Asunción (AIPE)- Si algo caracteriza a Latinoamérica en el siglo XXI es el descaro en temas políticos. Perplejos vemos que llaman “democráticos” a ciertos gobiernos por el simple hecho de que han surgido o se mantienen en el poder mediante el voto popular. No importa si han eliminado hasta la “apariencia” de una separación de poderes e independencia del Poder Judicial y acosan a la prensa. De ese modo, la vida, los bienes y hasta la buena suerte de las personas dependen de la desconocida y arbitraria voluntad de los “mandamás” de turno, por lo que, propiamente hablando, son dictaduras.

En el tema de los derechos humanos es donde el problema se nota con mayor claridad. La mayoría de estos gobiernos han ganado elecciones mediante una retórica “humanista” y por ello indigna cuando se autoerigen como los grandes “justicieros”, mientras violan sistemáticamente los derechos civiles.

El fundamento de los derechos humanos es el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada individuo. Pero esa noción no surgió del seno del Estado. Por el contrario, para llegar a reconocerlo fue necesario un largo proceso que se remonta a los albores de la religión judía, pasando por el pensamiento  estoico y el cristianismo hasta llegar a su máxima expresión en el período conocido como “La Ilustración” (1620-1750).

Es entonces, precisamente, cuando se formulan los principios que constituyen las raíces de los derechos individuales. En esa época, las dos preocupaciones recurrentes fueron definir el rol del gobierno y los límites del poder porque evidentemente que el único capaz de violar los derechos humanos es el régimen. Si lo hace un particular estamos sencillamente hablamos de un delito. O sea que la mayor amenaza proviene del  Estado porque sólo él  puede asegurar su propia impunidad.

Por lo tanto, mantener que el gobierno se va a ocupar de todo lo concerniente a los “derechos humanos” es una contradicción de términos, implica una peligrosa confusión conceptual y significa la existencia de un  riesgo latente.

Esto es lo que está sucediendo actualmente en el Uruguay y en varias otras naciones del hemisferio. El gobierno izquierdista del Uruguay se ha arrogado la potestad de decidir qué se debe incluir en los “derechos humanos” y lo que no. Por ejemplo, considera que si unos sindicalistas ocupan una empresa   privada por tiempo indeterminado no están violando ningún derecho de propiedad, sino simplemente ejerciendo su derecho a ocupar, aunque impidan que otros trabajadores ganen honradamente su jornal o que se le impida al propietario hacer  “libre uso y goce” de sus bienes.

Según el primer índice internacional de derechos de propiedad, publicado a principios de marzo por Property Rights Alliance y el Hernando de Soto Fellowship Program, Uruguay aparece con un nivel medio en  asuntos legales entre 70 naciones, pero aquí, con respecto a la propiedad tanto física como intelectual, el panorama parece empeorar bajo la nueva doctrina gubernamental.

Este gobierno creó una Dirección de Derechos Humanos que forma parte del Ministerio de Educación y decide todo lo concerniente al tema, incluyendo lo que aprenderán los estudiantes en escuelas tanto públicas como privadas.

Recientemente, un conocido político opositor usó la expresión popular “merienda de negros” y los jerarcas de inmediato lo amenazaron con una denuncia penal por “racista”.  Y parece que una dirección no les satisface, por lo que están hablando de “la necesidad de un Ministerio de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, al que se debe integrar el Ministerio Publico”.

James Madison pensaba que un sistema de tribunales independientes sería “un baluarte impenetrable” de libertad. Y la historia nos ha enseñado que lo realmente requerido por los ciudadanos es un Poder Judicial independiente y eficiente, que nos proteja de los atropellos del Gobierno.

___* Analista paraguaya.

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