Mayores pensiones a jubilados, más aportaciones a estados y municipios, mayores subsidios a campesinos, más fondos para universidades públicas, mayor presupuesto para fomentar el turismo, más recursos para indígenas y mujeres, más apoyos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, más presupuesto para combatir el SIDA, mayores recursos para la protección ecológica, más dinero para dar más educación básica y salud a los mexicanos, mayores recursos para el fomento a la cultura y el deporte, más recursos para atender adicciones, mayores subsidios para adquirir vivienda, mayores transferencias fiscales a paraestatales como PEMEX, IMSS, CFE, ISSSTE, Luz y Fuerza del Centro, más recursos para la ciencia y la investigación, más recursos a partidos políticos, mayor apoyo para combatir el “calentamiento global”, más y más lana del contribuyente para apoyar actividades que los políticos consideran “prioritarias” y “necesarias” para los mexicanos.

Nuevamente, da tristeza el pobre criterio técnico para asignar los recursos escasos del contribuyente. Nuevamente surgen los forcejeos para pelear por el presupuesto público. Nuevamente, los políticos y sus grupos de interés peleando por los recursos de los contribuyentes. Nuevamente, el jaloneo por la cobija presupuestal nos recuerda el monstruo gubernamental que los políticos mexicanos han creado. Nuevamente la feroz pelea por los recursos del contribuyente nos recuerda qué tan mal gasta el gobierno.

Si hiciéramos un análisis serio de la rentabilidad social del gasto público (ver si los beneficios sociales son mayores a los costos sociales para tal ó cual obra y/o servicio público), la mayor parte de los proyectos del gobierno serían rotundamente cancelados. De ahí la reticencia de muchos grupos de interés por no querer ser evaluados con metodologías científicas de la economía (análisis costo-beneficio, costo efectividad, programación lineal, métodos econométricos) en las tareas de gasto que realizan con las aportaciones del erario.

Analicemos un caso amigo lector, para que vea la irracionalidad con que operan los políticos y algunos periodistas que los secundan.

La semana pasada, el rector de la UNAM se salió con la suya (evitó que se le redujera el presupuesto), y en muchos medios se tomó esto como un triunfo de la política por encima de la tecnocracia “fría e insensible” a los problemas educativos de México. Un poco de análisis racional nos convencerá de que la medida de reducir el presupuesto a las universidades públicas (en particular a la privilegiada UNAM) era correcta.

La desigualdad educativa se ha incrementado en los últimos años. Mientras que la población de menores recursos (aquella que se encuentra en el último decil de ingresos), revela un promedio escolar de 5.5 años cursados (ni siquiera alcanzan los 6 de la primaria), la población de más altos ingresos (la que está situada en el decil más alto) posee un promedio educativo de 13.3 años cursados. ¿Por qué decimos que la brecha educativa entre ricos y pobres ha crecido? Hace 20 años, la población pobre tenía un promedio de 2.9 años cursados, mientras la población rica poseía un promedio educativo de 9 años. Esto significa que de haber una brecha de 6 años hace dos décadas, hoy el diferencial se ha ampliado a casi 8 años. Ahí está el detalle amigo lector. Estas cifras nos demuestran por qué el gasto público destinado a educación se ha ido principalmente a los niveles medio y superior, lo que claramente beneficia a los más ricos. La enorme mayoría de nuestra población no estudiará en una universidad pública ó privada. La propuesta del equipo económico del Presidente Calderón era correcta. Reducir el presupuesto a educación superior y aumentarlo a la educación básica iría en favor de la equidad.

También hay que dejar claro que no basta con destinar gasto público creciente para mejorar nuestro nivel educativo. En los últimos años el gasto público creciente destinado a la educación básica ha ido a parar no a mejorar los métodos de enseñanza y/o a mayor capacitación pedagógica de los maestros ó a mejorar la infraestructura de las primarias y secundarias. No, la mayor parte del gasto público destinado a educación básica ha ido a parar a las arcas de los líderes sindicales. Los resultados: líderes sindicales con propiedades en Miami, maestros mal preparados (y metidos en la grilla) que no desquitan el sueldo y alumnos que en los exámenes internacionales de educación básica salen evaluados en el penúltimo lugar. No, definitivamente no, mayor gasto público no es para nada sinónimo de eficiencia.

Lástima del inútil diputado presidente de la Comisión de presupuesto que echó todo a perder. El argumento de la equidad y la insistencia en que la UNAM le cobre colegiatura a los más ricos (el 20% de la población de esa casa de estudios pertenece a familias situadas en el decil más alto -¡estamos hablando de cerca de 60 mil estudiantes!-), así como que someta todos sus proyectos académicos y administrativos a un análisis serio de costo-beneficio, habrían sido argumentos más que suficientes para un debate serio que cuestionara los privilegios fiscales que goza la UNAM (¡presupuestos anuales de más de 1,500 millones de dólares!) y no en la chuscada lastimosa en lo que todo esto que terminó, el inútil diputadete ofreciendo disculpas (casi besándole la mano) a Juan Ramón de la Fuente. Eso, eso sí es poder fáctico. (Ver los excelentes artículos de Juan Pablo Roiz al respecto: “El llanto de la UNAM por el dinero” y, especialmente, el de hoy “Los sueldos en la UNAM: Toda una definición” sobre todo para comprender, mejor que mil discursos, cómo valora la UNAM el estudio y la investigación.)

Los jaloneos recientes presupuestales nos dan cuenta de qué tan urgente es realizar la reforma fiscal. Nadie, nadie quiere perder sus privilegios fiscales. Es necesario, asimismo, insistir en que NO es el gasto público el que resolverá todos nuestros problemas. Al contrario, la exigencia de mayor gasto público, omitiendo las bases sobre las que se financiará dicho gasto, nos puede meter en serios problemas. En la economía alguien tiene que pagar lo que otro gasta, y esa persona es casi siempre el contribuyente. Nada es gratis en la economía. Si el gobierno le da lana a un sector es por que ya le quitó a otro. Si el gobierno se endeuda porque gasta más, significará que en el futuro tendrá que haber más impuestos para pagar los excesos de la erogación (alguien tiene que pagar) ó que se verán deteriorados determinados servicios públicos esenciales como seguridad pública e impartición de justicia por otorgar recursos fiscales a sectores privilegiados como lo son los grupos de interés.

Aparentemente, el presupuesto cumplirá con la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria (LFRH); el balance será de cero. Sin embargo, la triste realidad de no haber logrado un superávit presupuestal hará que en realidad nuestro déficit fiscal aumente. ¿Si el presupuesto estará equilibrado, a qué no referimos? A todos los rubros que no entran en la LFRH como lo es la deuda contingente.

Si agregamos los requerimientos financieros del sector público (RFSP) que incluye conceptos no tomados en cuenta en el balance fiscal tradicional como lo son los recursos de infraestructura en el sector energético (PIDIREGAS), los pagos de deuda del IPAB, el rescate carretero, los requerimientos de la banca de desarrollo y los fondos de fomento, vemos que el déficit fiscal real aumentara en un 100%, pasando de 0.8 del PIB a 1.6% (estos son datos contenidos en el paquete presupuestal del mismo gobierno). ¿Por qué? Primero, porque nadie quiere ceder en términos de austeridad (no bastó la pequeña señal de austeridad de la actual administración), segundo, porque tenemos un gobierno grandote que lo mismo tiene que invertir en educación y seguridad que en producir electricidad, petróleo, gas, gasolina, fomentar el turismo (haciéndole “gratis” la chamba a los hoteleros), ofrecer servicios médicos, sostener las dietas caras de los ineficientes diputados (por cierto, que vergüenza, PRI, PRD y PT se oponen ferozmente a que les reduzcan su presupuesto, vaya con estos falsos paladines de la austeridad, vividores es lo que son), financiar a las mafias incrustadas en los distintos partidos políticos, otorgar subsidios vía la onerosa banca de desarrollo, fomentar la cultura (haciéndole el favor a los intelectuales ricos de izquierda) y el deporte, etc., etc.. La triste realidad es que tenemos un gobierno obeso y oneroso produciendo bienes que el sector privado podría perfectamente ofrecer con mayor eficiencia y eficacia. De nada sirve cumplir con la LFRH si en realidad estamos aumentando la vulnerabilidad fiscal del gobierno.

Recuerde siempre amigo lector, gobierno gastalón, pueblo pobre. Es urgente avanzar en la cultura de evaluación del gasto público. Es urgente una reforma fiscal que limite el funcionamiento del gobierno a sus tareas esenciales y que acabe de una vez por todas con todos los privilegiados grupos de interés que año con año se pelean por una tajada de los recursos de las personas productivas: los contribuyentes.