Crecimiento económico y una acción subsidiaria del Estado son dos de los elementos que se requieren para abatir continua y significativamente la pobreza. México tiene, según el último informe, alrededor de 48 millones de individuos en la pobreza (no 20 como equivocadamente señalé en el artículo de la semana pasada; estos son, aproximadamente, el número de individuos en extrema pobreza, mismos que subsisten con menos de un dólar diario de ingreso). Aunque algo se ha avanzado en la reducción de la pobreza, obviamente el resultado hasta ahora alcanzado está muy lejos de los propósitos buscados, básicamente porque la economía mexicana ha tenido, en términos de crecimiento económico, un desempeño más que mediocre. ¿De quién es la culpa de que la economía solo crezca de manera sostenida a una tasa de solo 3.5% anual, crecimiento por demás insuficiente para poder lograr un abatimiento significativo de la pobreza? La respuesta a esta pregunta es de por sí complicada, pero podemos apuntar a dos actores principales: el gobierno y los grupos de interés que han actuado como buscadores de rentas.

En primer lugar, el gobierno es el agente económico más ineficiente que existe en la economía; su accionar se caracteriza, generalmente, por ser un desperdiciador de recursos. Prácticamente ningún funcionario público tiene el incentivo para utilizar eficientemente los recursos que administra, simple y sencillamente porque éstos no son de su propiedad y la asignación de los recursos que se le extraen a la sociedad a través del sistema tributario no es la óptima. En consecuencia, la rentabilidad social por peso gastado es notoriamente baja es decir, la contribución que hace el gasto gubernamental al crecimiento económico es realmente muy poca.

Adicionalmente, el gobierno falla en dos aspectos fundamentales. El primero es que el cuerpo legal y regulatorio que rige la operación de los mercados es en gran medida excesiva, ineficiente e ineficaz, de forma tal que los costos de transacción con los cuales opera la economía mexicana son muy elevados, costos que se traducen en un ingreso menor al que dicta la cantidad de recursos productivos existentes. La segunda gran falla del gobierno, con un enorme costo en términos del crecimiento económico es la notoria ineficacia con la cual se protegen los derechos privados de propiedad, tanto por parte de los poderes ejecutivo como de los poderes judiciales (federal y estatales). Hacer negocios en México, invertir en México, crear riqueza y empleos es notoriamente costoso porque no hay garantía plena de que los derechos privados de propiedad estén efectivamente protegidos y garantizados.

El segundo grupo de culpables de la baja tasa de crecimiento económico son los grupos de interés que, ante la notoria debilidad o impotencia del gobierno para eliminar del marco legal todos aquellos elementos que inhiben o impiden que los mercados operen en un contexto de competencia, aunado a la falta de voluntad de muchos funcionarios públicos, empezando por el propio presidente de la República, de hacer cumplir las leyes, han cooptado al sistema político y gubernamental para apropiarse de rentas y que con sus actos impiden que se mejore el diseño y aplicación de diferentes políticas públicas y económicas. Ejemplos abundan: empresas que buscan proteger sus rentas monopólicas y que en muchos casos capturan a los organismos reguladores, empresas que buscan y obtienen subsidios y protección contra la competencia de productores externos, sindicatos de empresas privadas y gubernamentales, sindicatos de trabajadores gubernamentales tanto federales como estatales y de organismos públicos, los burócratas que administran la regulación y que extorsionan al sector privado, los partidos políticos y los propios políticos que medran de la riqueza nacional, etcétera.

Lograr que la economía crezca de manera sostenida a tasas más elevadas que las registradas en los últimos lustros, es el principal reto que enfrentará el próximo gobierno. Ampliar las libertades individuales, dotar a la economía de un marco legal eficiente, proteger los derechos privados de propiedad, vencer la resistencia de los grupos de interés y eliminar de esa manera la apropiación improductiva de una parte del ingreso nacional son acciones que se requieren tomar. No hacerlo condenará a la economía mexicana a seguir teniendo un desempeño mediocre y a decenas de millones de mexicanos a vivir en la pobreza.