Desde que asumió la presidencia, Calderón ha estado tratando de “vender” a México como un destino seguro para la inversión extranjera. Su principal argumento es que a diferencia de otros países, particularmente aquellos en la esfera chavista, en México no habrá expropiaciones de la inversión privada. Aunque es cierto que uno de los elementos que los inversionistas toman en consideración cuando deciden en dónde invertir es la seguridad sobre sus derechos de propiedad, este argumento no es suficiente para atraer a mayores flujos de inversión extranjera, más aun cuando hay otras formas que atentan en contra de los derechos de propiedad sin que se ataque como tal el derecho de posesión a través de las expropiaciones. Y es en estos ámbitos que sí atentan en contra de estos derechos en donde el gobierno no ha hecho nada al respecto. Resaltan tres fenómenos que son necesarios resolver para poder decir, con efectividad, que en México los derechos de propiedad están eficientemente protegidos.

El primero es la enorme incidencia de corrupción gubernamental. La inmensa cantidad de trámites que las empresas tienen que realizar y permisos que tienen que obtener en los tres niveles de gobierno deriva en que los burócratas pueden actuar como agentes que maximizan rentas chantajeando a las empresas, lo que les permite apropiarse de una parte de su flujo de utilidades. Esto, el que las empresas tengan que transferir una parte de sus ingresos a los burócratas corruptos es efectivamente un acto expropiatorio, un atentado en contra de los derechos privados de propiedad. Y al respecto, ni el gobierno federal y menos aun los gobiernos estatales y municipales han hecho lo necesario para reducir significativamente la incidencia de corrupción quitándole a los burócratas esa facilidad para incurrir en actos de corrupción. Mayor corrupción se traduce en menores flujos de inversión, aunque no haya un riesgo de que los bienes de capital sean expropiados.

El segundo es la notoria incertidumbre de que el poder judicial, particularmente los jueces y tribunales estatales garanticen el cumplimiento de contratos, sobretodo por la alta incidencia de corrupción que se presenta en esta rama del gobierno. Si no hay la garantía de independencia e imparcialidad del poder judicial, se inhiben los flujos de inversión, nacional y extranjera. Y al respecto, nada se ha hecho para dar una mayor garantía de imparcialidad judicial.

El tercero es la inseguridad pública. El gobierno efectivamente ha abdicado de su principal función que es garantizar la seguridad de los individuos, de forma tal que los actos criminales tales como el asalto y el robo se cometen con una notoria impunidad. Esto ha obligado a muchas empresas a destinar parte de sus ingresos a proveerse de servicios privados de seguridad lo que, en efecto, deriva en menores utilidades y menores flujos de inversión. Robos y asaltos cometidos con impunidad, son, para efectos prácticos, actos expropiatorios de la riqueza privada a favor de otro particular. Nada se ha hecho al respecto.

Que Calderón prometa que su gobierno no expropiará a los agentes privados no es suficiente para poder decir que en México la inversión extranjera está segura.