En los últimos Pesos y contrapesos escribí que, para calificar la actuación del gobierno en el campo de la economía, hay que plantear las siguientes preguntas. ¿Debe el gobierno reconocer y garantizar el derecho de la persona a realizar el trabajo que elija, cualquiera que éste sea, siempre y cuando no se trate de una actividad delictiva por su propia naturaleza? Y, ¿debe el gobierno reconocer y garantizar el derecho de la persona al producto íntegro de su trabajo? Dicho de otra manera: ¿debe el gobierno reconocer plenamente y garantizar jurídicamente el derecho de la persona a la libertad y a la propiedad? La respuesta, en la mayoría de los casos es afirmativa, y la mayoría de la gente opina que en México esos derechos están plenamente reconocidos y jurídicamente garantizados.

Quienes así opinan no se han dado cuenta de que el gobierno, de una u otra manera, en mayor o menor medida, termina por no reconocer ni garantizar esos derechos: si toda persona tiene derecho a realizar el trabajo que elija, así como el derecho al producto íntegro del mismo, ¿qué justifica, por  ejemplo, que se nos prohíba desde la generación hasta el abastecimiento de electricidad, o que se cobren impuestos que, en algunos casos, llegan a la tercera parte del ingreso del trabajador?

Sin embargo, la Constitución reconoce esos dos derechos. En su artículo quinto leemos que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo lícitos”; que “el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataque los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictados en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”, y que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, lectura de la cual podemos deducir que el espíritu de la ley apunta en la dirección correcta. Sin embargo, no debemos pasar por alto una palabra: lícito.

Lícito, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es, primero, lo permitido según justicia y razón, y, segundo, aquello que es de la ley, pudiendo ser esa ley (esto ya lo digo yo) la natural, anterior y superior al ser humano, o la positiva, posterior e inferior al ser humano. Desde el punto de vista de la ley natural, cualquier acción que no sea delictiva por su propia naturaleza, es decir, que no atente en contra de la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad de los demás, debe ser permitida por el Estado, sus leyes y sus gobiernos, lo cual, llevado al mundo del trabajo, supone que el poder público reconoce y garantiza el derecho de la persona a realizar el trabajo que elija, siempre y cuando no se trate de una actividad delictiva por su propia naturaleza. Pero además de la ley natural están las leyes positivas, redactadas y promulgadas por el ser humano, que no deberían ser más que la aplicación, a casos concretos, de la ley natural. Desafortunadamente no siempre lo son, razón por la cual terminan contradiciendo los preceptos de la ley natural. Buena muestra de lo anterior es este párrafo del artículo 27 constitucional: “Corresponde exclusivamente a la Nación (que para todo efecto práctico es una empresa gubernamental: CFE o CLyFC) generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica (…) En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares…”.

Según la ley natural, dado que generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad no son actividades delictivas por su propia naturaleza, deberían de estar permitidas a los particulares. Según la ley positiva, que señala que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, desde la generación hasta el abastecimiento de energía eléctrica por parte de los mismos resulta ilícito, no porque esas actividades sean delictivas por su propia naturaleza, sino porque la ley positiva así lo señala. ¿No se trata, obviamente, de un abuso?