin ton ni son la esfera de lo público y lo privado. El Estado mexicano ha descuidado sus tareas esenciales por andar produciendo bienes que las empresas privadas producirían mejor. De proseguir el actual modelo, difícilmente estaremos a salvo del crimen organizado, los grupos violentos estalinistas (como los que operan en Oaxaca y que quieren extender su dominio a más estados de la República Mexicana) y de los abusos de los ladrones y asesinos. Necesitamos que el gobierno ya no produzca bienes privados, disminuya su producción de bienes públicos y mejore su calidad. Calidad y no cantidad, siempre es lo que los ciudadanos y consumidores prefieren.