El gobierno tiene un importante papel que jugar en la economía. Entre los diferentes roles que le tocan destacan: a) dotar a la sociedad de un marco legal y regulatorio que defina eficientemente los derechos privados de propiedad y genere las condiciones para que los mercados operen en un contexto de competencia; b) proteger y garantizar los derechos privados de propiedad así como garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre estos y el gobierno; c) dotar a la sociedad de un marco macroeconómico estable caracterizado por bajas y estables tasas de inflación; d) proveer a la sociedad de bienes públicos; e) corregir los efectos externos o externalidades, tanto negativas como positivas, que se derivan de las acciones individuales; f) proveer de bienes que, como algunas obras de infraestructura, generan un beneficio a la sociedad en su conjunto pero que no serían provistas por el sector privado; y, g) actuar subsidiariamente. Para poder hacer todo ello, es obvio que el gobierno requiere de recursos, mismos que les extrae a los individuos que componen la sociedad a través de los impuestos. Los individuos, por otra parte, están dispuestos a pagar impuestos para financiar al gobierno ya que sin la acción de éste, particularmente en lo que toca a la definición y protección de los derechos privados de propiedad, los costos de vivir en sociedad serían notoriamente elevados lo que impediría, para efectos prácticos, la especialización de cada quién de acuerdo a sus ventajas comparativas y el intercambio voluntario, condición necesaria para el progreso económico.

La evidencia internacional apunta a que en aquellos países en los cuales el gobierno cumple de manera relativamente eficiente el papel que le toca jugar en la economía, la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos es mayor, mientras que en aquellos países en los cuales el gobierno es ineficiente y además existe una alta incidencia de corrupción entre los funcionarios gubernamentales, los individuos que componen la sociedad muestran una menor disposición a pagar impuestos y destinan recursos reales para tratar de evadirlos.

Lo anterior viene a colación por la actuación del gobierno del Distrito Federal. Los habitantes de esta sufrida entidad federativa vivimos en una ciudad en la cual el gobierno está muy lejos de cumplir con sus obligaciones mínimas exigibles: obtener un permiso o una licencia nos enfrenta a una burocracia notoriamente corrupta; el gobierno permite la apropiación ilegal de las calles por parte de diversos grupos de vendedores callejeros; la seguridad pública es deplorable; las calles y avenidas están llenas de hoyos; el mantenimiento que se le da a las líneas y convoyes del METRO es insuficiente; el resto del transporte público es de pésima calidad y muy peligroso para los usuarios; para que los camiones recolectores de basura estén dispuestos a llevarse los desperdicios generados en los domicilios hay que pagarles; no existen, salvo en muy pocas zonas de la ciudad, botes en las calles para depositar la basura; la red de distribución de agua potable y de drenaje, además de insuficiente, tiene innumerables fracturas; y, finalmente como nota muy personal, para todos aquellos que hacemos ejercicio en la segunda sección de Chapultepec antes de que amanezca enfrentamos un enorme riesgo porque prácticamente todos los faroles de las calles están fundidos, además de que tenemos que lidiar con la enorme cantidad de jaurías de perros callejeros que viven en la zona y que representan un verdadero peligro.

La actuación del gobierno del Distrito Federal es notoriamente deficiente y sin embargo ha destinado recursos escasos que son propiedad de la sociedad, no propiedad de los gobernantes o de los burócratas, para apoyar (dizque por motivos altruistas y con muy dudosos argumentos de salud pública) dos movimientos políticos: el de López durante su plantón en el Zócalo y Reforma y el de la APPO y los “maestros” oaxaqueños en sus plantones y manifestaciones, ambos con enormes costos para la sociedad.

Desperdiciar de esa manera los recursos de la sociedad no es ético y, en consecuencia, el gobierno no puede exigir que se paguen impuestos. Quizás ya sea tiempo de que los habitantes y empresas localizadas en el Distrito Federal, como se han manifestado los empresarios de Tijuana, se declaren en una huelga impositiva de los tributos locales.