Se ha escrito mucho sobre la posible vinculación causal entre el crecimiento irrefrenable de la informalidad económica o la economía subterránea, como la llaman algunos, y el resurgimiento del populismo en América Latina.

Parece lógico suponer que cuando un número creciente de trabajadores carece de empleo formal y de los vínculos institucionales que suelen acompañarlo, como su membresía en sindicatos y la vinculación de éstos con partidos políticos, los informales sean más proclives a creer las promesas populistas.

La forma en que opera la informalidad significa que para protegerse de la extorsión despiadada de la que son objeto por parte de las autoridades, suelen organizarse bajo el liderazgo de dirigentes que se abrogan su representación y protección a cambio de dinero.

Esos líderes son quienes negocian con los mandos gubernamentales y en “defendiendo” a sus agremiados hacen componendas para apoyar políticamente las causas que patrocina la autoridad de quien depende la policía local que extorsiona a los informales.

Mediante este mecanismo la autoridad superior pone un techo a las exacciones que realizan los policías a cambio del soporte de los informales a sus causas, que normalmente incluyen manifestaciones callejeras, plantones y tomas de edificios.

Así, no es que los informales estén necesariamente de acuerdo con los planteamientos populistas sino, más bien, los funcionarios populistas son los que se han apoderado de su adhesión mediante la negociación realizada con sus dirigentes a cambio de protección.

Estas redes de complicidades son un negociazo en el que medran quienes manejan a los líderes y organizan mejor a las bandas de informales, en algunos casos convirtiéndoles en grupos de choque, como lo ha hecho Rene Bejarano del PRD con taxistas piratas, “panchos villas”  invasores de tierras y otros.

Desmontar estos enjambres ilícitos resulta muy complicado pues la explotación de los informales es sumamente rentable. Recuerdo que hace años se intentó tecnificar la recolección y procesamiento de basura en la ciudad de México, pero resultó imposible hacerlo por la tajante oposición a cualquier cambio por parte del gremio de pepenadores.

Una política de empleo integral como la que ha prometido emprender el Presidente Electo Felipe Calderón toca, por fuerza, todos los ámbitos de la política económica pero debe dedicar especial atención a simplificar el tránsito de la economía subterránea a la economía formal.

Ello requiere de varias políticas adicionales:

·         Eliminar la burocracia excesiva que implica que abrir cualquier negocio en México sea un proceso dilatado y muy costoso.

·         Financiar el costo de la seguridad social en el sector formal de la economía de fuentes neutrales de ingreso y no con impuestos sobre las nóminas que operan como un elevado costo adicional para la creación de empleo.

·         No otorgar prestaciones a los trabajadores informales como el propuesto seguro popular, que no estén vinculados al tránsito de su situación de empleo al sector formal de la economía.

·         Negociar con los líderes de los informales una carga tributaria para sus afiliados que represente una reducción apreciable de la carga que hoy entregan a autoridades corruptas por la protección que les venden.

·         Combatir con mayor efectividad el contrabando y la venta de productos robados que proveen con sus productos a un número elevado de informales.

·         Atacar el problema del ambulantaje en la vía pública con una combinación de incentivos y castigos que permitan liberar las calles y plazas del país.

Medidas como las anteriores y otras similares se han aplicado con éxito en diversas ciudades del país, pero para que haya un impacto a nivel nacional que permita un tránsito generalizado de la economía subterránea a la formal, se requiere de estrecha colaboración en todos los niveles de gobierno.

¿Apoyarán los populistas y los corruptos?