Los conflictos de fin de sexenio muy al contrario de ir a la baja, prometen continuarse y seguir creciendo en complejidad y conflictividad. Sin duda es un síntoma de que hay problemas que no se han resuelto. Uno de ellos es particularmente relevante: la relación entre lo local y lo federal. Poco cambiará el país mientras no se entienda que la democracia ha reinaugurado, aunque de manera conflictiva, el federalismo mexicano. Si los políticos no logran entender la nueva realidad del poder en México, ni el crecimiento económico ni el desarrollo político serán objetivos asequibles.

El régimen presidencial mexicano sostenido por un partido hegemónico, trascendió la estructura federal del estado mexicano y sometió las diferencias entre estados a la homogeneidad partidista y el unívoco liderazgo presidencial. La transición a la democracia fue posible sólo en la medida en que desarticuló de manera gradual ese dominio partidista sobre los espacios políticos. Las victorias de la oposición en el ámbito local de gobierno permitieron la caída final del régimen y el paso a la democracia.

Pero el proceso de transición no sólo trasformó la naturaleza de la competencia por el poder a nivel federal, sino que cambió de manera radical la dinámica de la competencia política en los propios estados. Ante la ausencia de un liderazgo partidista único y personalizado por el presidente, los liderazgos locales se revitalizaron, las diferencias entre los miembros de un mismo partido pero atados a realidades diferentes desataron divisiones y perfilaron la lucha por autonomías locales frente al poder federal.

A pesar del reconocimiento casi consensuado de este proceso de cambio, los políticos mexicanos y sus comentaristas insisten en la línea de mando de lo federal. Así las elecciones en Chiapas eran pobremente analizadas desde el conflicto postelectoral federal. El triunfo de uno u otro candidato a la gubernatura sería puntal o despeñadero de los aspirantes a la presidencia. La contienda chiapaneca concluyó demostrando, una vez más, que mirar la realidad política de los estados necesita lentes diferentes a los que se usan para mirar la competencia por el poder a nivel federal.

Pero la evidencia sigue ignorándose y ahora es Tabasco la trinchera local de la lucha por el poder federal. De nuevo, trinchera falsa. Los electores tabasqueños decidirán el sentido de su voto por gobernador en un escenario radicalmente distinto a aquél en el que votaron por algún candidato presidencial. Definitivamente puede utilizarse el resultado para generar una percepción de que se ha debilitado algún competidor, pero en última instancia, el punto es que el escenario federal no está afectando las consideraciones de electores de una particular demarcación electoral.

En cualquier caso, ahí hay un problema analítico para explicar las elecciones locales. Pero más grave resulta que la conducción de los gobiernos esté dirigida por esta equivocada creencia. Si bien estos escenarios son sólo pequeñas ilustraciones de un gran problema, el caso oaxaqueño es el ejemplo límite de un error de interpretación. El gobierno federal y el Senado han permanecido a la espera de que un arreglo entre cúpulas partidistas produzca una graciosa solución al conflicto oaxaqueño. Mientras los problemas locales sean percibidos por los políticos a nivel federal como eco de sus propios conflictos, seguirán creciendo y agravándose como ha pasado en Oaxaca.

El conflicto en Oaxaca es local en su naturaleza. Las negociaciones salariales que iniciaron el conflicto son las mismas que se dan año con año. La diferencia radica en que por esta ocasión, el gobernador Ruiz encontró conveniente el uso de la fuerza pero fue incapaz de imponerla. La participación de las policías locales sólo agravó el conflicto, radicalizando al magisterio y allegándole de mayores apoyos organizacionales y una mejor percepción en la opinión pública oaxaqueña.

La incorporación de la APPO al conflicto tiene su motivación principal en la negativa de Ulises Ruiz a seguir financiando los grupos de choque que la integran. La violencia con la que actúan contra el gobierno es la misma que ocuparon antes en su favor. De nuevo, la ausencia de reformas institucionales a nivel local ha permitido la existencia ilegal de estos grupos de choque al servicio del Estado. Pero en tanto las responsabilidades no puedan ser claramente asignadas, las negociaciones del absurdo seguirán entorpeciendo los caminos de la solución.

La pasividad del gobierno federal refleja el temor a que la dimisión del gobernador siente un precedente por el que sufra después Felipe Calderón. Pero también ratifica la convicción del gobierno federal por no allegarse de problemas que, asume, no le corresponden (en otro y yo por qué). La ausencia de responsabilidades claramente establecidas permite que el presidente continúe su omisión. La irresponsabilidad no es menor. Cuando las instituciones caen la gente muere. Mientras el conflicto en Oaxaca sigue creciendo, los políticos siguen hablando de alternativas que conocen inviables e ineficaces. Mientras no se entienda el cambio político de México, nuestros gobernantes seguirán maximizando los costos políticos de resolver conflictos. Los ciudadanos en vilo, esperaremos que la estupidez abandone a aquellos que nos gobiernan.