El homicidio de siete personas -cinco policías y dos secretarias- en dos comandancias policiales en Acapulco este pasado 6 de febrero confirmó que la idea de que las bandas de narcotraficantes se quedarían simplemente cruzadas de brazos ante los operativos del gobierno federal no tenía ningún sentido.

Los ataques del 6 de febrero no fueron, como en otras ocasiones, ejecuciones dirigidas en contra de policías concretos. No, en esta ocasión los sicarios simplemente eligieron dos comandancias, entraron en ellas y dispararon al hacerlo en contra de quienes ahí se encontraban. Por eso no sólo resultaron muertos los policías sino también las dos secretarias.

Inquietante resulta el hecho, por otra parte, de que los sicarios se vistieron de militares para la operación y pretendieron que estaban realizando una revisión de la comandancia, como han hecho los militares y la Policía Federal Preventiva en ocasiones anteriores. Esta acción fue diseñada no sólo para facilitar el acceso a las instalaciones policiales sino para infundir un mal ánimo entre el ejército y la PFP, que están llevando a cabo los operativos federales, y las policías locales que deben colaborar con ellos.

Las matanzas de Acapulco son claramente un mensaje de las bandas de narcotraficantes. Esto se confirma por el hallazgo de un cartel en una camioneta usada para los ataques que decía: “A nosotros nos vale madre el gobierno federal y esto es prueba de ello.” El propósito era decir a los policías que pueden ser privados de la vida en cualquier momento. Ni siquiera en sus comandancias están a salvo. Enfrentarse al narco puede ser una sentencia de muerte y nadie, especialmente el Estado mexicano, tiene la capacidad de evitarla.

Podría pensarse que el gobierno del presidente Calderón ha generado esta reacción violenta al golpear el avispero. Pero la verdad es que ningún gobierno del mundo puede darse el lujo de no hacer nada cuando las bandas de criminales hacen lo que quieren en el territorio nacional. No olvidemos que antes de estos operativos las ejecuciones ya se habían vuelto comunes en muchos estados del país, entre ellos Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y, por supuesto, Guerrero. El problema no surgió en el sexenio de Calderón.

Es difícil saber si los operativos van a funcionar. Después de un primer descenso en las ejecuciones en Michoacán, la violencia ha resurgido en ese estado y en otros lugares del país. Y a pesar de que en el presupuesto federal de este 2007 han aumentado de manera considerable los fondos dedicados al combate al crimen, no habrá nunca recursos suficientes para enfrentar a las bandas de narcotraficantes. Los ingresos de éstas son infinitamente superiores.

La guerra contra el narco, por otra parte, ya no es un simple esfuerzo para impedir que llegue la droga a los Estados Unidos. Buena parte de la violencia que hemos visto es producto de batallas por controlar territorios de distribución de droga a nivel nacional. En este sentido, el resultado de la guerra nos afecta directamente a nosotros y a nuestros hijos.