Con la colaboración de Edgar Moreno

El conflicto oaxaqueño continúa agravándose con el tiempo pero la solución se percibe distante. El uso de la fuerza pública, sea a través de los cuerpos policiacos federales, del Ejército o de la Armada, no es la única alternativa aunque es la que se ha establecido con mayor claridad. La otra, la salida política, no es sino un cliché más de nuestra clase gubernamental. El uso de la fuerza es también una salida política en todos sus sentidos. Pero en cualquier caso y en la medida en que la violencia debe ser evitada hasta donde sea posible, es importante que se planteen los escenarios que han sido más ignorados: las alternativas reales de una solución pacífica.

Tras la conversión de un conflicto cuyas demandas se han concentrado en la renuncia de Ulises Ruiz, se ha hecho recurrente el llamado a la confusa facultad senatorial de la desaparición de poderes. A riesgo de ser tachados de legaloides, que es el epíteto peyorativo de moda para cuando se recurre a la lectura y análisis de la ley ante un conflicto, dedicamos este espacio a tratar esta alternativa, pues las múltiples referencias a ella que hemos encontrado en la prensa y en algunas mesas de análisis son escasas en describirla. Parecen implicar, sin explicar, que su no-ejercicio hasta ahora parte de la simple indiferencia federal o del “mayoriteo” del grupo parlamentario del PAN y del PRI para proteger a Ulises Ruiz, y no de un posible límite jurídico de los supuestos de aplicación de la tal desaparición de poderes.

El art. 76 en su fracción V, a la letra dice que el senado tiene la facultad exclusiva de “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado […] Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso”. Pedir al Senado, en consecuencia, que desaparezca los poderes no es jurídicamente posible. En todo caso, debe pedirse que simplemente constate –con pruebas aportadas por el peticionario- que ya han desaparecido todos los poderes.

El artículo 2 de la ley reglamentaria del artículo constitucional en cuestión, precisa de manera limitativa los casos en los que se configura la desaparición de poderes, siendo el supuesto más cercano al conflicto oaxaqueño el expuesto en su fracción III. Allí se expresa que habrán desaparecido los poderes si “estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”. Así pues, no basta que estén ocurriendo situaciones complejas o incluso violentas, sino que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se encuentren imposibilitados para ejercer su encargo y que el Senado así lo declare.

La Constitución del Estado de Oaxaca, por otro lado, prevé en su artículo 72, fracción VI, que en el caso de que los poderes constitucionales sean declarados desaparecidos, alguno de los senadores por el Estado asumirá las funciones de gobernador provisional y llamará a elecciones para elegir gobernador y diputados, así como deberá nombrar a los magistrados del tribunal de justicia.

La intervención del Senado en el conflicto, como consecuencia de sus facultades constitucionales, no es obvia. El escenario del Estado más bien parece no aportar los elementos jurídico-políticos para que se declare que hoy han desaparecido todos los poderes en el Estado de Oaxaca, y pone a un órgano federal a resolver un conflicto sobre la permanencia de un gobernador local en funciones, cual si fuera el Senado la instancia natural para revocar mandatos. No forcemos esta facultad más allá de sus límites. En su caso, replanteemos la pertinencia de esta facultad constitucional que manifiesta la clara tensión entre la intervención federal y la autonomía de los Estados, y cuyos supuestos de aplicación no son suficientemente claros.

Al lado de la desaparición de poderes queda el diálogo que, por otro lado, no parece conducir a ningún lado. La APPO ha dicho que su voluntad negociadora requiere la dimisión de Ulises Ruiz que sólo se ve legítima en su renuncia. Pero aquí el asunto de fondo: la renuncia del gobernador por sí sola, no cambiará las cosas en Oaxaca. En cambio, en un país donde los costos de movilización son relativamente bajos, sentar un precedente donde un grupo de choque (focalizado en una ciudad y con un apoyo popular francamente minoritario) puede remover a un gobierno por la vía de la violencia, resulta más bien peligroso para la futura estabilidad política del país

En este sentido vale la pena preguntar hasta dónde es posible tolerar la intolerancia. El régimen democrático se construye en la pluralidad, en la diferencia, pero establece para ello canales institucionales de negociación y resolución de conflictos. No como una concesión graciosa sino como un mecanismo indispensable para sostener el orden y en última instancia, proteger los derechos de las minorías.

El conflicto oaxaqueño creció más de lo que esperaban Ulises Ruiz y Vicente Fox. Una solución que se base en la ruptura con la legalidad y en el reconocimiento de la violencia como un mecanismo legítimo para canalizar demandas, podría generar un problema mayor. Ya se forman los símiles de la APPO en otros estados de la república. No como el resultado de un problema social de descontento generalizado sino como un acto oportunista de grupos de interés con capacidad de movilizar grupos de choque.

El uso de la fuerza pública no implica el derramamiento de sangre. Una intervención policíaca o militar cuidadosa y bien planificada debería ser una alternativa o al menos una amenaza creíble que flexibilice a la APPO. Si el Estado es incapaz de obligar al cumplimiento de la ley sin recurrir a infringirla, la desaparición de poderes en Oaxaca se torna una trivialidad.