MARTES, 6 DE FEBRERO DE 2007
Los errores de la Constitución: Botón de muestra

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“Otro ejemplo, de los muchos, de los errores que, desde el punto de vista de la ciencia económica, adolece la Constitución.”


Ayer se cumplió un aniversario más de la Constitución de 1917 (y también de la de 1857, mejor, en mucho sentidos, sobre todo en materia de economía, que la vigente), cuyo capítulo económico, artículos 25 al 28, fundamentalmente, adolece de contradicciones, desde el punto de vista de la lógica, y de errores, desde la perspectiva de la ciencia económica. Pongo un ejemplo de esto último.

 

En su momento critiqué el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla, que supone, desde el control de precios a favor del consumidor, hasta el otorgamiento de subsidios en beneficio del productor. Afirmé que quien acuerda o impone un control de precios no sabe, uno, qué es un precio; dos, qué tareas debe desempeñar el precio y, tres, qué se requiere para que las desempeñe de manera correcta. Apunté que la manipulación de precios genera más problemas de los que se pretenden solucionar, ocasionando escasez y, por ello, presiones alcistas sobre el precio, que es, ni más ni menos, lo que se pretende evitar.

 

En su momento critiqué el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla, señalando que el mismo ignora conocimientos básicos de la ciencia económica, mismos que, supongo yo, debe tener, entre otros, el secretario de Economía, involucrado en el mentado acuerdo. Entonces, ¿por qué se firmó y puso en marcha?

 

Hasta donde estoy enterado, ninguno de quienes defienden el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla ha recurrido al párrafo tercero, del artículo 28 de la Constitución, para justificarlo. En ese texto leemos que “las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias y productos que se consideren necesarios para la economía nacional y el consumo popular”, siendo que la tortilla es considerada (independientemente de que lo sea o no: en los últimos diez años su consumo se redujo 20 por ciento), necesaria para el consumo popular.

 

El texto constitucional no deja lugar a dudas: “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias y productos que se consideren necesarios para la economía nacional y el consumo popular”, algo que en la práctica es la excepción, no la regla, lo cual viola la Constitución, por una razón muy sencilla: ¿cuáles son los productos necesarios para el consumo popular? Todos los que se ofrecen en los mercados o, puntualizando, las 313 mercancías que toma en cuenta el Banco de México para la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor o, por lo menos, los 79 bienes y servicios que integran la canasta básica, buena parte de los cuales no tienen impuesto un precio máximo.

 

¿Quiere decir lo anterior que, por lo menos esas 79 mercancías que integran la canasta básica, deberían tener un precio máximo, impuesto por algún burócrata o junta de notables? No, ¡Dios nos libre! Lo anterior quiere decir que el mentado párrafo constitucional impone la obligación del control de precios, lo cual muestra que, quienes lo redactaron, no tienen la más remota idea de lo que es un precio, de las tareas que debe desempeñar, y de qué se requiere para que las desempeñe adecuadamente, lo cual es grave.

 

¿Qué tenemos? Un ejemplo, de los muchos, de los errores que, desde el punto de vista de la ciencia económica, adolece la Constitución, que ayer cumplió un año más.

• Tortilla • Constitución

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