Milton Friedman era un liberal clásico, no un anarquista opuesto a toda acción gubernamental. Pensaba que un gobierno responsable tenía cruciales funciones a su cargo, empezando por asegurar el estado de derecho y la paz social y definir apropiadamente el ámbito de la propiedad privada.

Un gobierno competente debería también ofrecer el marco jurídico y político para que la sociedad pudiera modificar los derechos de propiedad y otras reglas del escenario económico, mediar en las disputas sobre la interpretación individual de estas reglas y asegurar el cumplimiento de los contratos.

Asimismo, tiene entre sus obligaciones promover la competencia y combatir los monopolios, asegurar la estabilidad monetaria, intervenir para impedir las externalidades indeseables y peligrosas –como emisiones contaminantes- y ayudar a los desvalidos a superar su condición de pobreza.

Entre las funciones que Friedman consideraba que el gobierno no debiera interferir, destacan la fijación de precios tope, salarios mínimos, congelación de rentas, tarifas y cuotas a las importaciones y prohibiciones a las exportaciones, precios de garantía a los productos agrícolas y topes a las tasas de interés.

Su listado de lo que no debiera hacer un gobierno es más amplio que el anterior, y en todos los casos se sustenta en las consecuencias negativas de tal interferencia gubernamental, que típicamente no son consideradas por los burócratas al proponer su adopción.

Friedman parte de la base que el gobierno ya hizo lo que sí destaca entre sus obligaciones fundamentales, que es asegurar condiciones de competencia apropiadas que impidan la existencia de monopolios y la colusión de unos pocos productores.

El caso reciente de las tortillas en México ofrece un buen ejemplo de las omisiones del gobierno para cumplir con su cometido, y cómo tuvo que compensar su negligencia interviniendo con medidas que no necesariamente van a cumplir el propósito de evitar abusos y proteger a los consumidores.

Es claro que la estructura del mercado del maíz dista mucho de ser competitiva en México pues prevalecen todo tipo de interferencias públicas –cuotas y aranceles a la importación, prohibición a la exportación- y un productor dominante en el mercado.

Sin embargo, no me queda claro qué tanto del aumento reciente en el precio se deba a la estructura distorsionada y poco competitiva del mercado del maíz, y qué tanto al aumento de su precio internacional, secuela directa e indirecta de la creciente integración de China e India a los mercados internacionales, como lo señalé en mi Aquelarre Económico del 15 de enero.

Lo que sí entiendo perfectamente es la motivación del gobierno de Felipe Calderón de “hacer algo” para enfrentar la carestía de un ingrediente tan fundamental en la dieta de los mexicanos como son las tortillas, ante los ataques irresponsables de los demagogos económicos que pululan en México.

Ya habrá ocasión de hacer un análisis cuidadoso de sus dislates en espacio por separado, pero lo importante de las políticas emprendidas por el gobierno en cuanto al maíz, es que las autoridades no pierdan de vista los objetivos de mediano plazo que hay que fijarse en esta materia.

Claramente, éstos deben asegurar un mercado competitivo en este grano, que es la mejor forma de garantizar el abasto suficiente a precio razonable, lo que incluye apoyar sin restricciones el compromiso de abrir el mercado a las importaciones de Estados Unidos y Canadá el año próximo.

Como lo señalaría Friedman, es obvio que el elevado precio del maíz en el mercado internacional que se debe a su acrecentada demanda para producir etanol, empezará a disminuir en la medida que los agricultores del mundo reaccionen a ese incentivo y siembren mucho más maíz.

Mientras tanto, hay que evitar crear nuevas distorsiones que luego resulte difícil abolir.