Continuamente se escuchan opiniones de que las comisiones que cobran los bancos comerciales a sus clientes por los diferentes servicios que ofrecen son extremadamente elevadas y que hay que hacer algo para reducirlas. Al respecto, en el Senado de la República se plantea una iniciativa para imponer, exógenamente, un control sobre dichas comisiones, lo que efectivamente sería un control de precios que, como atinadamente apuntó ayer Bruno Donatello, no funcionan. El problema de las altas comisiones no puede analizarse como un fenómeno aislado; se trata de un problema de equilibrio general determinado en gran medida por el entorno institucional en el cual operan los bancos y, consecuentemente, regular mediante un control de precios las comisiones introduciría una distorsión adicional en la operación del sistema bancario.

Un control de precios se justifica sí y solo si existen prácticas monopólicas por parte de los oferentes. En este caso, imponer un precio máximo tiene como objetivo forzar a las empresas que incurren en prácticas monopólicas a operar como si estuviesen en un mercado competitivo. Respecto de las comisiones bancarias, antes de imponer un control exógeno sobre éstas, es necesario primero probar que los bancos están efectivamente incurriendo en prácticas anticompetitivas. La pura opinión del “yo creo” es insuficiente y actuar con ese puro argumento resulta peligroso. Por lo mismo es imperativo que la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como el Banco de México profundicen en el análisis sobre las prácticas en las que incurren los bancos y sólo si se demuestran la existencia de prácticas anticompetitivas podrá justificarse dicho control.

Pero también es necesario analizar cual es el entorno institucional en el que operan los bancos y que hace que, efectivamente, el costo de intermediar recursos financieros en México a través de las instituciones bancarias sea notoriamente elevado. Al respecto hay dos puntos que destacan. Uno es el costo regulatorio para los bancos en tres vertientes. Primero, es el costo relativamente elevado de constituir un banco. Una segunda es el costo regulatorio de la instrumentación y control del Acuerdo de Basilea II sobre la medición de riesgos, de capitalización y de constitución de reservas preventivas. Una tercera es el costo derivado de cubrir las cuotas del IPAB en un esquema que efectivamente no diferencia a cada banco por la calidad de la cartera y por el riesgo de sus activos. Naturalmente, si el objetivo es profundizar la intermediación bancaria en el país y que los bancos no dependan para sus ingresos de las comisiones que están cobrando, sino del margen financiero, es indispensable hacer una revisión profunda de los diferentes aspectos regulatorios a los que se les sujetan, sin que ello implique tener una regulación laxa que genere problemas de riesgo moral en el sistema bancario que pudiesen traducirse en una crisis sistémica.

Un segundo elemento institucional que impacta negativamente a los bancos está relacionado con la operación del poder judicial, particularmente el de las entidades federativas. A pesar de que toda la legislación financiera y mercantil es de carácter federal, cuando se trata de un litigio entre particulares, por ejemplo, la violación de un contrato entre un deudor y un banco que otorgó el financiamiento, salvo algunas excepciones, éstos se dirimen ante los juzgados estatales del orden común, tal como lo prevé el artículo 104 de la Constitución. El problema radica en que estos juzgados tienden a ser ineficientes y, en muchas ocasiones, plagados de corrupción por lo que no existe garantía de que los derechos de propiedad de los bancos estén garantizados o de que podrán recuperar el crédito otorgado rápidamente. Esto naturalmente incrementa los costos de operación para los bancos, más aun cuando en el país está arraigada la cultura del “no pago”. Solucionar el problema judicial es imperativo para que se incremente de manera significativa, y a menor costo, la intermediación bancaria en el país y que represente para los bancos un mayor ingreso por intereses y una menor dependencia en la comisiones.

Atacar el problema de las altas comisiones con controles exógenos sin tomar en consideración estos otros elementos redundaría seguramente en un servicio bancario más caro y más ineficiente.