Washington (AIPE)- La izquierda está tan convencida que George W. Bush es el presidente más conservador de la historia de Estados Unidos que no detectan sus violaciones de la ortodoxia conservadora, bien documentadas en el nuevo libro de Michael Tanner, “Leviathan on the Right”. Una ha sido su enfoque sobre las regulaciones. Contrario a lo que mucha gente cree, Bush es uno de los presidentes que más regulaciones nos ha impuesto, mucho más que el demócrata Bill Clinton, quien de muchas maneras fue mejor amigo del libre mercado.

Bush comenzó bien. Encargó a John D. Graham de las regulaciones en la Oficina de Administración y Presupuesto y a Tim Muris de la Comisión Federal del Comercio. Ambos respaldaban el libre comercio y comprenden la importancia de analizar el costo/beneficio de políticas reguladoras. Bush también rechazó el Tratado de Kyoto sobre calentamiento global y bloqueó las regulaciones de última hora del gobierno de Clinton.

Lamentablemente, la Casa Blanca posteriormente permitió sigilosamente la instrumentación de todas esas mismas regulaciones. Según Susan Dudley, economista de la Universidad George Mason, “parece que la política venció sobre los principios”.

En 2002, al año de estar en el poder, ya se notaba la tendencia a transigir. Un informe gubernamental apoyó la idea de que la actividad humana era la causa principal del calentamiento global y se anunció una mayor agresividad en la imposición de regulaciones. Graham declaró que “no hay alergia a las regulaciones”, las cuales justificó por “los conocidos límites del capitalismo”.

Cuando explotó el escándalo de la empresa Enron, Bush le dio la espalda a los fundamentos del libre mercado, apoyando el mayor aumento de regulaciones en décadas con la ley Sarbanes-Oxley. Si esa ley hubiera existido antes, no se hubiera evitado lo sucedido en Enron, pero fue rápidamente promulgada para dar la impresión que se estaban tomando las medidas necesarias.

Los expertos en mercados de valores predijeron que la ley Sarbanes-Oxley no lograría nada más que imponer un inmenso costo en papeleo y tramitaciones a las empresas cuyas acciones se cotizan en la bolsa, sin proteger en nada a los inversionistas. Predijeron que muchas empresas se retirarían de la bolsa o en lugar de buscar financiamiento en Nueva York lo harían en Londres y en otros lugares. Eso ha estado sucediendo y hasta el senador demócrata de Nueva York Charles Schumer dice ahora que hay que reformar la ley para reducir el alto costo de cumplir con sus disposiciones.

Para el año 2003, la Oficina de Administración y Presupuesto ya estaba debilitando los requisitos sobre evidencias de fallas del mercado antes de imponer nuevas regulaciones. En un artículo publicado en la revista Regulation del Cato Institute, Susan Dudley se quejó de que la nueva política es “inconsistente con la filosofía del gobierno en apoyo del mercado y el gobierno limitado”.

Según un informe en 2004 de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, la carga de las regulaciones gubernamentales sobre la economía alcanzó 1.100.000.000.000 dólares ($1,1 trillones en inglés o $1,1 billones en español), o sea $10.172 por cada familia de este país. Según el Competitive Enterprise Institute, la arremetida reguladora continúa en 2006, con muchas nuevas regulaciones bajo consideración.

Los temores sobre calentamiento global pueden disparar la misma histeria en el Congreso que produjo la ley Sabarnes-Oxley, razón por la cual es urgente reexaminar la política reguladora del gobierno. Tenemos que asegurarnos que el poder controlador se utilice solamente como último recurso y que las regulaciones estén bien diseñadas para que sean eficientes, imponiendo la menor carga económica posible para alcanzar sus propósitos. Lo ideal sería que las regulaciones sean abolidas cuando dejan de ser necesarias y que sean reemplazadas por otras nuevas que sí se necesitan.

Recientemente, Bush sí está haciendo algo: nominó a Susan Dudley para encargarse de las regulaciones en la Oficina de Administración y Presupuesto; también instrumentó un mecanismo que mejorará la supervisión de las regulaciones. Un elemento clave es que se instrumentarán nuevas regulaciones solamente después de comprobarse fallas del mercado.

Aunque los demócratas ya se están quejando, deben recordar que Jimmy Carter eliminó regulaciones a las líneas aéreas y al transporte de carga terrestre, ahorrándo miles de millones de dólares anuales a los consumidores. Al próximo presidente demócrata le ayudarían estas nuevas reglas.

___* Economista y columnista.

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