Con la colaboración de Edgar Moreno

La transparencia no sólo es un valor de la democracia sino un instrumento indispensable para su consolidación. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, es sin duda uno de los mayores logros del Estado mexicano en este sentido. Sin embargo, la cultura de la opacidad sigue reinando incluso entre las dependencias que se encuentran obligadas por la ley, nueva evidencia de la mala técnica legislativa o poco compromiso democrático de nuestros legisladores. Las instituciones que menor cumplimiento dan a la ley, son justamente aquéllas que están obligadas. Cabe mencionar que dichas instituciones no enfrentan mecanismos de sanción.

La necesidad y conveniencia de una ley de acceso a la información pública no es menor. Tal instrumento jurídico tiene una incidencia relevante en la activación de los mecanismos de rendición de cuentas. En efecto, el óptimo funcionamiento de la fórmula democrática puede observarse y definirse a través de la conexión causal entre información, rendición de cuentas social y legalidad, por un lado. Asimismo puede definirse como la conexión existente entre información, rendición de cuentas electoral y representación política.

La legalidad es la sujeción de las acciones de las autoridades estatales a una regulación pública y general basada en la prescripción constitucional. La legalidad no es sinónimo de estado de derecho sino exigencia e ingrediente del mismo. Sin duda, Garzón Valdés acierta cuando afirma que no hay “nada más peligroso para el estado de derecho que la reducción de la publicidad de las medidas gubernamentales; sea dificultando el acceso a la información, sea mediante la práctica de la sanción de medidas secretas o de conocimiento reservado a un grupo de iniciados”. Si la opacidad y el secreto alimentan la corrupción y permiten la impunidad, una ley como la que nos ocupa favorece la legalidad de los actos públicos oponiéndose a ellas.

Cuando la rendición de cuentas consigue maximizar los costos de las transgresiones de la ley por acción u omisión, también consigue el asentamiento de la legalidad en el ejercicio del poder y el fortalecimiento del estado de derecho. Una ley de acceso a la información pública es un componente de la legalidad democrática que puede reforzar la legalidad de la democracia.

El recién publicado estudio que el CIDE realizó para el IFAI sobre el cumplimiento a las obligaciones de transparencia, arroja luz sobre las limitaciones de la propia ley y la opaca voluntad de instituciones que deberían cumplirla y no lo hacen por la ausente expectativa de sanciones. Este es el punto central. La legislación tiene en sus omisiones el caldo de cultivo para la opacidad de los sujetos obligados que se encuentran fuera de la jurisdicción del IFAI.

La transparencia necesita tener instrumentos para sancionar las acciones opacas. En efecto, no es suficiente que las instituciones públicas estén obligadas a rendir cuentas, a explicar qué hacen y por qué lo hacen; también deben existir instrumentos que obliguen a que en efecto suceda. Las instituciones incumplen con la transparencia en tanto no tienen que asumir ninguna consecuencia por hacerlo.

En la cruzada por la legalidad, los medios de comunicación y las asociaciones de la sociedad civil que luchan por la libertad de prensa y defienden su derecho a saber para hacer saber, tienen un papel de vital importancia. En vista de que una ley de acceso a la información pública ayuda a publicitar el origen, curso y efectos de las acciones administrativas, legislativas y judiciales, ésta puede incentivar a medios de comunicación y asociaciones civiles a inaugurar, profundizar y/o perfeccionar el ejercicio de la rendición de cuentas: seguir y revisar rigurosamente la acción de los gobiernos, congresos y tribunales a fin de detectar, denunciar y ventilar sistemáticamente casos de corrupción, violación impune de los ordenamientos legales o negligencia asociada a la toma de decisiones que vulnere directa o indirectamente el estado de derecho, en función de los documentos oficiales sobre la operación de los poderes públicos y no de rumores, sospechas o filtraciones interesadas.

La factible simbiosis entre la ley en cuestión y los actores independientes derivaría en la transformación de los últimos en instancias de inhibición y catalización, es decir, en instancias que 1) reduzcan el atractivo de los actos ilícitos de los funcionarios, legisladores y jueces ante el temor del desprestigio y las sanciones en las que podrían derivar; y, 2) aceleren las decisiones de carácter urgente para la protección de la legalidad ante el desplazamiento forzado de la conveniencia política.

Ahora es el papel de los medios aprovechar la investigación del CIDE para denunciar la ilegalidad de estas instituciones. El momento propicio para que se demanden los instrumentos que hagan operativo el derecho a la información en estas instituciones que, no obstante su omisión, se alzan ofendidas por el señalamiento de su opacidad. Es una pena que aún no se valore la evaluación en la instrumentación de políticas públicas. Pero sólo la denuncia pública que asigne costos políticos a la opacidad ilegal podrá incrementar los alcances de la transparencia, como instrumento de rendición de cuentas, en el país. Especial crítica merecen los cuerpos parlamentarios que crearon la ley para romperla.